El informe de la Comisión de Notables que estudió la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pidió investigar al director y subdirector de la Unidad Ejecutora del Proyecto España (UEPE) por $231.128 millones (¢103. 545. 343) recibidos antes de la formalización del crédito español.
Se trata de Álvaro Muñoz Fonseca, Mario Saavedra, director y subdirector respectivamente, y el Gerente de operaciones, Luis Escalante.
Esta recomendación es parte del informe que presentaron Dunia Chacón Chavarría y Alvaro Fernández el 1 de octubre al presidente de la República, Abel Pacheco de la Espriella, luego de cuatro meses de investigación.
El informe detalla anomalías en diferentes áreas de la CCSS como el servicio de pensiones, viajes, autos de uso discrecional y compra de medicinas, y se refirió a algunos aspectos básicos del caso del préstamo español.
Valga recordar que se trata de un préstamo del Gobierno de España y el Banco Bilbao Vizcaya aprobado por la Ley 7863 en julio de 1997, por un total de $40 millones (¢17 mil millones aproximadamente), para la renovación del sistema hospitalario de la Caja.
El documento de los notables indica que se investigó el asunto porque se limita la participación de las empresas en la licitación al tener que comprar los equipos solo a empresas españolas.
Además aseguró que los equipos adquiridos fueron de mala calidad y eran inconsecuentes con las necesidades reales de la institución, sumado a que las compras se hicieron sin prever el mantenimiento y la correcta instalación.
Este estudio también resaltó que los equipos fueron adquiridos con grandes diferencias de precios entre ellos mismos, detalles presentes en el informe que presentó por aparte Rafael Carrillo, integrante de la misma comición.
DETALLES DEL PRÉSTAMO
Carrillo analizó varios préstamos que desde 1994 fueron tramitados por un monto total de $171 millones (aproximadamente ¢76 mil millones), entre los cuales está el español y el de Finlandia.
Dijo que en el primero se gastaron $37 millones en la compra de equipo. No se menciona en el informe el paradero de los $3 millones restantes.
Sin embargo, un estudio de la Contraloría General de la República (DFOE-SA-5-2003),mencionado en la edición anterior indica que mediante la Licitación Pública Internacional número LPI-97-0001 se adjudicó la compra de 3829 unidades médicas a tres empresas españolas por el monto total del préstamo.
Por otro lado, Carrillo menciona la creación de la UEPE y que los $231.128 que se les otorgaron tenían la intención de resolver los problemas de preinstalación de los equipos; pero el dinero se gastó antes de la compra de éstos.
Este informe del empresario Carrillo, menciona que cuando los equipos llegaron a los hospitales y no encontraron las condiciones adecuadas para ser instalados, tuvieron que almacenarse en bodegas o pasillos de los mismos centros de salud hasta que se diera la orden de instalarlos por parte de la UEPE. Cuando ésta por fin se dio, las garantías de los materiales habían vencido.
EQUIPOS COSTOSOS
El investigador informó de escandalosas diferencias en los precios de un mismo equipo, por ejemplo, ambulancias por las que se pagaron $54.000 (¢24 millones) y otras idénticas que se adquirieron por $14.000 (¢6 millones).
Además presentó el caso de 59 máquinas de anestesia que se adquirieron sin necesidad. Esto también lo denunció el Frente Sindical del Hospital San Juan de Dios, ante el actual presidente ejecutivo de la Caja, Alberto Sáenz Pacheco.
El documento firmado por Juan Carlos Durán Castro, presidente del Frente Sindical, adjunta una carta del coordinador de la Comisión Asesora de Anestesiología, Luis Guillermo Hidalgo Solís, donde se explica que las unidades de anestesia cotizadas tienen un costo $7.000 mayor que otras empresas, lo que en el tipo da cambio de ese momento significaba ¢106.554.000 gastados «en demasía».
Según el acta 7258 de la Junta Directiva de la CCSS, se adjudicó la licitación de las máquinas de anestesia a favor del grupo español Icuatro, por un total de $2.959.971 (¢1326 millones aproximadamente).
A mediados del 2001 la Caja solicitó a O.Fischel R y Cía, S.A. una revisión de los instrumentos de anestesia marca Datex-Ohmeda que se adquirieron mediante la intervención de ICuatro, con el dinero del crédito español. El departamento de servicio técnico de Fischel entregó un informe de las fallas, pero aclaró que no podrían emitir criterio sobre algunos aspectos pues no habían participado en la licitación.
RUTA DEL PRÉSTAMO
Según un informe elaborado por el Partido Acción Ciudadana (PAC) el crédito se negoció en el gobierno de José María Figueres con la intervención del presidente ejecutivo de la CCSS Álvaro Salas y el Ministro de Hacienda, Francisco de Paula Gutiérrez. Se aprobó en la Asamblea Legislativa el 21 de julio de 1997.
Dunia Chacón y Álvaro Fernández prefirieron no entrar en detalles sobre el crédito español, pues alegaron que es investigado por el Ministerio Público. Apuntaron que «sería recomendable que se diera a la tarea de investigar la génesis de este préstamo en donde existió un gran tráfico de influencias y un papel protagónico de una persona que ocupaba una curul en ese momento, que hizo algo muy similar a lo que hizo el Dr. Eliseo Vargas en el cabildeo de dicho préstamo y que además viajó a España a conversar con personeros de los bancos para el logro de éste…»
Al igual que Chacón y Fernández, Carrillo no citó en su informe quien podría ser esta persona, pero el Frente Sindical del Hospital San Juan de Dios, y una columna de Armando Mayorga en La Nación mencionaron a la exdiputada Karen Olsen, madre del expresidente José María Figueres Olsen, como una de las principales figuras en la gestión legislativa del crédito español, quien aparentemente viajó a España para acelerar la aprobación del proyecto y participó de la firma junto con Rose Mary Karpinsky, la embajadora de Costa Rica en ese momento.
UNIVERSIDAD trató de localizar a Olsen durante más de una semana, pero nadie contestó a los teléfonos que nos dieron en las oficinas del Partido Liberación Nacional y en la casa del expresidente Figueres (quien vive en Suiza). Incluso, en uno de los teléfonos la grabación del ICE decía que el servicio fue temporalmente suspendido por petición del abonado.
Longino Soto, entrevistado luego de una mesa redonda en la Universidad Nacional, negó conocer si Karen Olsen esta involucrada, pues alega que pudo haber estado presionando con buenas intenciones. Aseguró que el problema primordial fue traer equipos de mala calidad y esconderlos hasta que pasara la garantía.
Sin embargo, señaló la necesidad de investigar posibles comisiones («coimas»), y viajes relacionados con el préstamo.
