Informes de auditores del Ministerio de Salud cuestionan las contrataciones por más de ¢900 millones para reestructurar esa entidad.
Dos informes de la Dirección General de Auditoría del Ministerio de Salud, relacionados con la legalidad de varios contratos para reestructurar la forma en que funciona esa entidad y con el cumplimiento de este proceso, generaron una fuerte reacción entre los mandos superiores, hasta el punto de que descalifican el trabajo de los auditores.
Dichas fricciones se dan en el marco de un conflictivo cambio en el modelo de “desarrollo organizacional”, que se ha venido aplicando en ese ministerio impulsado por su jerarca María Luisa Ávila Agüero y la directora general de salud, Rossana García González, el cual no ha contado con la aceptación de una parte del personal.
“Reestructuración en Ministerio de Salud provoca efervescencia” es el título de una información amplia que publicó este Semanario el 26 de agosto pasado, en torno al malestar de numerosos funcionarios, quienes en ese entonces calificaron la reorganización ministerial de inconsulta, tecnocrática, autista y de diseño neoliberal.
Por su parte, la ministra Ávila defendió el nuevo modelo organizativo y afirmó que los detractores de los cambios eran una minoría.
El reavivamiento de las discrepancias se suscitan ahora con los dos informes entregados en diciembre pasado por la Dirección General de Auditoría, entre ellos el DGA-533-2009 (“Estudio sobre el bloque de legalidad de las contrataciones efectuadas con la
Universidad de Costa Rica (UCR) en relación con el desarrollo organizacional”).
Una segunda auditoría es la denominada DGA-534-2009 (“Evaluación del proceso de desarrollo organizacional del Ministerio de Salud”), complementaria del primer estudio.
Ambos análisis cuestionan no solo el manejo legal que ha hecho el Ministerio de Salud de los contratos firmados con la UCR, sino también las bondades del desarrollo organizacional implementado por las autoridades de salud.
Mientras tanto, las autoridades del ministerio no dudan en decir que la Dirección General de Auditoría ha hecho una evaluación errada de los contratos y “del proceso de fortalecimiento institucional”.
En este sentido, Ávila Agüero dijo que respalda los análisis que hicieron la Dirección General de Salud y la División Administrativa (oficios DA-182-2010 y DGS-141-2009, respectivamente) sobre los informes de los auditores.
La respuesta más fuerte a los cuestionamientos del equipo auditor, la dio la directora general de salud -Rossana García-, quien le atribuyó a esos funcionarios impericia, en tanto que la jerarca de la División Administrativa –Sandra Barrientos Escobar- rechazó que hubiera algún proceder ilegal, aunque se comprometió a tomar en cuenta recomendaciones para mejorar los procesos administrativos.
Por su parte, Rosi Carballo Picado, secretaria general del Sindicato de Profesionales del Sector Salud, respecto de las contrataciones hechas para la reestructuración institucional que se aplica en el Ministerio se pregunta: “¿Qué sentido tiene gastar ¢979.7 millones, con tantas necesidades de recurso humano en las Áreas Rectoras y de equipamiento moderno, en un país con problemas de desarrollo, miles de familias sin vivienda, falta de empleo?”.
INFORMES POLÉMICOS
En relación con los informes de los auditores de esa cartera que han generado polémica a lo interno, el DGA-533-2009 fue solicitado el año pasado por la ministra Ávila, mientras que el DGA-534-2009 lo gestionó la Contraloría General de la República.
De acuerdo con el informe 533, su propósito era “verificar el bloque y cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria de los contratos y convenios entre la UCR y el Ministerio de Salud”.
Para ello, la Auditoría revisó en el marco de las leyes que regulan esta materia, ocho expedientes de contrataciones directas bajo la modalidad de “contratos por excepción”, efectuadas con esta universidad entre el 2006 y el 2009. En total, los montos de los contratos con la UCR sumaron ¢979.7 millones.
En el capítulo de conclusiones, los auditores indican que “el Ministerio de Salud ha realizado una serie de contrataciones directas, las?cuales han sido denominadas Contratos y Convenios, ambas amparadas a?la figura de excepción, sin evidenciar de manera sustancial y concreta dicha?aplicación, situación que debilita lo correspondiente al control interno”.
