APSE, ANDE, SEC y el Foro de Occidente prometieron “paralizar el país” en una huelga general el 25 de junio; ANEP no participó aludiendo “diferencias irreconciliables” en cuanto a la reforma procesal laboral y la ley de incentivos médicos”.

Pese a que persiguen objetivos comunes, las diferencias ideológicas y personales en el movimiento sindical de Costa Rica parecen estar conspirando contra su propia gestión social, una paradoja en un momento en que el país experimenta una profunda crisis política y que el anuncio de nuevas protestas toma fuerza.

Las divisiones entre algunos dirigentes del movimiento han salido nuevamente en medio de un intercambio de fuertes críticas, que más que unirlos ante “proyectos estratégicos”, los separan, “favoreciendo al enemigo común”,  según han dicho ellos mismos.

Con el epíteto de “nostálgicos de la era soviética”, Albino Vargas, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), alzó su voz contra las críticas de otros sectores sindicales como la Central General de Trabajadores (CGT) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), que lo han enfrentado públicamente por su apoyo a la Reforma Procesal Laboral y por su oposición a la Ley de incentivos médicos.

Debido a estas diferencias de criterio, la ANEP desistió de participar en la pasada huelga general del 25 de junio o de lograr amalgamar un acuerdo con sus pares sindicales en la negociación salarial, la cual terminó fijándose por el Ejecutivo mediante decreto.

Sin embargo, la misma ANEP ha sido protagonista de sus propios roces internos cuando en el marco de las elecciones para designar al Secretario General en setiembre del 2011, el entonces candidato al cargo, Héctor Cerdas, cuestionara el proceso electoral y acusara a Vargas —quien se reeligió en el cargo— de influir en la organización.

“Nos consideramos un sindicato clasista, ciudadano, pero algunos colegas asocian este término a determinadas ideologías, enfocados en cómo se entendía el sindicalismo en épocas de la guerra fría”, manifestó Albino Vargas.

Según Vargas, Costa Rica debe replantearse su posición hacia la búsqueda del bien común, pues después de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el país experimentó con más fuerza, un crecimiento de la desigualdad, la concentración de la riqueza y el desdibujamiento de sus clases medias, por lo que clamó por un movimiento social de amplia base y tolerante a la diversidad.

“Hay colegas sindicalistas que se creen dueños de la verdad absoluta. Algunos son nostálgicos de la era soviética y pensar distinto es un acto de traición. Los marcos corporativos y gremialistas clásicos no dan para ese acercamiento con la gente”, agregó Vargas.

Por su parte, Mariano Rodríguez, Secretario General de la APSE, aseguró que, aunque hay puntos en común, el desacuerdo con la ANEP es profundo y está relacionado con la “interpretación de la aspectos como la Reforma Procesal Laboral y la Ley de incentivos médicos”.

“No tenemos en particular nada contra ninguna organización sindical. Tenemos diferencias por el fondo, pero eso no significa que sean de carácter personal. No vamos a caer en el jueguito del Gobierno de dividirnos, sino de trabajar en un bloque unitario, de cara a las grandes luchas políticas y reivindicaciones de los trabajadores costarricenses”, afirmó.

Por su parte, el politólogo y abogado Francisco Barahona afirma que el sindicalismo en Costa Rica está debilitado no solo por sus diferentes perspectivas ideológicas y personales, sino porque, en los últimos 30 años, el país ha violado los derechos sindicales establecidos en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (ver nota aparte).

PUNTOS DE DISCORDIA

Son dos aparentes fisuras, pero de una profundidad tal que prácticamente hacen que la ANEP y las demás organizaciones gremiales proclamen sus luchas sociales en aceras opuestas.

Se trata de la Ley 6836 de Incentivos Médicos, y la Reforma al Código Procesal Laboral.

