Denuncian desmantelamiento del SENARA por intereses económicos

El gobierno de la presidenta Laura Chinchilla pretende despojar al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) de su Dirección de Gestión

El gobierno de la presidenta Laura Chinchilla pretende despojar al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) de su Dirección de Gestión Hídrica (DIGH), para allanar el camino a los desarrollos inmobiliarios que han visto en los criterios técnicos de esta entidad un estorbo.

Así lo denuncia la Asociación de Empleados del SENARA (ASES) y una serie de organizaciones ambientalistas, que ven con preocupación el que se quiera trasladar las competencias de la Dirección de Gestión Hídrica, al Departamento de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET).

Además, fustigan que el Gobierno pretenda contratar al reconocido abogado Fabián Volio, para que sea él quien “aclare” los alcances y potestades que tiene el SENARA en el marco de la ley, a pesar de que esto ha sido abordado ya por la Sala Constitucional y la Contraloría General de la República.

 

CAMBIOS HEREDADOS

La intención de desarticular la Dirección de Gestión Hídrica del SENARA, ha sido latente desde la recién pasada administración Arias Sánchez, la cual emitió dos decretos ejecutivos sobre la perforación de pozos.

UNIVERSIDAD publicó en el 2009 la molestia de varios sectores, por la intención del Gobierno de trasladar las competencias del SENARA al MINAET, con el pretexto de “integrar” la gestión del recurso hídrico en el país.

Esta semana organizaciones como la Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia, Bosques Nuestros, Confraternidad Guanacasteca, Fundación Neotrópica, Preserve Planet, y Unión por la Vida (UNOVIDA), expresaron nuevamente su malestar por el intento de desmantelar al SENARA.

Para los ambientalistas firmantes del manifiesto, este cambio se quiere realizar debido a  la independencia de criterio que han mostrado los técnicos del SENARA, ante temas polémicos y de interés para el Poder Ejecutivo, como el caso del proyecto minero en Las Crucitas y el acueducto en Sardinal.

“La Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA ha demostrado un estricto apego a la ética profesional, buscando hacer prevalecer el interés colectivo sobre el interés privado o de unos pocos. A diferencia de otras entidades estatales, las cuales, en los últimos años, defienden intereses privados en detrimento de los intereses de las comunidades, con base en estudios técnicos de dudosa procedencia o muy aproximativos”, señala el documento.

Para los ambientalistas, el daño que causó la empresa Autopistas del Sol al acuífero de Barva en la construcción de la carretera San José-Caldera, demuestra la negligencia de las autoridades del MINAET a la hora de fiscalizar este tipo de proyectos.

También recordaron la persecución que se produjo contra los expertos del SENARA,  por contradecir la posición oficial de Acueductos y Alcantarillados, así como del MINAET en el tema del acueducto de Sardinal.

“En el caso del Parque Marino Las Baulas, fue un informe de la DIGH de SENARA la que, contrario a lo afirmado por el mismo Gerente de SENARA ante la Sala IV, permitió que esta suspendiera proyectos que afectan el acuífero”, puntualizan los ambientalistas en el comunicado.

Recordaron también que fue la DIGH en un estudio del 2007, la que advirtió de la sobreexplotación del acuífero de Barva, del cual se abastece el 70% de la población del Valle Central, y criticaron la falta de preocupación que muestran otras entidades estatales en este tema.

“Apoyamos sin reserva que las atribuciones de esta DIGH y de SENARA se mantengan y sean consolidadas, tal como decisiones de la Sala IV y de la Contraloría General de la República lo establecen, y hacemos desde ya un vehemente  llamado a que otras organizaciones del país se lo hagan saber a las autoridades”, concluye el documento.

CONTRATACIÓN INNECESARIA

Por otra parte, para la Asociación de Empleados del SENARA (ASES), otro aspecto preocupante tiene que ver con la decisión de la junta directiva de la institución, de contratar al abogado constitucionalista Fabián Volio para que valore y dictamine las competencias que tiene la entidad.

