Firma de exasesora presidencial recibió en 5 años ¢417 millones por consultoría al MEP

Luego del que el Semanario UNIVERSIDAD enviara el pasado fin de semana un cuestionario con consultas sobre la millonaria consultoría de ¢417.000.000 dada a

Luego del que el Semanario UNIVERSIDAD enviara el pasado fin de semana un cuestionario con consultas sobre la millonaria consultoría de ¢417.000.000 dada a la firma Procesos, Investigación y Asesoría CA de la politóloga Flor Isabel Rodríguez, exasesora de la Presidenta Laura Chinchilla y esposa del exministro de Hacienda, Fernando Herrero, el Ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier, convocó a conferencia de prensa el pasado lunes 16 de abril.

Los fondos para realizar la consultoría, que se hizo entre octubre de 2006 y 2011, fueron otorgados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en una primera etapa con recursos ordinarios del organismo internacional y, en la segunda, con el aporte de un fondo internacional llamado Fondo Fiduciario España-PNUD, hacia un desarrollo integrado e incluyente en América Latina y el Caribe, según lo confirmó su oficina de prensa en San José.

Los servicios contratados tenían como objetivo plantear una reforma curricular completa de seis materias de educación secundaria costarricense: educación cívica, musical, para el hogar, física, artes plásticas y artes industriales, y estaba inscrita dentro un convenio para la realización de la asistencia preparatoria del proyecto “Educación en ética, estética y ciudadanía”.

Esta reforma implicó el cambio de los programas de estudio de tales asignaturas, de las cuales, cinco ya han sido aprobados por el Consejo Superior de Educación y uno está en proceso, según información dada por el PNUD mediante su oficina de prensa. Cabe resaltar que Leonardo Garnier es el director de dicho Consejo.

La millonaria consultoría se dio durante la administración Arias Sánchez y el primer año de la administración Chinchilla Miranda, y fue otorgada a la Asociación Programa Centroamericano para la Sostenibilidad Democrática, que denominaron posteriormente Procesos en el convenio firmado. En ambos períodos, Leonardo Garnier  ha sido el Ministro de Educación Pública.

El ministro Leonardo Garnier manifestó en respuesta a las preguntas enviadas por UNIVERSIDAD que la escogencia de Procesos como la agencia encargada de implementar el proyecto se dio siguiendo lo establecido por el PNUD, y además con base en el criterio de una comisión conformada por él, asimismo por Alejandrina Mata y José Lino Rodríguez, viceministros durante la administración Arias Sánchez.

 

Según Garnier, Procesos tenía más y mejor experiencia que las otras dos empresas invitadas a participar del concurso, que son Culturas y Desarrollo  en Centroamérica (CUDECA), y Fundación para el Desarrollo del Vínculo Social (FUNDA VÍNCULO).

Dentro del convenio se nombró a Garnier, como Director Nacional del Proyecto, a Dyalah Calderón de la O, como Directora Nacional Adjunta y a Flor Isabel Rodríguez como asesora principal del Proyecto. Calderón de la O en ese momento era asesora de Garnier, y funcionaria del MEP, además fungía como representante del MEP ante la la Junta Directiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

Aunque la segunda parte del convenio se extendía hasta 2011, Calderón de la O fue designada por el gobierno de Chinchilla como viceministra académica en el Ministerio de Educación. Pese a que UNIVERSIDAD envío las consultas a Calderón, no se obtuvo respuesta al cierre de edición, aunque el encargado de prensa del MEP, Jesús Mora, nos aseguró que Calderón ya había contestado las preguntas.

El Ministro de Educación, Leonardo Garnier, convocó a conferencia de prensa el pasado lunes 16 de abril, luego de que UNIVERSIDAD el pasado fin de semana y otros medios de comunicación en otras fechas,  según el comunicado de prensa, enviaran cuestionarios sobre la millonaria consultoría con Procesos.

Garnier dijo que a Procesos se le otorgó la potestad de designar al coordinador del proyecto en consulta con el Director. Esta función la desempeñó la entonces consultora de la empresa Procesos, Gladys González, que devengó un salario aproximando de $3.000 mensuales por al menos 27 meses. González ahora es consultora de UNICEF y asesora externa del MEP, según Garnier.

La apoderada generalísima  de la Asociación es Flor Isabel Rodríguez, quien a la vez es la Directora General y fundadora de Procesos, al igual que su esposo, el exministro de Hacienda, Fernando Herrero, quien renunció a su puesto luego de que La Nación diera a conocer que esta empresa recibió contratos por $192.000 y habría dejado de declarar en impuestos ¢50.000.000.

