El Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo lucha por sobrevivir a la depredación humana. (Foto: Eduardo Ramírez)

Después de casi dos décadas de luchas, el empresario Jan Kalina perdió la batalla y los hoteles Las Palmas y Suerre fueron demolidos, luego de que, en medio del pleito, interviniera también la Contraloría General de la República para exigir el cumplimiento de una orden judicial, tras determinarse que las dos construcciones habían invadido parte de la zona marítimo terrestre en el refugio de Gandoca-Manzanillo.

La demolición de los inmuebles fue aplaudida por defensores del ambiente en el refugio, uno de los tesoros ecológicos más bellos y ricos de Costa Rica.

No obstante, el juego de intereses que existe en la región, donde confluye la ambición comercial de los desarrollistas y las tesis proteccionistas, aún arroja un mar de dudas sobre el futuro de esa área protegida.

“Espero que la demolición de los hoteles no sea una medida meramente cosmética. A través de todos estos años el refugio ha sufrido graves daños ambientales, se perdieron especies animales y vegetales, hubo destrucción de humedales, y la zona se llenó de construcciones ilegales levantadas en la zona protegida”, dijo a UNIVERSIDAD la escritora Anacristina Rossi -autora de la novela “La loca de Gandoca-”, quien lanzó una dura lucha legal por salvar a Gandoca-Manzanillo de la depredación y la destrucción ambiental (ver nota aparte: No hay desastre ambiental, dice director de ACLAC).

“Una cosa es demoler dos hoteles y otra es proteger realmente el refugio, para evitar que sigan avanzando los daños ambientales”, advirtió Rossi.

En junio pasado, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República emitió una resolución en la que exigió el cumplimiento de la orden de demolición, advirtió a la municipalidad de Talamanca que no puede otorgar permisos de construcción ni de uso de suelos en el refugio, y estableció que Gandoca-Manzanillo califica como territorio Patrimonio Natural del Estado (PNE).

“Hay que definir quién manda en  el refugio para evitar un mayor desastre ambiental”, declaró por su parte a UNIVERSIDAD, Marta Castro, una ambientalista residente en la zona y  fuerte defensora de la protección de los recursos naturales en el Caribe sur.

“Gandoca-Manzanillo ha sido víctima de la ambición comercial”, “si se deja de lado el interés económico se puede recuperar el refugio”, dijo Castro, quien considera que sí  hay un “desastre” en el sector.

“La gente insiste en construir en los humedales; ojalá la demolición de los hoteles sirva de ejemplo de que en Costa Rica se deben cumplir las leyes”,  comentó.

Mientras tanto, el presidente del Tribunal Ambiental Administrativo, José Lino Chaves, dijo que en una “barrida ambiental” hecha por la instancia recientemente en Gandoca-Manzanillo, el organismo detectó unos 20 casos de irregularidades y abusos.

“La demolición de los hoteles sienta un precedente muy importante desde el punto de vista judicial, y eso ayudará  a la recuperación de los daños causados. En Gandoca-Manzanillo hay daños ambientales, aunque no son de la envergadura de los que se han detectado en otras zonas del país”, expuso Chaves a este Semanario.

“Se trata de una zona donde hay gran impunidad, tenemos 20 casos abiertos, de construcciones levantadas en la zona marítimo terrestre, en humedales, uso y extracción de corales, entre otros”, relató.

“La situación se complica cuando hay negligencia institucional y las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes no lo hacen a cabalidad”, lamentó  el funcionario.

Advirtió que en Costa Rica, pese a ser un país que se proclama ambientalista, “hay un vacío, porque no hay una política de prevención ambiental”.

Por otro lado, Blanca Arias, con 20 años de residir en la zona y quien es esposa del dueño de un popular restaurante de comida caribeña que se encuentra en la entrada del refugio, admitió que ocurrieron daños ambientales en la zona durante todos estos años, debido a la maraña legal, los intereses y el descuido de las instituciones estatales encargadas de la protección.

