La recepción de ofertas para la otra terminal de muelles, especializada en contenedores, se ha pospuesto diez veces desde la invitación en abril del 2009.
La Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) prefirió guardarse sus aparentes diferencias con el Gobierno sobre el importante incremento que experimentarían las tarifas con la concesión portuaria en el Atlántico.
La semana pasada la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó al Gobierno copia del documento en que CADEXCO habría expuesto sus consideraciones respecto del proceso de concesión de los muelles, y otro más integral del sector empresarial sobre el tema, y que al estar en poder de despachos oficiales se convierten en documentos públicos, con derecho por parte de los ciudadanos de conocerlos.
Asimismo, pidió revelar un estudio que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) habría entregado sobre dicho proceso, donde se indica que una potencial aspiración de eventuales concesionarios de cobrar hasta $302 dólares por movimiento de cada contenedor haría un gravísimo daño al país, al punto de que perdería toda competitividad exportadora. “Sabemos que algunos jerarcas de Gobierno han pretendido “tranquilizar” al sector empresarial exportador indicando que tal cifra de $302 no sería la “correcta”, sino una de $264 dólares por movimiento de contenedor. Aún así, en relación con el precio actual tarifario de $98 dólares, gracias a la calidad de propiedad pública de tales muelles, la pérdida de competitividad será peligrosísima para la economía nacional”, indicó la nota de ANEP.
Consultada la opinión de Mónica Araya, presidenta de CADEXCO, sobre la marcha del proceso de licitación del nuevo muelle para contenedores en Moín, y en particular si hay preocupación del sector por los costos contemplados en el cartel, dijo que han estado en constante comunicación con las autoridades haciendo observaciones al cartel, pero que de momento la agrupación no se va a referir públicamente al tema.
No obstante, en otra consulta sobre el mismo tema hecha dos semanas atrás, la empresaria reconoció que a la entidad le preocupa la lentitud con que ha venido avanzando el proceso de concesión, y también los costos que se están contemplando, pues han hecho cálculos y les salen más del doble, “con lo que nos sacan por pérdida de competitividad.”
Por su parte, Marco Fidel Tristán, coordinador de la Comisión de infraestructura de CADEXCO, tras reiterar el apoyo a la concesión para la modernización de los puertos actuales y la concesión de una terminal nueva, dijo no obstante que nunca han estado de acuerdo con la composición financiera de la tarifas que se está proponiendo, pues saca de competencia a una buena porción de los exportadores.
“No nos gusta la estructura tarifaria, la última propuesta que se ha hecho nos saca totalmente de competencia. Estamos hablando de que uno de los puertos más caros de la región es el de Manzanillo (México), y si compramos la tarifa de contenedor del puerto de Manzanillo con la estructura tarifaria que se está ofreciendo aquí, estamos hablando de casi $80 de diferencia que tendríamos que pagar más los costarricenses.”
“Tenemos que tener cuidado con eso, porque esta tarifa como se está proponiendo saca del negocio a una gran porción de los exportadores costarricenses y en particular le puedo decir que saca a todos los agroexportadores”, dijo Tristán en declaraciones dadas al periodista Otto Salas, de la Oficina de Información de la Universidad de Costa Rica, luego de un foro sobre los puertos realizado hace dos semanas en el campus.
RECEPCION DE OFERTAS
El pasado martes 17 de agosto se realizó la recepción de ofertas para la concesión de la terminal nueva especializada en carga de contenedores, que se construiría a un costo de $948 millones.
La recepción de ofertas se ha pospuesto diez veces desde que la licitación fue publicada en abril del 2009.
El secretario general de SINTRAJAP, Ronaldo Blear, consideró que el “manoseo” de las fechas se ha debido a que no hay oferentes interesados, y a que el Gobierno se juega el chance de empatar con la próxima licitación para concesionar los muelles actuales.
A su juicio, ello confirma lo que ellos han venido diciendo, que lo de la terminal nueva es una pantomima para dar en concesión los muelles actuales, que es el negocio rentable que realmente buscan obtener el Gobierno y los interesados en la concesión.
Afirmó que el Poder Ejecutivo está haciendo todo lo posible por que la adjudicación de los muelles actuales se dé este año. “El temor del Gobierno y los que están interesados en este negociado es que en enero hay elecciones sindicales, y todo indica que el trabajador va a volver a elegirme como secretario general, entonces el Gobierno quiere dejar adjudicado todo esto antes de enero, porque si entonces no lo tiene adjudicado se le caen los naipes.”