Para la Auditoría, en las relaciones contractuales establecidas por el Ministerio de Salud con la UCR no se incluyen las debidas justificaciones que impone el reglamento de contratación administrativa, de equilibrio y razonabilidad en los precios ofrecidos cuando de contrataciones directas se trata.
“Existe ausencia de argumentación de las razones que se dieron para contratar de forma directa a la Universidad de Costa Rica para desarrollar una capacitación con el Ministerio de Salud, así como las necesidades puntuales para obviar este trámite como un proceso licitatorio”, acota el informe.
Al ahondar al respecto, precisa que al existir ausencia de precios de mercado, así como del análisis correspondiente para contratar de manera directa con la UCR, queda la incertidumbre de si se contrató al mejor precio del mercado y al mejor proveedor de este servicio.
También reprochó que en la revisión de las contrataciones, no se evidencian “indicios de que la contraparte institucional actuara de acuerdo con la sana práctica de administración, en defensa de los intereses del Ministerio de Salud, al no localizarse actas de las reuniones realizadas”.
Acerca de del estudio “Evaluación del proceso de desarrollo organizacional del Ministerio de Salud” -pedido por la Contraloría General de la República, los auditores analizaron la participación de la contraparte técnica del ministerio en la aceptación de los productos contratados y su implementación en las distintas instancias de la organización.
Uno de los aspectos que llamó la atención de la Auditoría, es la respuesta que dio Alonzo Hernández Montero –encargado de la Dirección de Desarrollo Humano- cuando se le consultó sobre su participación como parte del equipo técnico, a la hora de validar uno de los módulos de capacitación contratados.
“Debo manifestar que no tengo conocimiento de formar parte de un equipo técnico para el propósito concreto que se indica, ni he tenido participación en la revisión o validación de los contenidos de los cursos, ayudas visuales, casos prácticos resueltos, manuales u otros, tal y como se menciona”, aseguró Hernández.
El informe de Auditoría destacó lo dicho por este funcionario, ya que contradice lo expresado por la directora de salud, Rossana García, quien en un oficio sostuvo que Hernández Montero formaba parte del equipo técnico que validó uno de los módulos.
“Llama la atención las razones esbozadas por la Dra. García para desarticular los equipos de logística y técnica, a los cuales les correspondía -entre otros aspectos- coordinar lo referente al curso ante las instancias respectivas que se encargan de dar el aval”, puntualizan los auditores.
Los pasos que se siguieron para impartir el citado curso fueron reprochados por la Dirección de Auditoría, ya que la directora García González no coordinó con la instancia de la Dirección General de Servicio Civil, encargada de aprobar los contenidos y así reconocerlo para efecto del pago de escalafones salariales. Como consecuencia de esto, las personas que participaron en este curso no pudieron recibir la retribución económica.
Por otra parte, para medir los alcances de las asesorías contratadas por las autoridades de Salud con la UCR, los auditores hicieron muestreos entre funcionarios de las direcciones regionales, las áreas rectoras de salud y las sedes regionales.
Como resultado, obtuvieron que “un 65 % del total de los funcionarios de las áreas visitadas, manifestaron que a la fecha de la realización de la consulta (agosto-2009), no han recibido “capacitación” alguna de lo indicado en dichos productos y que desconocen las razones (…). Como consecuencia de ello el proyecto de Desarrollo Organizacional se ve
debilitado en vista de que los funcionarios que intervienen en los diferentes procesos requieren estar capacitados para desarrollar la parte operativa en las mejores condiciones”.
“HUBO IMPERICIA”
Al refutar lo manifestado por los informes, la directora de salud -Rossana García- enumeró en un oficio que dirigió a la ministra Ávila los atestados profesionales de cada uno, para concluir que “ninguno de los auditores que participó en el estudio cuenta con la formación básica ni con experiencia acreditada en los ámbitos sustantivos atinentes al estudio, ni se evidencia en el informe que hayan solicitado el apoyo técnico requerido”.
Tras atribuirles “impericia”, comentó que “los auditores “prefirieron” basar sus conclusiones y recomendaciones, sobre la base de una revisión incompleta y poco exhaustiva de los documentos existentes y en apreciaciones recabadas mediante entrevistas y solicitudes de información escrita”.
