“El artículo 78 de la Constitución Política dispone: “La Educación General Básica es obligatoria, ésta, la preescolar y la educación diversificada son gratuitas y costeadas por la Nación (…)” Esta prescripción constitucional garantiza la gratuidad de enseñanza de los ciclos primaria y parcialmente la secundaria… La gratuidad implica el derecho de acceder a la educación, el cual nunca ha estado en entredicho, y en tanto la colaboración con la compra de tiquetes para la rifa y el bingo, así como la cuota para materiales sea voluntaria y no imposibilite el derecho a la continuación de los estudios, en nada ocasiona una violación al derecho constitucional que en la especie se alega violentado”
En la actualidad, dentro del presupuesto a la educación se destinan más de ¢7000 millones en el aporte del Estado, a escuelas y colegios “privados”, llamado Subvención Educativa.
Debo de decir que no me parece mal que el Estado invierta en educación; al contrario, creo que es nuestra arma de defensa en este mundo globalizado y de oportunidades. Lo que nunca voy a estar de acuerdo es que se le pague el servicio a educadores que laboran en estas instituciones, que en la realidad no son para nada públicos, son privados y muy lucrativos. Desde el primer momento en que exista un enriquecimiento de instituciones para las arcas de ellas mismas, ya no podemos hablar de institución careciente o con necesidad, como pasa en muchos casos en estas escuelas y colegios subvencionados.
Los bienes del Estado, así como su presupuesto, deben de ir dirigidos a mejorar la calidad de la educación pública, entiéndase: programas de estudio, calidad de educadores e instalaciones idóneas; en la actualidad esta no es la realidad de las escuelas y colegios públicos, donde las necesidades son tácitas y urgentes. Para verlo nada más se debe de ir a un colegio totalmente público y a otro subvencionado, para ver la gran diferencia. Estoy a favor de que estas subvenciones existan, pero que sean destinadas para aquellos casos que realmente se justifiquen, donde el aporte a la comunidad sea real, ya que tal práctica anómala, es otro golpe a la clase media y baja.
40 años después de creada la Ley de Colegios Subvencionados y con más 56 centros educativos beneficiados, la nueva Asamblea Legislativa 2014 debe de investigar este tipo de ayuda y establecer quiénes de verdad deben de recibirla y quiénes no, y establecer sanciones como quitar este beneficio a los centros que lucran y se hacen millonarios gracias a los fondos públicos, así como abrir un proceso administrativo y judicial para el reembolso de los fondos públicos.
Ningún recurso público debe favorecer a corporaciones o empresas de carácter privado, más allá de los beneficios que como miembros de la población puedan y deban recibir del Estado.