No obstante, hay una situación de inseguridad jurídica provocada por la irresponsabilidad con que ha actuado la administración. Por ello “vamos a sacar un documento advirtiendo a quienes quieran participar en la licitación que hay un conflicto laboral y jurídico en JAPDEVA, para que sepan lo que están arriesgando. Que después no vengan a decir que no sabían y que la situación no puede perjudicar a terceros y todo ese cuento”, dijo Blear.
Afirmó que es una negociación mala la que está encaminando la administración Chinchilla con la concesión, que redundará en un aumento de costos por el uso de los puertos. Actualmente, el costo por movimiento de contenedor es de $98, pero una vez concesionado el puerto pasa a más de $300, aseguró.
Añadió que la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) tiene que estar en contra de eso, porque les va a restar competitividad, por lo que se reunió con el Gobierno para manifestarle sus observaciones. El problema es que la presidenta Laura Chinchilla está maniatada, porque Rodrigo Arias (exministro de la Presidencia) dejó a su gente ubicada en puestos claves y tira línea, y los que dirigen la orquesta en este asunto son los ministros Francisco Jiménez, desde el MOPT, y Marco Vargas, desde la Presidencia.
“Lo que quieren los Arias es quedarse con los puertos a como haya lugar, pero en cualquier momento todos estos actos ilegales se van a revertir”, según Blear.
Por su parte, el presidente ejecutivo de JAPDEVA, Allan Hidalgo, dijo que la posposición en la recepción de ofertas para la nueva terminal no se debe a la falta de oferentes, sino a las objeciones al cartel que se han presentado, lo que ha obligado a ir depurándolo. Pero el cartel se ha depurado tanto que esta vez no hubo objeciones y tenemos la luz verde de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Contraloría General para recibir ofertas, señaló.
En cuanto a la situación jurídica del proceso dijo que “ninguna autoridad judicial, llámese Sala Constitucional o llámese Tribunal Contencioso Administrativo, nos ha notificado a nosotros absolutamente nada que nos impida continuar con los proyectos en que estamos, por lo que desde el punto de vista del principio de seguridad jurídica la administración continúa adelante, señaló Hidalgo (ver declaraciones completas la próxima semana).
Lentitud de tribunales prolonga incertidumbre jurídica
Diversas acciones legales hacen fila en la Sala Constitucional y tribunales de justicia.
Jorge Araya ([email protected])
Una incertidumbre jurídica planea sobre la homologación (aprobación) que hizo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) del cambio de junta directiva de SINTRAJAP (Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica-JAPDEVA), y la convención colectiva de trabajo firmada en abril pasado por los nuevos directivos afines al Gobierno, en la que aceptan la concesión de los muelles de Limón y Moín a la empresa privada.
La medida es cuestionada por la anterior junta directiva, encabezada por el secretario general, Ronaldo Blear, que se dice “legítima” y confía en revertir mediante varios recursos de amparo presentados y un juicio en curso en el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, las actuaciones que culminaron con la inscripción de la nueva directiva en el MTSS.
Pasados casi siete meses, sin embargo, la Sala Constitucional (IV) de la Corte Suprema no ha resuelto tres recursos de amparo aceptados para su trámite y que fueron presentados por el grupo de Blear contra el MTSS, el Ministerio de Seguridad Pública y los nuevos directivos.
La Sala no se ha pronunciado tampoco sobre una acción de inconstitucionalidad presentada el pasado 14 de junio por José María Villalta, diputado del Frente Amplio, contra ocho artículos de la nueva Convención Colectiva, que fue homologada por el MTSS el 1 pasado de junio.
Ese acuerdo firmado entre la nueva directiva sindical y la administración de JAPDEVA contempla el pago de una indemnización de unos $137 millones tras el cambio de modelo de gestión de los puertos, y si la Sala es consecuente con su propia jurisprudencia en cuanto a cláusulas consideradas abusivas en las convenciones colectivas, debería echar abajo varios artículos de la convención, alega el diputado.
“Las normas impugnadas establecen un pago millonario carente de justificación objetiva y razonable, que constituye un uso indebido de fondos públicos y afectan la prestación de los servicios públicos portuarios, así como los derechos de los usuarios que pagan las tarifas de dichos servicios”.
También constituyen una “violación del principio de igualdad, de los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, así como de los principios de reserva de ley e igualdad en materia tributaria”, razonó Villalta en el recurso.
Ante la tardanza de la Sala IV en resolver, Laura Rojas, trabajadora de JAPDEVA, presentó un recurso de amparo por violación al derecho constitucional de obtener “justicia pronta y cumplida”, y por la inseguridad en que están los trabajadores en cuanto a sus derechos laborales.