La ANEP ha manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo a la Ley 6836, una ley especial que regula lo concerniente a los salarios de médicos, odontólogos, farmacéuticos, microbiólogos, enfermeras, nutricionistas, veterinarios y psicólogos clínicos, según la cual en el artículo 12 establece “un enganche” que, ante un incremento salarial del Gobierno Central, este automáticamente repercute en el salario base del personal médico.

“No es posible que si un policía de la fuerza pública tenga mil pesos de aumento salarial, repercuta casi en 4 mil colones en el salario de los médicos. Los guardas de los colegios públicos, técnicos, secretarias y choferes no pueden tener sus propias reivindicaciones salariales porque tienen por encima el cuchillo de la ley salarial médica”, criticó Vargas.

Por su parte, Mariano Rodríguez de la APSE se mostró a favor de la ley por cuanto combatirla puede “sentar un precedente peligroso para otros gremios”.

“Hemos hecho un análisis muy cuidadoso. No nos podemos majar la manguera entre bomberos, sin verlo en contexto”, mencionó.

Por su parte, Carlos Cabezas, de la CGT, criticó que las posiciones de la ANEP  “no parecen favorecer a la colectividad de trabajadores”.

“Hay coincidencias y diferencias. Al romper huelgas, (Vargas) está fortaleciendo las posiciones adversarias, eso es muy peligroso. Son los mismos argumentos que tiene el Gobierno”, afirmó Cabezas.

El otro punto de desencuentro remite a la Reforma Procesal Laboral, un proyecto aprobado por unanimidad, pero vetado parcialmente por la Presidenta Chinchilla en octubre del 2012, en particular los artículos relacionados con la realización de huelgas en los servicios públicos.

“No estamos de acuerdo con las huelgas en los servicios públicos esenciales, en ANEP estamos a favor de la Reforma procesal laboral”, aseguró Vargas.

Sin embargo, la APSE y la CGT rechazan de manera integral la reforma, por cuanto esta, al incluir la figura de los arreglos directos y los comités permanentes, “fortalece la instancia patronal por encima del derecho sindical”, mencionó Carlos Cabezas.

“Las huelgas se permiten con un plan mínimo. Sabemos que es un tema delicado en el sector salud, pero no vamos a permitir que se prohíban tal y como está proponiendo la reforma, porque es un derecho que tienen los trabajadores. Se sentaría un precedente muy malo el prohibirlas”, aseveró Rodríguez.

Francisco Barahona: “El sindicalismo está debilitado”

El sindicalismo está tremendamente debilitado, no solo por sus diferentes perspectivas ideológicas y personales, sino porque en los últimos 30 años el país ha violado los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente en el sector privado, afirmó el politólogo y abogado, Francisco Barahona.

En  su opinión, el apoyo a figuras como el solidarismo es una estrategia para debilitar al sindicalismo “confrontativo reivindicativo de los derechos de los trabajadores”.

“Yo no veo, de cara a febrero, verdaderas alternativas de cambio, una satisfacción de la ciudadanía para que ella se sienta amparada participando en la solución de los problemas” afirmó.

“En la clase política, los precandidatos pueden intuir la profundidad de la crisis, están muy amarrados y enfocados en no asustar a nadie —para que les llegue la mayor cosecha de votos—, mientras que en los grupos sociales no hay madurez suficiente y no tienen articulación”, agregó.

Para Carlos Cabezas, de la Central General de Trabajadores, el sindicalismo “históricamente tiene toda la vida de estar dividido”.

Por su parte, Albino Vargas subrayó que en las reformas sociales de los años 40, hubo un traslape de ideologías “entre Pepe Figueres, la Iglesia y Manuel Mora (comunismo)”.

“Pepe tomó el poder con el apoyo de los oligarcas de la época y no derogó el Código de Trabajo. En Costa Rica, fuimos un sancocho de ideologías y fuimos una sociedad exitosa, para derrotar al capitalismo neoliberal, usted no lo va a hacer con posiciones sectarias, excluyendo al que no piensa como usted, esta diferencia no nos ayuda, fortalece al enemigo”, concluyó.