Luego de una década de litigios judiciales, la firma de telefonía Alcatel-Lucent accedió a indemnizar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con $10 millones (¢5.400 millones) como compensación por el escándalo de corrupción en donde se pagaron sobornos a políticos y funcionarios públicos de Costa Rica para obtener un contrato de 400.000 líneas telefónicas.
El pago se acordó como parte de un acuerdo extrajudicial para compensar los daños y perjuicios causados al ICE por el escándalo de corrupción pública conocido popularmente como ICE-Alcatel.
El caso fue llevado a juicio en 2005 y un tribunal de primera instancia condenó al expresidente Miguel Ángel Rodríguez por el delito de corrupción agravada en la modalidad de cohecho impropio y a Guido Sibaja Fonseca, Édgar Valverde Acosta, Luis Adrián Quirós, Joaquín Fernández Alfaro, Eliseo Vargas García y Eduardo Fonseca García por los delitos de corrupción agravada y enriquecimiento ilícito.
Tras la condena la defensa apeló el fallo y un tribunal de segunda instancia absolvió a Rodríguez Echeverría y a los demás condenados, alegando que parte de la prueba bancaria obtenida en Panamá era ilegal y que otros delitos estaban prescritos.
Ante este fallo el Ministerio Público presentó un recurso de casación y la Sala Tercera anuló la sentencia de apelación que había absuelto al expresidente Rodríguez y a los demás condenados.
Ahora un nuevo tribunal debe revisar integralmente toda la sentencia que llevó a la condena del 2011, sin poder alegar que la prueba bancaria obtenida en Panamá era inválida y sin lugar para considerar delitos prescritos.
Triplicó oferta inicial
El acuerdo extrajudicial, al ahora que llegó el ICE, triplica la oferta inicial de $3 millones como compensación ofrecida por la telefónica Alcatel en 2008.
Ese año la empresa francesa Alcatel CIT se fusionó con la estadounidense Lucent Technologies y desde entonces la nueva empresa buscó resolver extrajudicialmente los daños y perjuicios causados por el escándalo al ICE.
Posteriormente entre 2012 y 2013 la firma efectuó otra oferta de $5 millones que fue descartada por el Instituto y a comienzos de este año, una nueva oferta subió el monto de la compensación a $10 millones que fue aceptada por la institución.
El Consejo Directivo del ICE aceptó la indemnización pero reiteró que esta no implica ninguna renuncia a las causa penales que están pendientes desde hace 10 años y de las que el ICE seguirá siendo parte activa.
Con esta indemnización el Estado costarricense suma $20 millones en concepto de resarcimientos por este caso de corrupción. En 2008 percibió $10 millones como compensación del daño social provocado y ahora el ICE percibe otros $10 millones por los daños y perjuicios causados a la institución.
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