Por su parte, otros dos trabajadores, Mauricio Laurent y Michel Blackwood, presentaron la semana antepasada un amparo contra el acuerdo tomado por los nuevos directivos y la administración de JAPDEVA, de incluir en el cartel de licitación de la concesión de los puertos, los nombres de los trabajadores y trabajadoras con los montos de la indemnización que supuestamente recibirían. Consideran violados sus derechos con esa cláusula, porque con el clima de inseguridad que hay en Limón, eso es poner a las personas de la lista en la mira de los hampones para que los asalten.
El pasado 20 de julio, el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó un recurso presentado por Fabián Volio, abogado de los nuevos directivos, quien opuso una “excepción de falta de competencia por razón de la materia.” No obstante, el tribunal se declaró competente para seguir conociendo el caso, y la sentencia entonces fue apelada por la nueva directiva ante el tribunal de casación, con lo que el proceso se prolonga.
El grupo de Blear acusa a la nueva directiva reconocida por el MTSS y encabezada por Douglas Brenes de ser “ilegal y espuria”, pues asegura que fue elegida al margen de lo que establecen los estatutos del sindicato.
Acusan al Gobierno de haber violado la libertad sindical interviniendo en los asuntos internos de la organización a través de un grupo servil para quebrar la oposición que venía haciendo el sindicato a la concesión de los puertos a la empresa privada y al “soborno” de $137 millones que el Gobierno ofreció a los trabajadores y que los nuevos directivos aceptaron.
Con ese motivo presentaron junto a varias centrales sindicales del país una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Gobierno de Costa Rica por violación a la libertad sindical y la autonomía organizacional.
También tienen presentadas ante el Ministerio Público varias denuncias, incluida una contra Óscar Arias (expresidente), Rodrigo Arias (exministro de la Presidencia, Marco Vargas (exministro de Coordinación Institucional y actual ministro de la Presidencia), Álvaro González (exministro de Trabajo) y Francisco Jiménez (expresidente de JAPDEVA y actual ministro de Obras Públicas y Transportes), por intento de soborno.
El pasado 20 de junio, el sindicato de estibadores del Litoral Pacífico de EE.UU. International Longshore and Warehouse Union (ILWU) presentó formalmente una demanda contra el gobierno de Costa Rica, conforme al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC), por “graves incumplimientos en repetidas ocasiones de las leyes laborales de Costa Rica por el gobierno de ese país”.
La petición fue presentada ante la Oficina de Asuntos Laborales y Comerciales del Departamento de Trabajo (OTLA, por sus siglas en inglés). Entre otras acusaciones señalan que el Gobierno de Costa Rica ha incurrido en actos tales como: una campaña mediática para desacreditar al sindicato SINTRAJAP; la destitución de los dirigentes elegidos de manera democrática por los afiliados del sindicato; la imposición de una junta directiva sindical controlada por la patronal y respaldada por el mismo Gobierno y el allanamiento y ocupación del local sindical por la policía.
Asimismo, “la celebración de un trato inconstitucional a un costo de varios millones de dólares con la junta directiva pro-patronal, para animar a los trabajadores a que abandonen el sindicato y acepten la privatización de los puertos”, según un comunicado de la organización.
Mientras tanto, tras el desalojo que la policía hizo el 26 de mayo de la sede de SINTRAJAP para sacar a los antiguos directivos, el local no ha sido usado por la nueva directiva, que se ha estado reuniendo en el local de la cooperativa del fondo de ahorro de JAPDEVA.
El nuevo secretario general, Douglas Brenes, dijo que se ha querido dar un compás de espera para dejar que los ánimos se calmaran y evitar polémicas por el conflicto, y se ha aprovechado para pintar y remodelar el edificio, que se va a utilizar como centro de capacitación.
Se ha estado trabajando en informar a los afiliados y aclarar dudas sobre los alcances de la nueva convención colectiva. A la vez se ha estado trabajando en el cambio de modelo de gestión de los puertos. Este proceso consta de dos cosas: el trámite del cartel de licitación y también la parte social, la capacitación de los trabajadores para que puedan manejar el dinero que van a recibir, y se han estado levantando los perfiles de los trabajadores para que puedan tener la posibilidad de ser contratados por JAPDEVA o por el gestor que obtenga la concesión, mencionó entre otras actividades.
Aseguró que lo han llamado de algunas empresas interesadas en conocer la opinión del movimiento sindical y si hay algún problema si ellos llegan a invertir en los puertos. “Me han enseñado los documentos de lo que ellos han invertido, los planos, etc. Yo le aseguraría que sí hay oferentes” para la concesión.
Mientras tanto, JAPDEVA y el Consejo Nacional de Concesiones esperan publicar en semanas próximas el cartel de licitación para la concesión de los muelles de Limón y Moín, con el objetivo de que la contratación pueda ser adjudicada antes de que finalice este año, dijo Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de JAPDEVA.
