El 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación fue una promesa de Oscar Arias en campaña electoral.
Esta no es una originalidad de los Arias, es política general del Banco Mundial sujetar los presupuestos educativos al crecimiento del PIB.
Valga señalar que el PIB es un dato calculado por el Banco Central con fundamento en el monto total de la producción nacional de bienes y servicios.
En los dos primeros años del Gobierno de los Arias levantar la consigna del 8% del PIB para la educación pública permitía desenmascarar su demagogia y llamar a la lucha por un presupuesto justo para la educación pública.
Era una consigna correcta al inicio de su gobierno, porque hasta el 2007 la economía costarricense estaba creciendo impulsada por el aumento de las exportaciones. Aunque el 8% es un porcentaje fijo, mientras la economía nacional creciera, el gobierno estaba obligado a aumentar el presupuesto en educación pública.
Pero con la recesión en curso el panorama cambia completamente. Supeditar el presupuesto educativo al PIB se convierte en una seria trampa.
El problema es que el“superávit fiscal” que cundió hasta el 2007, mientras el país experimentó un crecimiento sostenido del (PIB), cambió abruptamente en lo que va del año, al contraerse la actividad económica bajo el impacto de la crisis económica internacional.
El Banco Central ha señalado que espera una caída anual del PIB del 1,8% (cálculo que creemos es conservador), y de acuerdo con la Contraloría General de la República esto provocará una fuerte merma en la recaudación fiscal de 515 000 millones de colones, un 17% menos de lo que se habían proyectado recaudar en impuestos este año.
De hecho, el recorte en la educación pública, comenzó por las universidades estatales, con el acuerdo entre CONARE y el Gobierno que aceptó para el año 2010 reducir el crecimiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que pasó del 24 % solicitado originalmente a un 16 %.
El Consejo Universitario de la UCR y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) han venido levantando como salida al recorte presupuestario, que el gasto en educación se fije en el 8% del PIB.
Nos parece un planteamiento equivocado, porque el PIB puede tener una caída aún más fuerte que el 1,8% que prevé el Banco Central. De hecho, si el presupuesto del 2011 se calculara con base en estas proyecciones del Banco Central, tendríamos una disminución en el presupuesto de las universidades y el Ministerio de Educación Pública.
Por otra parte, es preciso destacar que en el debate entre los precandidatos del PLN, Laura Chinchilla se atrevió a decir que el 8% se va a alcanzar con las aulas y edificios que se van a construir por la vía de los fideicomisos del MEP y las universidades públicas para financiar estas obras.
Esto no es tan falso, si sólo se hace un cálculo estadístico formal. Asimismo es peligroso y privatizador el mecanismo de los fideicomisos, que se enmarcan en la orientación del Plan Escudo, porque se orientan a promover inversiones y obras de infraestructura que nacen hipotecadas y sujetas a la figura de contratación a terceros, mecanismo que tiende a favorecer la compra de servicios.
El gobierno va a endeudar al MEP y a las universidades estatales con los fideicomisos, porque es una política para inyectarle capital a la empresa privada.
En un plazo relativamente corto, sin embargo, la carga del pago de intereses de los fideicomisos, tenderá a estrangular los presupuestos del MEP y las universidades públicas, incrementando la presión y catapultando los procesos de venta de servicios a las transnacionales y elitización de las universidades públicas.
Finalmente conviene advertir que sujetar el presupuesto de la educación al PIB es congruente con el modelo neoliberal, puesto que supedita el dinero para este rubro al crecimiento de la producción de los empresarios y no a la necesidades reales de la educación, que debe reafirmarse como un derecho inalienable, independientemente de los criterios de producción y la lógica del mercado.
Por ello, la comunidad universitaria, el movimiento estudiantil y el magisterio nacional deben hacer un profundo debate sobre este tema. En este sentido conviene elaborar más bien una propuesta para el presupuesto de la educación que se fije como porcentaje en relación con el Presupuesto Nacional de la República.
Al mismo tiempo, es necesario también oponerse a los fideicomisos para construir aulas y edificios, ya que los intereses de estos préstamos se van a cargar a los presupuestos del MEP y las universidades. Hay que exigir que las obras públicas las asuma directamente el Estado (sin concesiones a la empresa privada).
