La organización sindical en el seno de la Imprenta Nacional fue considerada como un “riesgo” por el TSE. (Foto: Katya Alvarado)

La “amenaza de paro de labores” por parte de los empleados de la Imprenta Nacional es uno de los argumentos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para decidir que las papeletas para las próximas elecciones presidenciales y de diputados no sean elaboradas en la Imprenta Nacional, como se ha acostumbrado desde hace varias décadas.

Esa decisión quedó consignada en el acta No. 11-2013 del pasado 24 de enero, en la cual el Tribunal acogió las recomendaciones plasmadas por el director general de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, Héctor Fernández, en el oficio DGRE-027-2013 del 22 de enero.

En ese oficio −del cual UNIVERSIDAD obtuvo una copia−, Fernández fundamenta la decisión para elegir a la empresa transnacional RR Donnelley en que en el pasado “durante el proceso de  impresión de papeletas hemos tenido presente la amenaza de paro de labores por parte de funcionarios de la Imprenta Nacional”.

Recordó que ello ocurrió durante el proceso de cara a la elección nacional de febrero del 2010, “en la que los obreros paralizaron la impresión de papeletas por varios días, con el fin de obtener la entrada en vigor de una convención colectiva por parte de autoridades del Ministerio de Trabajo, riesgo del que no estaría exento un futuro proceso de impresión de papeletas en esa Imprenta”.

Sin embargo, el documento también destaca que la oferta recibida por RR Donnelley fue más barata que la de la Imprenta Nacional, con el valor agregado de que la transnacional empacará las papeletas según tipo de elección y junta receptora (ver recuadro).

La Imprenta Nacional adujo que no podía ofrecer ese servicio, pues “no cuenta con el recurso  humano” necesario, según se cita en un oficio del director general de la Imprenta, Jorge Luis Vargas.

Cabe recordar que desde diciembre del 2011 UNIVERSIDAD abordó el tema de las críticas suscitadas contra el TSE, cuando decidió alquilar una bodega en la Zona Franca Hacienda San Rafael precisamente para guardar el material electoral.

Héctor Fernández manifestó  a UNIVERSIDAD que la necesidad de buscar un nuevo proveedor del servicio de impresión de papeletas se debe a que para las elecciones municipales del 2016 se incluirá a concejales de distrito, regidores y alcaldes, por lo que el TSE contará con menos tiempo para organizar una elección mucho mayor. Así, se decidió hacer la contratación desde ahora, para probar al nuevo proveedor en un escenario en que se trata solo de dos tipos de papeleta.

Acerca del riesgo que para el TSE representa el sindicato de la Imprenta Nacional, Fernández dijo que ha estado involucrado en los procesos electorales desde 1994 y “prácticamente en todos siempre hubo una amenaza de paro; la única vez que se concretó fue en las últimas municipales, con un paro de dos o tres días, lo cual nos agrega presión cuando estamos contra el tiempo”.

Sin embargo, aclaró que la razón “fundamental” para no escoger a la Imprenta Nacional es que esta no ofrece el citado servicio de empacado de las papeletas −según tipo de papeleta y junta receptora−, además de que no cuenta con una rotativa, sumado a que el precio ofrecido aumentó “casi un 100%” de lo que se pagó en el 2010.

Por ahora –agregó− no se ha concretado la contratación de RR Donnelley, pues se cumple con trámites administrativos internos del TSE.

Sobre la seguridad del material electoral, expresó que al considerar las diferentes ofertas se valoró la obligación de permitir al personal tanto del TSE como de la Fuerza Pública, tomar el control del sitio de producción para vigilarla, entre otras medidas. “La seguridad será la misma que hemos tenido en la Imprenta Nacional”, aseveró.

LIBERTADES SINDICALES

Por su lado, el director de la imprenta −Jorge Luis Vargas− al ser consultado por UNIVERSIDAD lamentó la decisión y destacó que “no nos toman en cuenta ni siquiera como respaldo si ocurriera una emergencia, sino que escogen a una imprenta del ICE”.