Asimismo, la contratación se produjo cuando Fernando Herrero fungía como Regulador General de la República, cargo que desempeñó entre el año 2006 y el 2010.

A Rodríguez se le levantó la prohibición para obtener contratos en el sector público hasta el año 2010, cuando su esposo asumió la cartera de Hacienda. En la actual administración logró una contratación con el Ministerio de la Presidencia por ¢18.000.000 y otra licitación con RECOPE por ¢17.000.000. También tuvo contratos por ¢80.000.000 durante el período de campaña electoral, los cuales fueron hechos para la sociedad “Laura hacia el 2010” (Ver edición Nª1949), que recaudaba fondos para la campaña y para el Partido Liberación Nacional (PLN).

Al tiempo que se desempeñó como asesora de Casa Presidencial hasta el pasado 2 de abril,  momento en que renunció por las denuncias hechas contra la empresa que habría fundado ella junto con su esposo el exministro Fernando Herrero.

A Procesos también se le señaló en su momento por  haber recibido una asesoría pagada con fondos del Banco Centroamericano de  Integración económica (BCIE) a través del Ministerio de Vivienda y  Asentamientos Humanos (MIVAH), durante la segunda administración de Óscar Arias.

Sin embargo, en la contratación hecha con el MEP no se realizó ningún levantamiento de prohibición bajo el argumento de que el convenio era financiado con fondos privados, según lo indicó Mariela Azofeifa de la Oficina de prensa de la Contraloría General de la República, tras una consulta hecha por UNIVERSIDAD.

Este Semanario envío un cuestionario a Flor Isabel Rodríguez, con el fin de aclarar algunas dudas sobre el tema, sin embargo no se obtuvo respuesta al cierre de edición.

El convenio de cooperación para la realización del proyecto se hizo cuando la exvicepresidenta de la República de la administración Figueres Olsen, Rebeca Grynspan, era Subsecretaria General y Directora Regional de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, puesto que desempeñó entre 2006 y el 2010. Posteriormente fue nombrada Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Administradora Asociada del PNUD por el Secretario General Ban Ki-moon el 1º de febrero de 2010.

Grynspan fue elegida Vicepresidenta de Costa Rica durante el período de 1994-1998. También fue Ministra de Vivienda, Ministra coordinadora de Economía y de Asuntos Sociales, y Viceministra de Finanzas durante la primera administración de Óscar Arias Sánchez.

La exvicepresidenta estuvo en el ojo del huracán cuando se destapó el escándalo de corrupción con el Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF) y el programa de Compensación Social, los cuales estaban bajo su supervisión y en particular el último se consideraba el proyecto estrella de José María Figueres.

Sin embargo, Leonardo Garnier, ministro de Educación, afirmó que Grynspan no tuvo ninguna injerencia en la definición del contenido, ni la selección de la agencia que implementó el proyecto, tampoco en la escogencia de los consultores que trabajaron.

A Grynspan UNIVERSIDAD intentó localizarla a través de la oficina de prensa del PNUD en Costa Rica, sin embargo se nos indicó que por las labores que desempeña en la actualidad mantiene una agenda muy ocupada.

FONDOS DEPOSITADOS EN PROCESOS

Los ¢417.000.000 fueron depositados en una cuenta creada para tal fin por Procesos, según lo dispuso el convenio entre el PNUD y el MEP y el aval previo del fondo España-PNUD, los cuales se pagaban de manera trimestral contra entrega de informes y resultados y un plan de trabajo para el trimestre siguiente, informó la Oficina de Prensa.

Según el ministro de Educación todo esto se dio siguiendo lo establecido en el convenio MEP-Procesos, y en el cual se definió que la agencia designada para implementar el proyecto debería administrar los fondos.

UNIVERSIDAD dio a conocer en el 2008 que de ese monto se dispuso el pago de cinco personas clasificadas por personal permanente, quienes devengarían $143.000 (¢68.509.770 al tipo de cambio en ese año).

La información brindada por el ministro Garnier el pasado lunes 16 de abril,  detalla que Flor Isabel Rodríguez recibió un total de $102.558 (¢52.509.696), Gladys González $103.366 (¢52.923.392), Wendy Chacón, $21.488 (¢11.001.856), mientras que Marcela Piedra recibió $24.000 (¢12.288.000) por el trabajo realizado en la primera fase del proyecto, y Laura Muñoz $8285 (¢4.241.920) en una segunda fase.