No obstante, comentó que tras la demolición de los dos hoteles hay “incertidumbre y confusión” entre la población autóctona que tradicionalmente ha vivido dentro del refugio, debido a que se ha corrido el rumor de que podrían desalojarla. “Es bueno que se aclaren las reglas”, acotó.

El experto ambientalista Allan Astorga afirmó que la demolición tiene un “valor simbólico, en el sentido de que las leyes vigentes son para respetarse. Existen dudas de cómo estos proyectos obtuvieron  el permiso de uso de suelo y de construcción”.

Director del ACLAC:

No hay desastre ambiental ni invasión

El director del Área de Conservación La Amistad-Caribe (ACLAC), Edwin Cyrus, rechazó “categóricamente” en entrevista con UNIVERSIDAD que se haya producido un desastre ambiental en el refugio de Gandoca-Manzanillo por la acción humana, y negó que haya ocurrido una invasión de foráneos en estos últimos años.

También atribuyó a acción de “extremistas” las denuncias sobre graves daños ecológicos en el refugio. A continuación, un extracto de la entrevista.

¿Qué lección debe dejar la demolición de los hoteles Las Palmas y Suerre? ¿Cuáles son los pasos para proteger aun más el refugio de Gandoca-Manzanillo?

-Las acciones  de los tribunales son de acatamiento obligatorio, nos gusten o no. La enseñanza que creo queda es que muchas cosas técnicas o que pueden ser resueltas desde el punto de vista administrativo, se llevan a instancias judiciales cuando los elementos técnicos deberían ser analizados o resueltos con estos criterios, no meramente legales.

El hecho de llevar aspectos técnicos a la arena legal implica que son procesos que tardan 15 y 20 años, y una vez cuando se ejecutan esas sentencias queda la duda de si la medicina es peor que la enfermedad; hay que hablarlo claramente, por los impactos sociales que pueda generar. Hace falta que en materia ambiental se actúe de manera preventiva y no esperar a que las cosas ocurran, porque la recuperación es más cara y tiene una serie de inconvenientes para lograrla.

También deja como lección de que crea la duda de si la gente puede coexistir con los recursos ambientales haciendo las cosas de manera ordenada, o si del todo la única forma de protegerlo es sacando a la gente de esas áreas protegidas. Esto crea una serie de anticuerpos. Todo lo que es gestión, conservación del MINAET (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones) en los próximos años va a estar en  arenas movedizas.

Hay algunos sectores ambientales que han luchado ahí por proteger; consideran que por muchos años, además de cuestiones legales, se dio una especie de descuido en la gente que tenía la responsabilidad de garantizar la protección de ese refugio y que eso ha provocado daños ambientales. ¿Usted qué dice?

-Categóricamente rechazo eso. Precisamente eso es parte del problema. Eso no es un parque nacional, es un punto que hay que aclarar, es parte de la confusión. Como usted mismo lo dijo, activistas y radicales –extremos-, han planteado que eso es patrimonio natural del Estado y que nadie puede estar ni pueden hacer absolutamente nada. Las únicas categorías de manejo donde no se puede tener gente son los parques nacionales y las reservas biológicas.

Precisamente ahí se hizo un refugio mixto para que coexistiera la comunidad y las áreas de conservación y de protección. El espíritu de protección de ese refugio empezó con un acuerdo entre la gente local y el Estado. Eso siempre tuvo dueño; creo que es una cosa que debemos tener muy claro. Son todos los pueblos costeros del Caribe donde se colonizaron, donde estaban afincadas las gentes con sus fincas de cacao. No eran terrenos baldíos, había gente. Se dijo: vamos a hacer un refugio mixto en donde vamos a hacer un plan de manejo, con reglas claras, estableciendo qué zonas se pueden intervenir, cuáles no y eso se aceptó y se lanza como un modelo a emular más bien. Pero luego se cambian las reglas del juego. El decreto original decía que los pueblos no eran parte del refugio, pero de una manera unilateral mediante decreto los dejaron adentro y ahora somos patrimonio del Estado, no podemos darles permisos de uso, no se puede entregar en concesión. Mi concepción es que se ha castigado a Gandoca-Manzanillo por haber sido pionera en proteger y querer trabajar y coexistir con el recurso de una manera armónica.

