Las comparecencias de directivos, gerentes, auditor, representantes de usuarios y otros confirmaron los graves problemas de gestión e injerencia política que aquejan a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a cuya solución apuntan varios proyectos de ley en trámite de la comisión legislativa que investiga la crisis de la Caja. Los proyectos deben recibir dictamen ahí, previamente a la aprobación en el plenario legislativo  (Ver recuadro “proyectos en discusión”).

La comisión está abocada a la discusión de proyectos como  la Ley de fortalecimiento de la CCSS y Ley de control de precios de los medicamentos, entre otros, tras haber concluido el período de audiencias, el pasado 30 de mayo, cuando comparecieron la gerente de Logística, Dinorah Garro, y el auditor interno de la Caja, Jorge Arturo Hernández.

Aspectos como la falta de firmeza de los directores para hacer cumplir al gobierno el pago en efectivo de las deudas con la Caja, o el cobro de intereses acumulados, las cuotas obrero patronales atrasadas, la insuficiente o errónea información técnica en que se apoyó la directiva para aprobar un fuerte aumento de remuneraciones y del tope de cesantía a los empleados durante el gobierno anterior, han sido algunos de los puntos más candentes ventilados en las audiencias.

Por ejemplo, Adolfo Gutiérrez, representante del sector empresarial en la directiva de la Caja, dijo que en la discusión sobre la propuesta para el aumento del tope de cesantía, la administración les dio un dato actuarial de ¢13.000 millones, pero hoy se sabe que el gasto real es cercano a los ¢20.000 millones; lo que arroja una diferencia de ¢7.000 millones, por lo que evidentemente el informe actuarial estaba equivocado. Y lo más grave de esto es que 150 personas se llevan el 50% de esa cesantía, apuntó.

Hubo numerosos cuestionamientos de diputados y diputadas sobre la calidad y la oportunidad de la información que reciben los directivos de parte de los niveles técnicos de la institución para la toma de decisiones. Inclusive algunos exdirectivos reconocieron que habían tomado decisiones bajo presión, sin el suficiente tiempo para ver los informes técnicos.

La comparecencia del auditor interno de la CCSS, Jorge Arturo Hernández, estuvo marcada por una andanada de críticas que le dirigieron diputados y diputadas por la falta de fiscalización que le achacan respecto de casos de corrupción y decisiones cuestionables que han perjudicado a la institución y los asegurados que hoy pagan las consecuencias con un deterioro de los servicios.

En ese sentido Walter Céspedes, presidente de la comisión, afirmó que a lo interno en la CCSS se dice que la auditoría persigue a las hormigas, pero deja pasar a los elefantes. Esto parece cierto, porque en el escándalo Caja- Fischel, en el escándalo de tráfico de influencias y daños en el acelerador lineal del Hospital México, en el caso de adulteración de expedientes, compras ilegales de medicamentos y decenas de casos más, la opinión pública lo ha sabido por la prensa y no por una auditoría que “ha sido omisa y desapercibida.”

La auditoría interna cuenta con un presupuesto de miles de millones de colones, tiene 90 funcionarios supuestamente especializados en temas financieros, pensiones y médicos, y el auditor asiste a las reuniones de la junta directiva. ¿Por qué se ha permitido que todo esto pase, dónde están las oposiciones del auditor a esas decisiones?, preguntó el diputado socialcristiano.

Hernández se defendió entregando copia de una serie de informes de fiscalización que ha emitido su despacho sobre diversos aspectos del quehacer institucional.

“Sí hemos hecho las observaciones, los comentarios en junta directiva en los diferentes temas. Hemos puesto en conocimiento de la administración, presidencia ejecutiva, gerencias, direcciones de hospital, los informes en relación con los distintos temas de auditoría”, sostuvo Hernández.

Para Céspedes, sin embargo, lo que pasa es que son “un montón de informes a los que nadie les hace caso”, y entonces, ¿dónde está el músculo del auditor, que es la máxima autoridad en el campo de la fiscalización?

El supuesto incumplimiento de los informes de auditoría y la ausencia de sanciones para los responsables de las faltas investigadas centraron también las preguntas de otros diputados, como Gustavo Arias, del Partido Acción Ciudadana.

Arias le preguntó cuántos informes de los que ha emitido se  han cumplido, a lo que Hernández respondió que no tenía el dato.

