10/2014), cabe aclarar algunos aspectos.
Las municipalidades efectivamente tienen la obligación de regular actividades peligrosas
para los habitantes. Sin embargo, se ha dicho que los cultivos genéticamente modificados
(OGM), al no necesitar tantos agroquímicos, ahorran dinero, benefician el medio ambiente
y aumentan el rendimiento. No obstante, investigaciones demuestran que dañan naturaleza,
salud y agricultura. En los cultivos transgénicos, se presenta aumento de herbicidas, bajo
rendimiento y poca ganancia, según un estudio norteamericano (Gurian Sherman, 2009).
En Argentina, el glifosato enfermó a la gente, dañó mantos acuíferos y suelos, y
generó pérdida de biodiversidad. En Polonia, han prohibido la siembra de maíz con Bt
incorporado, por extinguir abejas y otros polinizadores (Polish Journal Environmental
Studies, 2008, Vol. 17).También, en Alemania los OGM han transferido bacterias y
levaduras a las abejas (Katz, Hans-Heinrich, 2000).
El interés económico no puede superar al ser humano y el ambiente; de otra parte, no
tiene sentido comparar, en legislación, cultivos de piña con transgénicos, como lo hizo
el Lic. Cabrera. La degradación generada por la siembra de piña no es comparable con la
liberación de OGM en el campo; la piña contamina el agua y los suelos por agroquímicos.
Los desechos generan plagas como la de la mosca Stomosys calcitrans, que afecta a la
actividad ganadera. Este cultivo podría manejarse de forma más sostenible.
Hay asuntos más importantes, no solo el tecnicismo de la ley, en el caso del maíz
transgénico; su polinización contaminará variedades ya existentes. Este no es un tema de
daño al ambiente por agroquímicos, como el de la piña; es una contaminación genética,
causada por un organismo alterado y no se tiene control sobre él. Liberado al ambiente,
hombre, animales, viento e insectos reparten el polen y es difícil impedir el cruce.
También está la propiedad intelectual y las patentes; si hay características del maíz
transgénico en parcelas aledañas, la compañía podría demandar al agricultor y cobrarle.
Este guarda las mejores semillas; si son transgénicas, no puede hacerlo, pues no son
viables. Hay monopolio sobre ellas, lo que repercute en una frágil seguridad alimentaria.
Las intenciones no son buenas: hay contaminación, pérdida de biodiversidad, comida poco
sana y degradación social.
La Ley de Biodiversidad es correcta y las municipalidades deben aplicar la moratoria
en estos casos, por estudios del impacto de los OGM sobre la salud y el ambiente.
Las compañías que los venden y promueven tienen que aportar la prueba de no ser
perjudiciales.
Aunque haya moratoria y no prohibición, el 90% de los cantones están ya libres de
transgénicos. Si una acción humana pone en peligro ambiente, salud y un tejido social
importante como el agrícola, debe regularse por el bien común.
Científicos de 82 países firmaron una petición para prohibir los OGM y evitar su liberación
en suelo, aire y agua: “Ellos impiden el cambio hacia una agricultura sostenible que
garantice la seguridad alimentaria y la salud (Gubin, 2014)”.
Según el Programa de Alimentos de la ONU, la cantidad de alimentos per cápita ha
aumentado en un 25%; sin embargo, mil millones pasan hambre. Un informe de la FAO
(2014) dice que hay alimento para satisfacer la demanda global, sin tomar en cuenta la
mejora que pudieran dar los OGM, hasta el 2030.
La Asociación Médica Británica (mayo, 1999) pidió moratoria indefinida al uso de OGM
esperando más investigaciones sobre alergias, resistencia a antibióticos y efectos del ADN
transgénico. Semillas, células madre y genes son descubrimientos; al no ser inventos, no
son patentables. Las técnicas actuales son incontrolables, impredecibles y no confiables.
La tecnología avanza más rápido que su normativa y hoy se tienen nuevos retos en materia
jurídica con respecto a OGM, ambiente y salud. Lo más recomendable es la prudencia.
