Edgar Robles dijo que la denuncia ante la Fiscalía General de la República está basada en el supuesto incumplimiento de entrega de información, requerida por la SUPEN. (Foto: archivo)
La Superintendencia de Pensiones (SUPEN) presentó denuncia ante el Ministerio Público (Fiscalía General) contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por incumplimiento de la ley en la entrega de información requerida por la entidad fiscalizadora.
El Ministerio Público tiene que hacer la investigación y valorar si hay una posible comisión de delitos para iniciar un proceso penal.
Por situaciones distintas, la SUPEN también presentó denuncias ante el Colegio de Contadores Públicos y la Contraloría General de la República (CGR), confirmó a UNIVERSIDAD Edgar Robles, superintendente de Pensiones.
Ante la CGR se denunció que la Caja estaba realizando subsidios cruzados entre el Seguro de Invalidez y Muerte (IVM) y el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), o sea, que estaba trasfiriendo dineros del fondo de pensiones al seguro de salud. Esto es en relación con los alquileres de los edificios cuyo propietario es el IVM y le cobra un alquiler simbólico al SEM, dijo Robles.
Respecto de la denuncia ante el Colegio de Contadores, lo que se hizo fue denunciar a la firma de auditores externos (miembros de dicha agrupación profesional), que habían cometido omisiones en la elaboración de los estados financieros, indicó.
Es la primera vez que la SUPEN lleva a la Caja ante el Ministerio Público.
Los funcionarios no cumplieron con la ley en cuanto a la remisión de información, principalmente lo que se refiere a los estados financieros en el tiempo que la SUPEN estableció. Hay una serie de documentos que se ha venido solicitando y se han negado a entregar, como el tema de morosidad, las actas de los comités de inversiones y los comités de riesgo, afirmó Robles.
La denuncia ante la Fiscalía había sido presentada en setiembre pasado, pero se amplió en días recientes por la negativa a entregar las actas del comité de inversiones. Hay “un hueco” de actas que va de marzo a agosto del año pasado que no han querido entregar, dijo el superintendente.
Valga recordar que en ese período fungía como gerente interina de pensiones y coordinadora del comité de inversiones del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), Dinorah Garro, recientemente nombrada gerente de Logística de la CCSS.
Exmiembros de dicho comité denunciaron en su momento y lo reiteraron recientemente ante la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa sobre la Caja, presuntas actuaciones irregulares de Garro y otros miembros. Esto principalmente en relación con la compra que el IVM hizo al seguro de enfermedad y maternidad (SEM), de bonos del Ministerio de Hacienda con que el gobierno le pagó deudas acumuladas a la Caja, entre los últimos meses del 2010 y primeros del 2011.
Parte de las denuncias son que presuntamente el IVM habría adelantado la venta de títulos antes de su vencimiento para tener fondos con qué comprar los bonos que la Caja no podía vender en el mercado, y que dichas transacciones se habrían hecho sin la respectiva puja en la bolsa, como sería obligación hacerlo para obtener el mejor precio de los títulos valores, en resguardo de los intereses del fondo de pensiones, que pertenece a las personas trabajadoras y no a la CCSS.
En una investigación que está por concluir sobre el asunto, la auditoría interna de la Caja no halló pruebas de que el IVM hubiera anticipado la venta de títulos para comprar los del SEM, dijeron funcionarios a cargo de la investigación. En cuanto a si compraron títulos sin puja, “no estoy cierto si se pujó o no se pujó”, respondió uno de ellos.
“Según el estudio que hicimos con base en las pruebas que recibimos, no hubo venta anticipada para comprar y esto se llevó en la forma que se tiene que llevar. Igualmente por consultas que tuvimos con la SUPEN, ellos llegaron casi a la misma conclusión”, aseguró Fernando Barahona, jefe del área de servicios financieros de la auditoría.
“Nosotros estudiamos eso porque las inversiones del IVM tienen que hacerse en las mejores condiciones de rentabilidad, pues así lo pide el reglamento”, añadió.
Por lo que respecta a la SUPEN, esta ha dicho anteriormente que en una investigación preliminar sobre el tema, con base en la información remitida por la auditoría y la presidencia ejecutiva de la Caja, no encontró nada anómalo.
Sin embargo, según uno de los funcionarios denunciantes de las supuestas anomalías, a la SUPEN no le ha llegado aún toda la información relacionada con el tema.
Robles dijo que las denuncias sobre este asunto no son las enviadas por la SUPEN al Ministerio Público, aunque están consignadas en informes que la SUPEN remite al comité de vigilancia de la Caja, pero que no son de acatamiento obligatorio por parte de esta.
“Nosotros las denuncias (al Ministerio Público) las hicimos en lo que está relacionado con el incumplimiento de ley de entrega de información según lo requiera la Superintendencia”, remarcó el superintendente.