“Pareciera que simplemente usted se escuda en los dictámenes y no pasa nada, es decir, si no se implementa, no pasa nada; es una gran preocupación (la que hay) porque no hay ningún seguimiento. ¿Por qué entonces hay causas desde el 2002 y sanciones no hay ni una?”, cuestionó Arias.

El auditor repuso que sí hay seguimiento y dio como ejemplo que el tema de la compra de medicamentos se remitió al Ministerio Público, y se ha solicitado apertura de procedimientos administrativos, desde junta directiva, presidencia ejecutiva, gerentes de división, directores de hospitales y a todo nivel.

DEUDA

El diputado José María Villalta, del Frente Amplio,  le preguntó si había manifestado oposición, cuando en el 2007 la Caja, presidida por Eduardo Doryan, negoció con el Gobierno el monto de la deuda del Estado por los pagos al Seguro de Salud por atención de personas indigentes.

En esa negociación se acordó un monto de ¢185.000 millones por la deuda que va del 94 al 2007, pero no se incluyó el cobro de los intereses, que eran ¢95.000 millones.

“Los intereses es algo que tenía que incluirse en el convenio. Es una cifra a la cual la Caja no puede renunciar y así lo hicimos saber en informes de auditoría donde nosotros pedimos que se renegociara el convenio, que se revisara”, dijo Hernández.

Villalta insistió preguntándole, si cuando se firmó el convenio él manifestó algo sobre los intereses. A lo que el auditor contestó que no conocía de la firma del convenio, pues no llegó a la junta directiva y no se lo consultaron.

“El convenio lo vimos en una revisión que hicimos en un informe de auditoría, posteriormente, que es cuando pedimos la revisión”, dijo Hernández, aludiendo a un documento emitido por la auditoría en el 2010.

A lo que Villalta apuntó que eso quiere decir que durante tres años la auditoría no se enteró de que a la presidencia ejecutiva se le había olvidado incluir en el convenio con el gobierno los ¢97.000  millones, que es mucha plata, con la que se hubiera construido un centro de salud en Puriscal, otro en Alajuelita y quién sabe cuántas obras más.

El diputado señaló que no es sino hasta en el 2012, cuando en la comisión legislativa se ventila este tema y empieza a salir en la prensa, que la actual administración de la Caja decide empezar a tomar medidas para ver cómo recuperan ese dinero.

“Pero es mucho tiempo después, yo veo una actuación lenta y permisiva, en contubernio con la administración; no veo una auditoría proactiva para lograr que se recuperen estos ingresos de la seguridad social, que servirían para muchas obras… Creo que así como se ha cuestionado el desempeño de otros gerentes que han tenido que dejar sus cargos, usted también es parte de la responsabilidad de lo que tenemos en la Caja, y que tienen a la institución como la tienen, usted debería asumir esa responsabilidad”, apuntó Villalta.

Proyectos de ley en discusión

(CON FOTO DE FONDO DE CAJA-ASAMBLEA)

• EXPEDIENTE Nº16933. Ley de creación del fondo de garantías de pensiones y jubilaciones del sector informal de la economía.

• EXPEDIENTE Nº 16993. Modificación de varias leyes para regular las compras de servicios y frenar el proceso de privatización de los servicios públicos de salud que presta la CCSS.

• EXPEDIENTE Nº 17738. Ley de control de precios de los medicamentos.

• EXPEDIENTE Nº 17824. Ley para el fortalecimiento de la CCSS.

• EXPEDIENTE Nº17.831. Ley de protección contra la comercialización de medicamentos, alimentos, material y equipo biomédico falsificados o adulterados en defensa de la vida humana, la salud y la integridad física.

• EXPEDIENTE Nº 18250. Adición de un artículo 104 bis a la Ley reguladora del contrato de seguros, Nº 8956 del 17 de junio de 2011 y reforma al inciso g) del artículo 25 de la Ley reguladora del mercado de seguros, Nº 8653 del 22 de julio de 2008, para garantizar el cumplimiento del principio de solidaridad en el financiamiento del seguro de enfermedad y maternidad de la CCSS.

• EXPEDIENTE Nº 18322. Interpretación auténtica del artículo 9 de la Ley Nº 7963, Ley de protección al trabajador del 16 de febrero del 2000 y sus reformas.

Fuente: Comisión legislativa que investiga crisis de la CCSS.