El exdiputado Óscar López del Partido Accesibilidad sin Exclusión opinó en su momento que fue “turbia” la manera de contratar un programa de reforma educativa sin lograr consensos con los profesionales del propio MEP y de las universidades públicas.

Sobre este tema, López sentenció que “sigue la fiesta de las consultorías privadas, en este caso con dinero del PNUD que debería ser para armar un verdadero programa educativo”.

 


Garnier, Rodríguez, Herrero y Grynspan fundadores del grupo ATD

Leonardo Garnier, Flor Isabel Rodríguez, Fernando Herrero y Rebeca Grynspan hoy no solo forman parte de un tinglado de relaciones en la ejecución de la millonaria consultoría hecha por el MEP y Procesos con fondos del PNUD, sino que todos coinciden en un pasado común, el llamado grupo Asesoría para la Toma de Decisiones (ATD), el cual se gestó durante la campaña del expresidente José María Figueres.

Todos desempeñaron cargos en el gobierno figuerista, los cuales en algunos casos se repitieron en la administración Chinchilla Miranda, como sucedió con Fernando Herrero, quien fungió como Ministro de Hacienda por dos años en el gobierno de Figueres. Su esposa Flor Isabel Rodríguez fue la Ministra de Comunicación y también renunció a su puesto en un plazo similar.

Garnier era el ministro de Planificación en esa administración, mientras que Grynspan tuvo el cargo de Segunda Vicepresidenta al lado de José María.

Laura Chinchilla empezaba en las lides políticas como viceministra de seguridad, cargo que abandonó para asumir las riendas de dicho ministerio. Posteriormente sería la Primera Vicepresidenta, Laura Chinchilla, del gobierno de Óscar Arias.

Sin embargo, este grupo empezó desde tiempos de juventud compartiendo ideales políticos en el Frente Popular, bajo la inspiración de Rodolfo Cerdas y con Eduardo Doryan como la cara visible del partido, en la Universidad de Costa Rica, luchaban por la justicia social.

Tal vez eso muestre la lealtad que tienen en común. El politólogo Francisco Barahona es del criterio de que podrán estar calificados para ocupar los puestos en la función pública,  sin embargo señaló que el problema surge cuando se utiliza su posición para ayudar al grupo cercano.

“Estos funcionarios en una ocasión unos, en una otros, van intercambiándose favores, hacen recomendaciones escritas, intervenciones telefónicas y algunas otras cosas que la gente no se entera, provocando un clima de sospecha negativo”, tildó Barahona.

En el caso específico de los contratos otorgados a la empresa de Flor Isabel Rodríguez, el politólogo argumentó que si bien desconoce los resultados de dichos trabajos, hasta el momento lo único que está claro es que dicha empresa ha obtenido financiamiento importante para sus investigaciones, “gracias a la cadena de amistades políticas”, señaló Barahona.

Quien al mismo tiempo afirmó no estar en contra de que se realicen contratos para que empresas brinden servicios y asesorías a la administración pública; no obstante para Francisco Barahona muchos de los procesos que se han realizado para otorgar estos contratos “carecen de transparencia”.

 


Hija de Garnier trabajó en despacho de Fernando Herrero

Los vínculos estrechos entre el exministro de Hacienda, Fernando Herrero, y el de Educación Pública, Leonardo Garnier, incluso provocaron suspicacia por la manera en que fue contratada en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Marie Garnier Ortiz, hija del ministro de Educación.

En 2008, siendo Fernando Herrero regulador general nombró a Garnier Ortiz en esa institución pública; Herrero realizó el nombramiento de manera directa, según el oficio 149-RG-2008, firmado por el entonces regulador general y ahora exministro de Hacienda, tal y como lo dio a conocer en su momento el Diario Extra.

A la hija de Garnier se le contrató para que trabajara como asesora en el despacho de Fernando Herrero, pero la plaza que ocupó Garnier Ortiz no fue sacada a concurso. Ya que según la información consignada en su momento, la economista Marie Garnier Ortiz ingresó a trabajar a la ARESEP dos meses antes de ser nombrada, sin embargo por la falta de experiencia profesional no calificaba para el puesto. Marie Garnier Ortiz fue contratada  del 12 de mayo 2008 al 8 de agosto de 2009.

Al momento de iniciar labores también fueron contratadas dos economistas más en el despacho de Fernando Herrero:  María Alejandra Castro Cascante e Ingrid Samanta Wegmann Quesada; sin embargo, al llevar a concurso sus plazas fueron desestimadas para posteriormente ser contratadas sin mayores trámites.