La propuesta para esta contratación fue planteada por la ministra de Agricultura, Gloria Abrahams, durante una sesión de junta directiva del SENARA el año anterior.

Según la ASES, en la minuta de una reunión entre funcionarios de AyA, MINAET y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio -el pasado 2 de marzo-, con la ausencia de un representante de SENARA se comentó que la contratación de Volio se había complicado por los cuestionamientos del sindicato.

La contratación la realizaría ahora directamente el MINAET, a pesar de que la Contraloría, la Defensoría de los Habitantes y la Sala Constitucional ya se han pronunciado al respecto.

“El sindicato pone en duda si el MINAET podría contratar al Lic. Volio sin que los jerarcas puedan ser acusados de desvío de recursos, porque las consultorías legales deben atender aspectos de competencia del MINAET, y no que se despilfarren en análisis de la ley de SENARA, cuando ya existen suficientes criterios al respecto”, reprochó la ASES.

De acuerdo con el sindicato, la Contraloría recomendó que las dudas fuesen consultadas a la Procuraduría General de la República como corresponde; pero, hasta el momento,  ningún jerarca ha realizado esta gestión.

“Lo que se quiere es el desmantelamiento de SENARA, porque el poder económico es muy fuerte y lo que menos les importa es Costa Rica,” increpó la organización.

PERSECUCIÓN

El integrante de la ASES, Miguel Ramírez, comentó a UNIVERSIDAD  que en el SENARA se ha optado por perseguir a los funcionarios con criterio independiente, como es el caso del director de la DIGH, Carlos Romero, a quién abrieron un órgano director para investigarlo.

Ramírez, a quien también se le abrió un proceso por ir a exponer ante la Sala Constitucional los criterios técnicos contrarios al proyecto Crucitas, considera que estas investigaciones son para amedrentar a los funcionarios y silenciarlos.

El sindicalista denunció que ya han empezado a trasladar del SENARA al MINAET, los expedientes de perforación de pozos, como parte del desmantelamiento de la institución.

“SENARA se ha convertido en la piedra en el zapato de muchas instituciones; por eso es que quieren debilitar la institución, quitándole las potestades a la DIGH y dejando a SENARA como un ente meramente consultivo”, denunció Ramírez.

“Los compañeros de la DIGH se han pronunciado con ética y profesionalismo; como funcionarios públicos solo quisieron hacer que la ley se cumpla”, añadió.


 

Allan Astorga:

Al SENARA le están cobrando ser técnicos e independientes

Para el especialista en evaluación de impacto ambiental y profesor de la Universidad de Costa Rica, Allan Astorga, al SENARA se le quiere reducir su marco de acción por los criterios independientes y técnicos que ha presentado en temas polémicos.

“El criterio de SENARA fue contrario a lo que fue planteado en Sardinal y Crucitas; esa dirección mantuvo su criterio de que se requerían estudios técnicos muy detallados. Políticamente les están cobrando esos criterios”, aseveró Astorga.

A su parecer, el papel del SENARA se volvió relevante en el momento en que la Sala Constitucional indicó que sus pronunciamientos técnicos son vinculantes, lo que se ha convertido en obstáculo para el desarrollo de algunos proyectos.

En relación con esto último, explicó que con la expansión inmobiliaria, muchas fincas en el Valle Central se compraron para grandes proyectos, pero no tenían fuentes de agua, por lo que los desarrolladores optaron por perforar pozos y el SENARA tuvo que intervenir.

“Tenemos un escenario donde una entidad técnica está poniendo claras las reglas del juego, y eso no le gusta a un sector que tiene intereses muy claros en que haya menos regulaciones”, lamentó Astorga.

Agregó que es “peligroso” que el MINAET absorba todas las potestades de las diferentes instituciones relacionadas con el recurso hídrico, ya que se puede convertir en  un “superministerio” dentro del propio Ministerio.

“Ya tenemos suficientes problemas con un MINAET al que le recargaron el tema de telecomunicaciones, y donde el tema ambiental está totalmente relegado, porque el enfoque está más bien en el desarrollo energético”, advirtió Astorga.


 

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