Asimismo, considera que “la Dirección General de Servicio Civil no cuenta con argumentos legales válidos para insistir en no reconocer los títulos otorgados por la Universidad de Costa Rica, para efectos del pago del incentivo de carrera profesional a los funcionarios del Ministerio de Salud que han completado satisfactoriamente este curso”.
García González instó a la Ministra a “no acoger las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna por improcedentes, al no contar con el fundamento y la objetividad requeridas (…) y (…) solicitar una investigación para determinar si existen causales de responsabilidad administrativa de la Auditora, los funcionarios que realizaron el estudio y el jefe que lo avaló”.
Mientras tanto, la directora de la División Administrativa, Sandra Barrientos Escobar, adujo que la relación contractual entre el Ministerio de Salud y la UCR “se ajustó plenamente a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento”.
No obstante, anunció que “esta Dirección, consciente de la importancia del Control Interno como herramienta para salvaguardar el Patrimonio Institucional, continuará articulando con la Dirección Financiera, Bienes y Servicios, para que sigan revisando y aplicando los procesos de Control Interno y de Mejoramiento Continuo en los Procesos de Gestión de Bienes y Servicios y de Gestión de Recursos Financieros, todos productos del Proceso de Desarrollo Organizacional”.
Barrientos también reconoció que “se utilizó indistintamente los nombres de convenio, contrato o contratación directa, en las diferentes actividades contractuales analizadas en el Informe DGA-533-09, pero todas siempre fueran realizadas con base en la normativa establecida”.
Además, propuso “ordenar el estudio correspondiente de la contratación CD-000062-2009, dado que la misma se ejecutó sin cumplir con los requisitos exigidos por Ley, al darse su ejecución sin contar con el contenido presupuestario correspondiente, por lo que es recomendable identificar al responsable de autorizar esta acción”.
Entretanto, la secretaria general del Sindicato de Profesionales del Sector Salud, Rosi Carballo Picado, al fustigar la reestructuración aplicada, dijo que “felicitaciones merecen todos los funcionarios y funcionarias, unos directamente afectados, otros menos afectados pero solidarios, por demostrarle a las autoridades con su silencio, con el clima organizacional frío y sin entusiasmo, que sus agresiones, imposiciones y persecución a quien se opone a esa extraña organización, donde la conducción y la comunicación para lograr los valores institucionales: salud como cultura de vida y trabajo, liderazgo, compromiso, efectividad, plasmados en el marco conceptual del Ministerio de Salud rector, brillan por su total y absoluta ausencia”.
Carballo agregó que “no creo que el marco conceptual de la rectoría y la producción social de la salud pueda irradiarse hacia la población tratando así al personal y a las organizaciones sindicales, y sin el concurso de diversas disciplinas trabajando en equipo con los diversos actores sociales”.
Respecto de los contratos con la UCR, opina que “no es lo mismo un Convenio de cooperación entre ambas instituciones, que una contratación directa a un grupo dentro de la universidad (sin posibilidades para otros de competir por la contratación), utilizando como justificación que esas unidades académicas tienen el prestigio en el tema contratado. Hasta donde se conoce, los contratados tenían nombre y apellidos, fueron ganancias para ellos, no
para las unidades académicas ni el resto de los docentes y sus proyectos”.
Ministra de Salud:
Los auditores debieron buscar asesoría
Para la Ministra de Salud, María Luisa Ávila Agüero, los funcionarios de la Dirección General de Auditoría debieron buscar un buen asesoramiento a la hora de investigar sobre las contrataciones hechas a la Universidad de Costa Rica y la aplicación de los cambios en el modelo de desarrollo organizacional.
Ella defendió la calidad de los servicios contratados a la UCR y el éxito de la reestructuración promovido en ese ministerio. Así respondió a preguntas de este Semanario.
¿Acepta o rechaza -totalmente o parcialmente- los informes 533 y 534 de la Auditoría Interna?
-Acepto parcialmente el DGA-533-2009 y rechazo totalmente el DGA-534-2009, con base en los análisis contenidos en los oficios DA-182-2010 y DGS-0141-10 (elaborados por la Dirección General de Salud y la División Administrativa).
¿Por qué razones usted solicitó a la Dirección General de Auditoría el estudio de los contratos?
