De izquierda a derecha Marcela Fernández (Colombia); Adrián Pignataro (Costa Rica), y Lyda Fernanda Forero (Colombia) expusieron en la primera mesa del simposio sobre empresas públicas. (Foto: Katya Alvarado)
La evidencia empírica muestra que hay mucho de mito y creencia en la afirmación de los impulsores de las reformas neoliberales que privatizaron las empresas públicas en los últimos 30 años, de que la privatización y la competencia en el mercado finalmente aumentaría el bienestar de los ciudadanos como consumidores. Los beneficios no han sido los que se esperaban desde el punto de vista de los usuarios.
Esta es una conclusión que se desprende de investigaciones en curso como las realizadas por Daniel Díaz Fuentes, profesor de Economía de la Universidad de Cantabria, España.
El especialista en el tema del impacto del sector público en el desarrollo estuvo entre los conferencistas invitados al seminario internacional “Empresas de servicios públicos y desarrollo”, realizado del 4 al 6 de febrero en la Universidad de Costa Rica (UCR).
Organizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la (CIEP) de la UCR, el Instituto de Investigaciones Transnacionales (TNI), la Red Interdisciplinaria sobre Empresas y Servicios Públicos (Riessp) y otras entidades, el foro reunió a expertos que analizaron diversos aspectos del impacto de las empresas de servicios públicos en el desarrollo económico y social, con ejemplos concretos de experiencias de empresas de varios países que proveen agua, telecomunicaciones, electricidad y otros.
Decenas de conferencias se escucharon sobre temas como el Estado y empresas públicas en el actual contexto latinoamericano, la evaluación de servicios públicos y apoyo político, la regulación de las empresas públicas en Costa Rica, e incluso el presidente Luis Guillermo Solís hizo una exposición y respondió preguntas sobre la política del Gobierno en relación con las empresas del sector.
Díaz Fuentes explicó a UNIVERSIDAD los alcances de varios estudios hechos en conjunto con colegas investigadores, incluido un estudio sobre “El impacto de la nueva gestión pública (New public management) en la eficiencia de los hospitales de Madrid.
Y es que desde mediados de la década de los 90, señaló, la capital española se ha convertido en la vanguardia de la reforma neoliberal de salud pública en la Unión Europea.
La introducción en Madrid de esta nueva gestión pública –que son formas de privatización− ha ido más lejos que en el resto de Europa, creando así una amplia reacción social y profesional, que incluye protestas de médicos y personal de enfermería en las calles madrileñas, oponiéndose a la privatización de los servicios de salud.
El estudio, publicado en la revista Health Policy, se realizó en 25 hospitales de Madrid, y abarcó un análisis de los modelos de gestión tanto pública como privada existentes, y análisis estadístico del desempeño en una serie de rubros, como cantidad de pacientes, camas, personal médico, costos y otros.
La investigación contempla diferentes indicadores de calidad, y los resultados muestran que las nuevas formas de gestión con participación privada inciden negativamente en algunos indicadores de seguridad del paciente y la satisfacción con el servicio público.
Las principales conclusiones son: no hay evidencia para apoyar la idea de que las nuevas formas de gestión de hospitales en Madrid son más eficientes que las formas tradicionales de gestión pública directa. La evidencia empírica muestra mayores tasas de readmisión de los pacientes y mayores tasas de mortalidad, lo que es muy preocupante. Además, el número de empresas participantes es limitado, no son especializadas y piden renegociación de contrato, y hay clara evidencia de “puerta giratoria”, donde los políticos terminan en las empresas privadas concesionarias, y no hay un marco regulador que proteja los intereses públicos.
En otro estudio, “Empresas públicas y cohesión social”, se evidencia la heterogeneidad que existe entre los ciudadanos como consumidores, la cual no ha sido tomada en cuenta en los procesos de privatización de los servicios ni en la regulación, que debería enfocarse no solo en la competencia, sino en el consumo, apunta el investigador.
Los resultados han sido diferentes dependiendo de factores como características socioeconómicas, o características de servicios (complejidad, cambio tecnológico y otros).
Así, por ejemplo, en servicios de telecomunicaciones es menor la participación y la satisfacción de las personas con menor nivel educativo. En energía, para esas personas es mayor el riesgo de decisiones inadecuadas, y es menor la satisfacción. En personas sin empleo es menor la participación en nuevos servicios de telecomunicaciones (telefonía móvil, Internet), e igual ocurre con personas de mayor edad.
“Lo que nosotros vemos es que los ciudadanos son distintos; esto depende de factores como la edad, el nivel educativo, es decir, del contexto socioeconómico. Y tanto en la empresa pública, como si hay empresas concesionarias, el regulador tiene que tomar en cuenta esto”, detalló Díaz.
Sucede que el modelo económico toma en cuenta un consumidor medio, pero la realidad es que en Europa, por ejemplo, la población está envejeciendo, y le hablan de telefonía móvil, de Internet, pero esa gente queda excluida, lo mismo que las personas sin empleo y de las regiones más pobres.
A la gente la “marean” con la propaganda para que cambie de contrato y pasa a algo peor, pierde incluso derechos que se les trataba de mantener en el pasado, y que una vez que cambia ya no tienen más, aparte de que una vez que se equivocó, dice cuidado, esto de cambiar tiene sus riesgos, entonces se queda con la peor opción, señaló Díaz Fuentes.
DE VUELTA
Por su parte, el investigador uruguayo Daniel Chávez, del Instituto de Estudios Transnacionales, apuntó que en algunos países la privatización sigue en la agenda política, como en Europa, donde están imponiéndola a los países del sur, como Portugal y Grecia; son similares a las políticas de privatización que se imponían a los latinoamericanos hace algunas décadas.
Pero a la vez se observa un proceso inverso de “republicización”, que significa en algunos casos de renacionalización o de remunicipalización de empresas, donde países o gobiernos municipales recuperan la empresa pública. Ha pasado en ciudades como París o de Alemania, Estados Unidos y Buenos Aires.
En el marco del foro había interés en observar la dinámica de la privatización en México en el marco de reforma energética que impulsa el gobierno de Enrique Peña Nieto y que abrió el monopolio petrolero estatal (Pemex) a las transnacionales. Alejandro Labrador, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM), dijo que esa reforma se hizo con la expectativa de atraer inversión extranjera que dinamice la industria petrolera, pero pareciera que está empezando a abortar.
Esto, porque resulta que se le compra combustible refinado a Estados Unidos, hay una crisis de los precios, una reducción del gasto público, a lo que se suma una crisis moral y de legitimidad por las desapariciones forzadas y violaciones de los derechos humanos, que tienen en una grave crisis al Estado y algunas fuerzas plantean la necesidad de un nuevo congreso constituyente.
