Un grupo de aproximadamente cien familias campesinas de la zona de Palmar Sur, lleva una semana viviendo en la calle luego de ser desalojados de la finca Chánguina propiedad de la cooperativa Coopropalca del Sur, la cual se encuentra bajo administración arrendataria del empresario Óscar Echeverría Heigold.
El desalojo campesino fue producto de una orden judicial promovida por Echeverría en el 2001. En dicha orden se le indicó a la Fuerza Pública que debía proceder a desalojar a estas familias que desde hace varios años están ahí.
Aunque se habla de que son 100 familias las afectadas por la situación, una lista elaborada por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) señala que se trata de 61 familias de trabajadores rurales.
Los afectados forman parte de una población flotante, en donde el 50% de las personas están en pobreza extrema, el 41% en pobreza básica y 9% arriba de la línea de pobreza; del grupo 30% son menores de edad y un 7% adultos mayores.
“De nuestra parte cumplimos con la orden judicial, desde el día jueves de la semana pasada se procedió a sacar a estas familias de forma pacífica, incluso la salida fue voluntaria por parte de ellos y nosotros los hemos asistido de todas las necesidades hasta la fecha”, declaró ayer 3 de agosto Gustavo Mata, Ministro de Seguridad Pública.
De igual forma, indicó que si no atendían la orden judicial ellos pasarían a ser los responsables y se les abriría una causa penal si no hacían lo pertinente.
Gerardo Vargas Rojas, diputado del PUSC, declaró en el plenario del 3 de agosto que existe “una solicitud del 28 de julio de un procurador solicitándole a los tribunales que no ejecuten esa orden de desalojo porque se acaba de dar cuenta que la conciliación firmada el año pasado tenía por origen un contrato de arrendamiento vencido desde hacía tres años”.
Asimismo, le solicitó al Presidente de la República que realice una investigación profunda del caso para determinar si la Procuraduría actuó conforme a derecho o no.
El pasado 2 de agosto el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, se reunió en Palmar Sur con los afectados para escuchar sus necesidades. La propuesta planteada contempla que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) daría un soporte económico a las familias para el pago de alquiler de vivienda o asistencia para aquellas que si tienen donde vivir.
Desde el domingo el IMAS levantó un listado de las familias que clasifican para ser objeto de esta ayudas. El día de hoy el IMAS se han entregado 31 beneficios y continua atendiendo a las familias de la zona.
El Instituto de Desarrollo Rural (INDER) junto con la Universidad Nacional trabajan en una propuesta en implementar un proyecto productivo para dotar a las familias de una opción de empleo.
Además, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) coordinó con las autoridades policiales para tener representantes presentes durante el desalojo para garantizar el respeto de los derechos de los menores de edad.
“La única solución que nos proponen por parte del IMAS es darnos un subsidio para alquiler por tres meses y listo, y nosotros lo que queremos es regresar a nuestras casas, a nuestras parcelas, es la tierra que trabajamos. Ellos nos ofrecen subsidio por tres meses pero después de eso ¿qué hacemos?, comentó Carlos Salas, uno los desalojados de la finca.
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