Hasta el día en que se remató el hotel “Las Cabañitas”, los empresarios turísticos de La Fortuna de San Carlos jamás creyeron que la soga en sus cuellos serían los préstamos solicitados a entidades financieras con el afán de hacer crecer sus empresas.
Tras el cierre de ese negocio, ahora muchos otros penden de un hilo; y esperan en la lista para ser ejecutados.
El más próximo en esta amarga espera es Ronny Díaz, quien el 16 de agosto se presentará ante la Junta de Acreedores, en donde se decidirá si el restaurante que opera junto con su familia desde hace dos décadas pasa a manos de la Coopenae.
Con el dinero solicitado a la cooperativa, Díaz amplió su negocio, “La Choza del Laurel”, un restaurante especializado en platillos típicos pero que a partir de la segunda quincena del mes de agosto podría dejar de existir.
La baja en la visitación turística que enfrenta la zona de La Fortuna provocó que el restaurante de Ronny dejara de percibir el pasado semestre hasta un 20% en sus ingresos, cifra que decae desde el inicio de la crisis económica en 2008.
Por otro lado, José Ángel Soro, quien comenzó con un pequeño local para la atención de turistas, fue atraído por las expectativas de crecimiento proyectadas por el ICT y decidió pasar de siete cabinas a convertirse en un hotel de 40 habitaciones.
De los 22 empleados que le acompañaron con la apertura del “Hotel La Fortuna”, tan solo mantiene diez y sus ingresos no le permiten enfrentar la deuda contraída para realizar la inversión.
Igual situación enfrenta Yulian Rodríguez, quien junto a su esposo decidió abrir un centro comercial para alquiler de locales con expectativas de ingreso de hasta $23 mil mensuales, de los cuales luego de varios años en la actividad tan solo le dejan $4 mil, dinero insuficiente para sufragar la deuda de $10 mil mensuales con el Banco Nacional.
Incluso Yulian pasó de ser empresaria en un gimnasio a instructora, tras despedir a la empleada que realizaba esas funciones. Ahora solo cuenta con tres trabajadores para atender sus locales, donde algunos permanecen aún vacíos desde hace ya varios años.
La queja de los empresarios es que las entidades financieras con las que se mantiene deudas al parecer están empeñadas en rematar las propiedades con problemas de pago, sin brindar soluciones de arreglo.
Por ejemplo, Ronny Díaz asegura haberle ofrecido a Coopenae una dación de pago en la cual le entregaba una propiedad como abono a la deuda, no obstante la propuesta fue rechazada.
Por lo que Díaz afirma: “todos tenemos las ganas de pagar pero también tiene que haber voluntad del Estado y los entes financieros”, a lo que el empresario agrega: “hemos hecho todo lo que está al alcance”.
José Ángel Soro indica que los empresarios han planteado arreglos de pago con los bancos, pero estos se han negado y prefieren rematar las propiedades por precios menores.
Por su parte, Yulian Rodríguez denuncia que tras una atraso de quince días el banco con el que mantiene la deuda ya negociaba la venta de sus locales a un inversionista extranjero; tras acogerse al convenio preventivo la empresaria paralizó el desahucio, misma suerte no corrió su propia mamá, quien perdió la vivienda tras no poder sufragar la deuda, luego de intentar invertir en un complejo hotelero.