Tras destacar que la Imprenta Nacional  tiene 41 años de hacer las papeletas y de “ser parte activa del proceso democrático”, a lo largo de los cuales se ha logrado “una enorme pericia en el campo”, alegó que “nunca ha habido problemas de seguridad”, ya que la Imprenta Nacional “prácticamente pasa (en periodo electoral) a manos del TSE; esto se llena de oficiales de seguridad, tanto de la policía administrativa como distintas unidades especialidades de la Fuerza Pública”.

Vargas añadió que el TSE nunca externó quejas luego del proceso electoral del 2010.  No obstante, aseveró que “no se puede tapar el Sol con un dedo: es cierto, en alguna oportunidad el grupo sindical se ha valido de esa oportunidad para lograr algunas prebendas o logros; pese a que ha habido conatos de huelga, la verdad es que siempre los empleados han cumplido con el trabajo. Hay sentimientos encontrados entre los funcionarios”.

Por otra parte, lamentó que no fue notificado de lo resuelto por el TSE, ni le devolvieron sus llamadas al respecto; “fue al consultar la web del TSE que me percaté de la decisión”.

Una posición muy diferente ofreció Susan Quirós, secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), sindicato con presencia en la Imprenta Nacional. Ella salió al paso de la versión de que el grupo sindical sea un “riesgo”.

“Es una barbaridad que se penalice a una empresa pública precisamente porque sus trabajadoras y trabajadores hacen ejercicio de un derecho fundamental como el de huelga, que es tutelado en la Constitución Política y varios convenios internacionales”, reclamó.

Quirós llamó la atención al hecho de que se menciona precisamente “una huelga a la que los trabajadores se vieron obligados a ir para lograr una convención colectiva, que es el instrumento por excelencia de la clase trabajadora para hacer valer sus derechos”.

Piensa que “todo esto no es gratuito; apunta a debilitar la institución, para llegar a justificar el cierre técnico”. Hizo ver que se requiere con urgencia una serie de reformas legales “que garanticen el funcionamiento de la institución, como una ley que establezca la obligación de algunas instituciones de hacer su papelería en la Imprenta Nacional o una reforma que amarre el hecho de que La Gaceta le corresponde a la Imprenta Nacional, aun cuando es digital”.

Por otra parte, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) −que también tiene presencia en la institución− emitió un pronunciamiento al respecto, en el que condenó la decisión del TSE y le atribuyó “un matiz político de corte antiobrero”.

A su parecer, hay un “cobro de factura por las acciones sindicales de otros momentos electorales, cuando la lucha social y laboral del personal reivindicó aspectos importantes de su dignificación profesional y técnica”.

Al cierre de esta edición, en la Imprenta Nacional se informó que presentaron un recurso de reconsideración ante el TSE.

Papeletas transnacionales

Según el oficio DGRE-027-2013, el TSE buscó cotizaciones para la elaboración de un total de 7.490.000 papeletas, las cuales se desglosaron en 3.570.000 para Presidente y Vicepresidente (más 175.000 de muestra), así como idéntica suma para diputados y sus muestras.

La oferta de la Imprenta Nacional alcanzó los ¢214 millones, mientras que la de RR Donnelley ¢135.823.660, incluido el empaque de las papeletas según tipo de elección y junta receptora.

Fernández argumentó que RR Donnelley −al tener una máquina rotativa que imprime en el sistema offset− ofrece ventajas tecnológicas de cara a las elecciones municipales del 2016, cuando según dijo podría haber unas 40.000 candidaturas para los diferentes puestos en todo el país.

De acuerdo con la información disponible en Internet, el origen de la empresa que elaborará las papeletas en Costa Rica se remonta a 1864 en Chicago, Estados Unidos,  en donde se fundó RR Donnelley & Sons.

La empresa incursionó en el mercado de publicaciones masivas, cuando en los años 20 empezó a imprimir las revistas Time y Life. En el 2004 se fusionó con la empresa del ramo Moore Wallace.

Sus operaciones en Centroamérica se iniciaron en 1961 en Guatemala, un año más tarde en El Salvador, en 1965 en Costa Rica y en Honduras en 1989.