-Por la importancia que tiene para el Ministerio de Salud y para la salud de la población, la ejecución exitosa del “proceso de desarrollo organizacional”, y no solo del `proyecto de desarrollo organizacional´, ya que eso es algo que la gente ha venido confundiendo. Nosotros no hemos impulsado un desarrollo organizacional (DO), hemos conducido un proceso de fortalecimiento institucional, que incluye un DO; pero, no es lo único: está la contratación de más personal, de recuperar infraestructura, de adquirir equipo, tecnología, actualizar flotilla vehicular, posicionar valores, etc.
De acuerdo con los auditores, el Ministerio de Salud nunca justificó debidamente la necesidad de contratar directamente a la Universidad de Costa Rica, para que hiciera los estudios relacionados con el plan de Desarrollo Organizacional, y tampoco demostró la razonabilidad de precios al pactar estos contratos. ¿Por qué el Ministerio de Salud no hizo -con argumentos concretos- esta valoración señalada por la Auditoría?
-Porque la actividad contractual realizada entre la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Salud -según lo establece la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento en sus artículos 2 y 130, respectivamente-, fue ejecutada entre entes de derecho público, lo cual se constituye en una excepción de pleno derecho, y por ende no requiere de los procedimientos del concurso. Por otro lado, queremos contar con los mejores, y esos sin duda son los de la UCR, que además ha apoyado al MS en múltiples proyectos y ha sido uno de nuestros principales socios estratégicos en estos 4 años. De hecho, yo he sido quizá la Ministra que más veces ha ido al Consejo Universitario a exponer lo hecho en el MS.
De tener razón los auditores en sus informes, quienes ocupan las instancias de Dirección en ese ministerio se preocupan poco de apegarse a las normativas. ¿Servirán dichos estudios para mejorar las debilidades señaladas y los procedimientos administrativos que se deben seguir en materia de contratación y de gestión administrativa?
-No tienen razón los auditores, tal como se expone ampliamente en los oficios DA-182-2010 y DGS-0141-10 avalados por este Despacho. Creo que las auditorías de las instituciones tienen que ser más proactivas y más objetivas, como muchas veces lo ha señalado la misma Contraloría.
Si las más altas autoridades de ese ministerio descalifican el trabajo de su órgano auditor, ¿de quién es la responsabilidad por contar con funcionarios que destacan por su “impericia” y falta de idoneidad?
-Como lo establece el Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público -elaborado por la Contraloría General de la República- en el inciso 1.3.1.1, “el auditor interno debe gestionar asesoramiento competente y asistencia si su personal carece de los conocimientos, las aptitudes u otras competencias necesarias para llevar a cabo los trabajos”. El tema es muy complejo y por ello se requiere gente con idoneidad. No por ser auditores se es experto en todo los temas y el mismo manual así lo prevé; por supuesto, en otros aspectos si son idóneos y con la pericia necesaria. Pero, en este caso -como se evidenció en los documentos adjuntos- no lo han sido.
¿Continúa como directora general de salud doña Rossana García?
-Sí, la Dra. Rossana García continúa como Directora General de Salud con toda mi confianza y respaldo; es una funcionaria de experiencia, ha ocupado previamente la DGS y tiene una maestría en gerencia que la hace idónea para el puesto que ocupa.
El director de Desarrollo Humano, Alonzo Hernández, dijo a los auditores: “[…] debo manifestar que no tengo conocimiento de formar parte de un equipo técnico para el propósito concreto que se indica, ni he tenido participación en la revisión o validación de los contenidos de los cursos, ayudas visuales, casos prácticos resueltos, manuales u otros, tal y como se menciona en el inciso e)”. ¿Cómo es que una persona con un cargo estratégico como este, no participa en el proceso de cambio y desarrollo organizacional de ese ministerio?
-El Lic. Alonzo Hernández ocupó la Dirección de Desarrollo Humano a partir de su implementación en diciembre del 2008 y sí ha participado en el proceso de desarrollo organizacional de este Ministerio, desde antes de ocupar ese cargo. La respuesta aportada por el Lic.. Hernández corresponde a una pregunta puntual que, sobre un proceso concreto y puntual, le indagó la Auditoría. No es adecuado sacar de contexto partes del informe.
