Subvención lucrativa enriquecedora

“El artículo 78 de la Constitución Política dispone: “La Educación General Básica es obligatoria, ésta, la preescolar y la educación diversificada son gratuitas y

Son más de 10.300 los centros educativos en todo el territorio nacional; estas instituciones carecen de un presupuesto real para mantenerse a flote en los principales gastos; el 7% del PIB lamentablemente queda corto en la obligaciones, como luz, agua, teléfono y mantenimiento de las instalaciones educativas que con el paso del tiempo se van deteriorando, y algunas llegan a su vida útil, pero por la necesidad siguen siendo utilizadas. Las inclemencias del tiempo, así como los desastres naturales, son algunos de los factores que inciden en que las instalaciones educativas de nuestro país se deterioren y queden en estado de abandono. Esta realidad hace que muchos docentes, administrativos y estudiantes se trasladen a salones comunales, campos al aire libre o lugares improvisados, para que los miles de educandos tengan el derecho que otorga la Constitución Política en su artículo 78.

El artículo 78 de la Constitución Política dispone: “La Educación General Básica es obligatoria, ésta, la preescolar y la educación diversificada son gratuitas y costeadas por la Nación (…)”  Esta prescripción constitucional garantiza la gratuidad de enseñanza de los ciclos primaria y parcialmente la secundaria… La gratuidad implica el derecho de acceder a la educación, el cual nunca ha estado en entredicho, y en tanto la colaboración con la compra de tiquetes para la rifa y el bingo, así como la cuota para materiales sea voluntaria y no imposibilite el derecho a la continuación de los estudios, en nada ocasiona una violación al derecho constitucional que en la especie se alega violentado”

En la actualidad, dentro del presupuesto a la educación se destinan más de ¢7000 millones en el aporte del Estado, a escuelas y colegios “privados”,  llamado Subvención Educativa.

Debo de decir que no me parece mal que el Estado invierta en educación; al contrario,  creo que es nuestra arma de defensa en este mundo globalizado y de oportunidades. Lo que nunca voy a estar de acuerdo es que se le pague el servicio a educadores que laboran en estas instituciones, que en la realidad no son para nada públicos, son privados y muy lucrativos. Desde el primer momento en que exista un enriquecimiento de instituciones para las arcas de ellas mismas, ya no podemos hablar de institución careciente o con necesidad, como pasa en muchos casos en estas escuelas y colegios subvencionados.

Los bienes del Estado, así como su presupuesto, deben de ir dirigidos a mejorar la calidad de la educación pública, entiéndase: programas de estudio, calidad de educadores e instalaciones idóneas; en la actualidad esta no es la realidad de las escuelas y colegios públicos, donde las necesidades son tácitas y urgentes. Para verlo nada más se debe de ir a un colegio totalmente público y a otro subvencionado, para ver la gran diferencia. Estoy a favor de que estas subvenciones existan, pero que sean destinadas  para aquellos casos que realmente se justifiquen, donde el aporte a la comunidad sea real, ya que tal práctica anómala, es otro golpe a la clase media y baja.

40 años después de creada la Ley de Colegios Subvencionados y con más 56 centros educativos beneficiados, la nueva Asamblea Legislativa 2014 debe de investigar este tipo de ayuda y establecer quiénes de verdad deben de recibirla y quiénes no, y establecer sanciones como quitar este beneficio a los centros que lucran y se hacen millonarios gracias a los fondos públicos, así como abrir un proceso administrativo y judicial para el reembolso de los fondos públicos.

Ningún recurso público debe favorecer a corporaciones o empresas de carácter privado, más allá de los beneficios que como miembros de la población puedan y deban recibir del Estado.

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