Fuentes de la Asamblea Legislativa y vinculadas a los derechos humanos insisten en que esa Dirección debe desaparecer.
Las críticas contra la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), así como la idea de que esa dependencia del Ministerio de la Presidencia debe desaparecer, cobraron fuerza tras conocerse el caso del periodista Gilberto Lopes.
Lopes es periodista de origen brasileño y ha laborado en UNIVERSIDAD durante 30 años, así como en medios de prensa internacionales, a quien en primera instancia le fue truncado un proceso de nacionalización por “aparecer registrado” en los archivos de la DIS (Ver UNIVERSIDAD del 10 de febrero).
Un pronunciamiento del Movimiento Libertario, divulgado el 12 de febrero, manifiesta que esa Dirección “es un órgano cuya existencia es inaceptable en una sociedad democrática respetuosa de los derechos de los individuos”.
Ese documento añade que “no se debe tolerar la existencia de un órgano público que pueda investigar a ciudadanos en secreto o que pueda investigar a periodistas por sus opiniones políticas. En el nombre de la seguridad nacional no podemos justificar la existencia de una policía política que se dedique a perseguir ciudadanos ‘disidentes’”.
Desde diciembre del año pasado, UNIVERSIDAD ha divulgado el criterio tanto de diputados como de exdirectores de esa instancia, y del Fiscal General de la República, Francisco Dall ´ Anese, quienes han subrayado la necesidad de que la DIS “se reforme o desaparezca” (Ver UNIVERSIDAD del 2 de diciembre).
Sin embargo, tras conocerse el caso de Lopes y del ciudadano de origen colombiano Carlos Meneses, las críticas contra la Dirección arreciaron.
Cabe recordar que Lopes decidió tramitar su nacionalización tras tres décadas de vivir en Costa Rica y desarrollar su carrera periodística. Sin embargo, debió apelar ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la resolución emitida por el Registro Civil, que le negó esa posibilidad por el “registro” que de él tiene la DIS.
Por su parte, el TSE solicitó a la DIS la información sobre Lopes, la cual le fue negada. En el oficio COP-168-2008, del 25 de setiembre, el entonces director de la DIS Roberto Guillén, fundamentó esa decisión en que a la DIS la Ley General de Policía, “le da carácter de confidencial a sus informes y documentos, incluso, como es de comprobar, pueden ser decretados como Secreto de Estado” lo cual “aumenta la viabilidad de la confidencialidad, claro está, no visto como un método de encubrir actuaciones”.
El caso de Lopes se resolvió felizmente cuando el TSE decidió que, en vista de que el periodista no tiene antecedentes de ningún tipo, el “registro” de la DIS no constituye impedimento para optar por la nacionalidad costarricense.
El caso de Meneses es muy similar, pues el Registro Civil le informó que no podía optar por ser costarricense pues había unas “anotaciones” de la DIS sobre él.
Sin embargo, este abogado recurrió a la Sala Constitucional, la cual decidió que la DIS no puede alegar el criterio de “confidencialidad” para negar la información que un ciudadano le solicite sobre sí mismo, como sucedió en estos dos casos. Esta decisión abre la posibilidad de que tanto Lopes como Meneses, como cualquier otro ciudadano o ciudadana, requieran a la DIS toda la información que sobre ellos tenga (Ver UNIVERSIDAD del 17 de febrero).
“LA PUNTA DEL ICEBERG”
Tras conocerse el caso de Lopes, varios diputados aumentaron el tono de las críticas que hacen al funcionamiento de la DIS y de su demanda por cerrarla.
José Merino, del Frente Amplio, señaló que el caso de Lopes “es un símbolo que salió a la superficie de la punta de un iceberg de un profundo magma de investigación ilegal, del fichaje clandestino de los ciudadanos, de persecución, que la DIS lamentablemente lleva a cabo desde hace años”.
Tras apuntar que esa noticia no le sorprendió, Merino enfatizó en que no se trata de un problema ideológico de sectores específicos con el trabajo de la DIS, sino que es “reconocido por el propio Fiscal General de la República, diputados de los más diversos espectros ideológicos y medios de comunicación con líneas editoriales muy distintas”.
Otro legislador que no tuvo reparo en sus críticas fue el libertario Mario Quirós, quien sentenció que “lo que conviene a Costa Rica es liquidar la DIS, es algo que se ha evidenciado por las superficiales investigaciones que se han hecho en la Asamblea Legislativa y por el ocultamiento que ha hecho el Ministro de la Presidencia, responsable directo de esta Dirección, de una investigación que según él iba a quedar terminada en noviembre y que no ha visto la luz pública”.