Pero hay dos cosas: una son las comunidades autóctonas, que vivían ahí de siempre, y otra la invasión desarrollista que se ha metido.

-No, invasión no hay, perdón. Se invade algo cuando no tiene dueño, o si el dueño lo permite. Todas esas tierras siempre tuvieron dueño. Por leyes específicas como la ley de zona marítimo terrestre se hizo exclusiones, pero la gente estaba ahí antes.

¿Pero es un área de conservación o una zona comercial?

-Eso es parte de la desinformación; creo que ha habido mucha responsabilidad de los puntos divergentes que hay en la misma Administración. En Cahuita se hizo un parque nacional y a la gente se le desalojó del área, se le indemnizó, no había posibilidades de hacer ningún tipo de desarrollo. El otro concepto de refugio mixto es precisamente un modelo en donde coexisten comunidades bajo un manejo menos intensivo en el desarrollo de la zona.

Hay un plan de manejo que establece la capacidad de carga, la intensidad de manejo, índices de ocupación, respeto a la zona marítimo terrestre, a los humedales, etc. Hay una serie de restricciones, no es que está a la libre.

Pero el Tribunal Ambiental tiene  20 denuncias de violaciones.

-Es que cuando usted tiene la mente radical, extremista, siempre habrá algo que denunciar. Estamos en la zona tropical húmeda. Eran zonas inhóspitas por condiciones de clima. En cualquier lugar que visite en el Caribe es un humedal. Si haces las casas en zancos, o drenajes para sacar el agua, entonces estás destruyendo, eliminando un humedal. Bajo esa percepción no habría ningún sitio en el Caribe donde tener un asentamiento.

Estamos creando un modelo que es una receta para conflictos. En estos momentos ¿con qué argumentos el MINAET, o el SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) puede llegar a una comunidad a decir que estamos protegiendo los recursos para beneficio de las generaciones actuales y futuras si las actuales no pueden tener acceso al uso y disfrute de esos recursos?

Pero las leyes son generales, igual pasa en otras partes del país, no pueden ser particulares.

-Si usted ve el índice de integridad ecológica, en el Caribe es casi de 100%, aquí no hay grandes áreas de deforestación. Talamanca tiene el 88% bajo áreas de protección y queda un 12% con limitaciones, para hacer algún tipo de concesiones. Hay que hacer un análisis del modelo, no ver hacia otro lado; tenemos una bomba de tiempo y una problemática que se da. Los funcionarios nuestros, los del área de conservación, después del desalojo han sido ya en dos ocasiones tiroteados. Significa que hay un completo rechazo a la acción institucional que se está dando. Creo que necesitamos hacer un alto, valorar, hay que proteger, cuidar, pero esto no quiere decir no usar.

Ha llegado un poco de gente extremista que viven de eso; muchos no tienen oficio ni trabajo, con 15 y 20 años dizque protegiendo la naturaleza. Son usuarios frecuentes de la Sala IV, especialistas en poner denuncias de todo tipo.

En el caso del Tribunal Ambiental ¿son denuncias de oficio…?

-No nos llamemos a engaño.

Entonces ¿el presidente del tribunal está mintiendo?

– No quiero entrar en polémica. Digo que el enfoque, la manera en que estamos abordando la temática ambiental en el Caribe Sur está equivocada. Enfoque de comando y control, de restringir, no dar opción a un derecho fundamental, el derecho a la propiedad, tiene muchas cosas colaterales. Me preocupa que la tal destrucción ambiental y el tal desastre no es cierto. Categóricamente reto a cualquiera a que vayamos a los sitios, que ponderemos lo que ocurre. La zona no está en un desastre ambiental como se le está pintando.