La Defensora de los Habitantes, Monserrat Solano, considera que el país tiene aún mucho que avanzar en la educación de los derechos humanos y alega que el virtual colapso del sistema judicial deviene, en parte, de que el sistema legal costarricense apostó por resolver los problemas sociales del país con las penas de cárcel.

Solano abogó, además, por ampliar el proceso de diálogo entre finqueros, indígenas y Gobierno en torno a la propiedad del territorio indígena Salitre. A continuación, un extracto de la conversación que sostuvo con UNIVERSIDAD.

¿En Costa Rica se ha utilizado el tema del derecho humano como un comodín discursivo?

–A veces siento que sí. A veces siento que se habla de derechos humanos y se cita una convención solo porque es muy linda y hay que citarla, y no necesariamente se desgrana en verdaderas obligaciones por parte de las instituciones del Estado. Un ejemplo claro: el derecho a la salud. El derecho a la salud sí se invoca frente a la Sala Constitucional, pero en términos de política pública tiene que ser traducido en los estándares del contenido a los derechos a la salud que son: accesibilidad, adaptabilidad y calidad del servicio; esos son temas de derechos humanos.

Cuando la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) le niega el acceso a los servicios básicos de salud de una persona es un tema de derechos humanos. Es una violación de derechos humanos, según el Derecho internacional. Va más allá de una mera política pública casi voluntaria del Estado, pasa a ser una verdadera obligación del Estado.

En la última década, miles de personas han tenido que recurrir a un recurso de amparo para obtener atención médica de la Caja. ¿Cómo se plantea abordar ese tema?

–Es un tema complejo que tiene que ver con recursos y que merece una respuesta interinstitucional. En primer lugar, no es posible que la gente tenga que seguir esperando un recurso de amparo de la Sala Constitucional. Más del 90% de los casos que llegan a los amparos de la Sala Constitucional son por la CCSS. Es una judicialización de la salud. Significa que hay una verdadera violación por parte del Estado de traducir en política pública sus obligaciones, y estamos esperando a que llegue al nivel judicial.

¿Tiene planes la Defensoría para tratar de sensibilizar a las autoridades o buscar un mecanismo práctico?

–Ya hay un proyecto, una comisión institucional para desjudicializar la salud. El gran problema, por ejemplo, es ortopedia.

Ortopedia es, del total de reclamos, el 90% o más. Ahí lo que puede hacer la Defensoría es supervisar que se tomen acciones efectivas para reducir el problema. Hay una inercia increíble, es necesario asegurar el acceso a especialistas fuera de la Gran Área Metropolitana, hay muchísimos intereses de por medio…

Se ha consolidado el fenómeno de un grupo de diputados que legislan amparados en pensamientos religiosos. ¿Cuál es su perspectiva de ese proceso que se ha ido radicalizando?

– Es un poco complicado, hay ciertos temas en los que uno puede tener una discusión, pero cuando uno se enfrenta a un dogma la discusión se acaba. Yo parto de la creencia, la buena fe y la esperanza de que el tema de derechos humanos es un tema al que nadie en sana conciencia puede oponerse, y eso es un avance para el diálogo.

En algunas conversaciones ha habido diputados que me han dicho, por ejemplo, del tema de poblaciones LGBT que ellos no están en contra de reconocerles los derechos, que prácticamente lo que estarían en contra es de ponerle un “título” a las relaciones de pareja. Ahí hay dónde comenzar a conversar.

En el Derecho internacional no se ha logrado crear una obligación como tal de llamar las relaciones de parejas entre el mismo sexo de una manera u otra. Lo que sí hay es una obligación de combatir la discriminación.

En fecundación in vitro, el tema es que hay una sentencia judicial; el país se comprometió a respetar y tiene que respetarlo.

Existen etnias prácticamente invisibles para los habitantes de la GAM cuyos derechos están siendo vulnerados a vista y paciencia del Gobierno y de la Fuerza Pública, como la comunidad indígena de Salitre. ¿Cómo se plantea abordar este tema?

–La Defensoría ha tomado un papel preponderante en reaccionar frente a los hechos de violencia y también cómo ha sido la acción del Estado. Los hechos que suceden en Salitre a mí me preocupan particularmente porque son un conflicto que une hechos de violencia con una violencia que, además, está tomando tintes étnicos. Además, hay conflictos dentro de los mismos indígenas, de los indígenas con los no indígenas, los indígenas con el Estado y los no indígenas con el Estado. Cierto, hay un problema de tierras, pero yo creo que el conflicto ha revelado causas que van más allá del problema de tierras: es un problema de discriminación, de falta de conocimiento, de relación entre indígenas, no indígenas y Estado.

Hay una confianza que debe establecerse con el reconocimiento de una serie de problemas de discriminación que van más allá del problema de tierras de Salitre de los últimos meses, que tiene que ver con décadas.

Suena muy fuerte. Me han dicho que el presidente Luis Guillermo Solís ha pedido perdón en las comunidades, pero lo que hace falta es solicitar perdón en representación del Estado y de la sociedad a esa negación y exclusión de la asistencia misma del indígena.

Otro de los graves problemas de los derechos humanos es el tema de las cárceles, ¿ha visitado las cárceles?

–Sí, es un problema que ya conocíamos. Lo tenemos desde hace muchos años, se ha ido dejando y no se le pone solución. Hay un problema también de estructura del sistema legal de Costa Rica, pues mucha gente cree que hay problemas sociales que se resuelven con la cárcel. No todos los problemas sociales se resuelven con la cárcel. El Derecho penal es el garrote del Estado, y no todos los problemas se resuelven a garrotazos.

La situación en particular de las mujeres privadas de libertad es grave…

–Se hizo un cambio para permitirles a las mujeres llevar la ropa interior femenina. Ingresar ropa interior femenina, porque no se puede ir… La semana pasada me llamaron porque, ni siquiera, se les suministra toallas sanitarias. Se compra papel higiénico para todas las prisiones, pero a nadie se le ocurre que hay una población que necesita toallas sanitarias. Eso es, nada más, un síntoma de la falta de una política de atención a las mujeres en el Sistema Penitenciario. De ahí, imagínese lo que es en temas de maternidad: relación de las madres con sus niños, el desarraigo, que, evidentemente, es distinto a lo que puede suceder en una cárcel de hombres.

Frase destacada

“No es posible que la gente tenga que seguir esperando a un recurso de amparo de la Sala Constitucional. Más del 90% de los casos que llegan a los amparos de la Sala Constitucional son por la CCSS”