De manera tajante, Quirós puntualizó que “no puede haber ninguna duda en algún costarricense patriota, que quiera a este país, su democracia y su espíritu republicano, de que la DIS no tiene cabida en Costa Rica; sólo quienes buscan un estado fascista en Costa Rica pueden estar de acuerdo con una organización como esta”.
Añadió que el caso de Lopes “me ha golpeado, pero no extrañado”, y lo señaló como positivo en tanto “constituye una nueva evidencia del carácter de policía secreta de esta Dirección”.
“EXPLICACIONES NO SON ACEPTABLES”
El abogado Francisco Barahona, quien coordina la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), señaló que la DIS es “una entelequia (cosa irreal) heredada de la Guerra Fría, ya es hora de que desaparezca porque viola los derechos fundamentales de los habitantes del país, tanto de ciudadanos costarricenses como de personas extranjeras”.
Barahona calificó su existencia como “indigna” y añadió que si se requiere que algún organismo que trabaje el tema de seguridad de Estado antiterrorista y antinarcotráfico, debe estar en el ámbito judicial.
Por su parte, el periodista Lopes consideró que “el problema no es la DIS sola, pues esa Dirección no se manda a sí misma, sino que es una instancia de gobierno. El responsable de la DIS es el presidente Óscar Arias, de manera que esto es un problema de política, no administrativo”.
Lopes salió al paso de declaraciones del actual director de la DIS José Torres, quien minimizó el hecho de que el periodista estuviera “registrado” en la DIS.
“No ha existido (expediente) en ningún momento. Si aparece un registro puede ser un simple registro de INTERPOL, quizá por alguna consulta que se hizo en un ingreso al aeropuerto o algo así, que desconozco. Ser consultado no quiere decir nada y no es ningún asunto de peso para negar una naturalización”, dijo Torres al diario La Nación, el pasado 21 de febrero.
Al respecto el periodista manifestó que esa explicación “podría ser hasta injuriosa, él no puede especular, él es el que más sabe, él es el que tiene que saber, sus explicaciones no son aceptables”.
Añadió que “ahí están los documentos firmados por la DIS, en los que manifestó que no tenía por qué dar la información; ahora la Sala Constitucional enmendó la plana y dicen que están abiertos a dar la información, pero tienen que asumir la responsabilidad”.
Añadió que no descarta solicitar la información, pero dijo no tener mucho interés en ello pues “no creo que me entreguen algo que sea relevante”.
UNIVERSIDAD tuvo oportunidad de abordar al Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, durante la conferencia de prensa que se realiza en Casa Presidencial posterior a las sesiones de Consejo de Gobierno.
En primera instancia, Arias remitió el tema a José Torres y alegó que ya ese funcionario había conversado “ampliamente” sobre el tema con este medio (Ver UNIVERSIDAD del 18 de febrero).
Manifestó que “no hay ningún expediente, ni es política de la DIS hacer expedientes de periodistas, no sé si usted conoce las directrices que he girado a la DIS en cuanto a transparencia y apego al ordenamiento jurídico, con base en ellas es que está trabajando esa Dirección”.
Ante la pregunta de si se giró la orden de no investigar periodistas, por qué hay un expediente sobre Gilberto Lopes, Arias replicó: “Eso ya se lo explicó a usted don José Torres”.
Denuncian nuevo espionaje en Colombia
DPA Bogotá.
El servicio secreto colombiano espió durante los últimos meses a varios políticos, magistrados de las cortes de justicia y periodistas, al tiempo que filtró información a narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros, según una investigación divulgada hoy por la revista «Semana».
La publicación señaló que integrantes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo que depende directamente de la Presidencia, relataron las irregularidades que se habrían cometido en el servicio secreto y de migración.
Varios funcionarios del DAS se dedicaron a destruir materiales comprometedores entre el 19 y el 21 de enero pasado, pocos días después de que el gobierno anunciara la designación como nuevo director de Felipe Muñoz, quien asumió el 22 de ese mes.
“La información recopilada por Semana deja claro que hay un poderoso sector del organismo al servicio de los paramilitares, la guerrilla, y de oscuros intereses políticos, como lo demuestran las interceptaciones y seguimientos ilegales a importantes personajes de la vida nacional”, señala la revista.
Cabe recordar que el exlíder paramilitar colombiano Carlos Mario “Macaco” Jiménez, quien está preso por narcotráfico en EE.UU. y en agosto del 2006 se reunió con el presidente Oscar Arias, fue señalado por haber infiltrado el DAS, según el diario colombiano El País.