Pese a que en su momento se indicó que el caso iba a ser llevado a la Procuraduría de la Ética, en consulta realizada por UNIVERSIDAD se verificó que no ha sido investigado, porque no se presentó la denuncia.

El ministro Leonardo Garnier solamente señaló que no se encontró nada irregular en la contratación interina de su hija en ARESEP, agregó “un joven profesional tiene derecho a trabajar aunque sus padres sean funcionarios públicos”.

 


Exdirector de ARESEP Jorge Cornick y Zaida Molina

Dos consultores de la empresa Procesos, propiedad de Flor Isabel Rodríguez, exasesora presidencial y esposa del exministro de Hacienda, brindan asesorías a instituciones del Estado por más de  ¢25,000.000.

Se trata de la educadora y filóloga, Zaida Molina Bogantes; así como el economista y exmiembro de la Junta Directiva de la autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Jorge Cornick.

A Zaida Molina Bogantes se le pagó en el 2009 la suma de ¢16.500.000 para que realizara una consultoría que diseñara una propuesta pedagógica que incorporara la tecnología en los diferentes procesos educativos focalizados en el contexto rural.  Dicho contrato se lo adjudicó mediante el procedimiento N°2009PP-000071-00100, del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Preescolar y General Básica (PROMECE), dependencia del Ministerio de Educación Pública (MEP).

La solicitud de realizar la contratación de este servicio la plantea Kattia Solórzano, directora de Recursos Tecnológicos de Educación del MEP,  para ese entonces el Director de PROMECE era Luis Diego Chinchilla. Luego de realizar el procedimiento para la contratación, la persona mejor calificada desestimó la adjudicación, entonces la segunda oferta mejor calificada, la de Zaida Molina Bogantes, presentó su ofrecimiento presupuestario, siendo aceptado el 25 de noviembre de 2009.

Mientras que el otro especialista de la empresa Procesos que ha obtenido por contratos con la administración pública es Jorge Cornick, quien en al menos 11 veces ha sido escogido mediante el mecanismo de “contratación directa”, para brindarles servicios a instituciones como Radiográfica Costarricense S.A (RACSA), Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, asimismo a la Junta Administrativa del Registro Nacional y a la Municipalidad de Alajuela.

Estos trabajos los ha realizado a través de su empresa personal, denominada Eureka Relaciones Públicas S.A, en la cual Cornick figura como secretario de la junta directiva, y su esposa Maris Stella Fernández Brenes, como representante legal.

Entre febrero de 2007 y diciembre de 2010 a la empresa de Cornick se le pagó ¢19,469.905, en ese momento Cornick estaba junto a Fernando Herrero en la ARESEP, ya que fue nombrado por el expresidente Óscar Arias Sánchez como integrante de la Junta Directiva de ARESEP.

Ese cargo lo ocupó desde junio de 2006 y hasta diciembre de 2009, momento en el que presentó su renuncia aduciendo que el cargo como director le imposibilitaba atender sus otras obligaciones empresariales.

Para que la empresa de Cornick obtuviera estos contratos, la Contraloría General de la República levantó la prohibición, según el oficio N° 011-2007 a solicitud de Maris Stella Fernández Brenes, bajo el argumento de que Eureka brindaba servicios incluso un año antes de que Cornick ocupara el cargo en la ARESEP.

Jorge Cornick fue ‘financista de la  campaña del ‘Sí», además integró el grupo Por Costa Rica, que impulsó campañas  a favor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.  A Cornick además se le adjudicaron dos consultorías para Casa Presidencial pagadas con  fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El empresario figuró en el escándalo por el alquiler del edificio que en la actualidad utiliza como sede  la ARESEP y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), ubicado en Multipark  Escazú,  ya que siendo miembro de la junta directiva de la ARESEP se hizo el contrato con la empresa Sociedad Administradora del Fondo Inmobiliario (Improsa SAFI), de la cual Cornick es asesor.

Por este alquiler, las instituciones pagan un aproximado de ¢1.000.000.000 anuales. El empresario afirmó en su momento que no tuvo nada que ver con la escogencia del edificio, ya que la decisión final recayó en manos del entonces regulador, Fernando Herrero.

Cornick además formó parte del equipo de consultores de Procesos que desarrolló el Plan de Acción 2008-2012 para la política de igualdad y equidad de género (PIEG), proyecto del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), elaborado con fondos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

La contratación se dio entre el 3 de julio y el 30 de noviembre del 2007 y por un monto de ¢11.716.425. La selección de Procesos se dio luego de un concurso público donde ésta resultó ganadora, según información proporcionada por Oficina de Prensa de UNFPA.



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