Anabelle González, exembajadora en Misión Especial para la negociación del TLC, cuando salía a las afueras de la sede de negociaciones en San Salvador. En la acera protestaba una grupo de personas perteneciente a una ONG.
Grupos privados de Centroamérica recibieron unos 700.000 dólares para promover el TLC.
Un grupo de 21 congresistas demócratas solicitaron una investigación al inspector general de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), James Ebbit, para que aclare por qué dicha agencia dio $700.000 a diversas cámaras empresariales para promover el tratado de libre comercio ante el Congreso de ese país.
La petición se hizo a través de una carta enviada por el senador Sherrod Brown, y firmada por otros 20 congresistas, quienes manifestaron su malestar por la decisión del USAID de adjudicar fondos públicos a la «Alliance for CAFTAcion», integrada por cámaras empresariales de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Estados Unidos.
La principal queja de los demócratas, según la carta, de la que UNIVERSIDAD tiene copia, es que «la Ley Federal establece que los fondos del USAID no pueden utilizarse para impulsar la reubicación de negocios estadounidenses en otros países, y que tampoco el dinero puede ser usado para reducir el empleo en Estados Unidos promoviendo la producción de bienes fuera de esa nación».
Para los demócratas esas serán las consecuencias directas si se aprueba el tratado comercial con Centroamérica.
En Washington, la Alianza reconoció que recibió los fondos para colaborar en el cabildeo que deben hacer los países miembros del tratado ante el Congreso y las empresas estadounidenses, con el fin de asegurar el éxito del presidente George W. Bush cuando presente el texto del CAFTA al próximo senado.
Según la Alianza, el mandato del USAID es promover el desarrollo económico y reducir la pobreza en otros países, y que en estas acciones la agencia no opera bajo ninguna restricción.
Sin embargo, los senadores demócratas fueron enfáticos, en su misiva a Ebbit, en solicitarle «un asesoramiento independiente para tener la seguridad de que los fondos están siendo utilizados apropiadamente».
«Este dinero podría dirigirse a reducir el hambre de los niños alrededor del mundo. No debería darse a grupos lucrativos de negocios. Nosotros tenemos la responsabilidad de asegurarnos que el dinero del USAID sea gastado siguiendo la letra de la ley», indicó Brown.
FUGA DE INVERSIÓN Y DE EMPLEO
En su carta, el senador Brown destaca que el CAFTA tiene por objetivo crear empleos en Centroamérica en detrimento de los puestos de trabajo en Estados Unidos.
«Muchos de esos trabajos causarán la pérdida de puestos dentro de los Estados Unidos», señala.
Agrega que según datos del Departamento de Trabajo de ese país, hasta septiembre del 2000 se habían certificado 507.384 trabajadores estadounidenses que habían perdido su trabajo como consecuencia directa del tratado de libre comercio de Norteamérica (NAFTA), y que «nada indica que el impacto del CAFTA sería diferente».
Los demócratas aseguran que la misma situación ocurrirá con la inversión y producción, pues por los bajos costos de producción y la barata mano de obra del istmo, las empresas dirigirán sus capitales hacia la región y no a lo interno del país, como ha ocurrido con el NAFTA.
DESVÍO DE FONDOS EN AMBAS PARTES
El diputado del PAC, Rodrigo Alberto Carazo, dijo a UNIVERSIDAD que la queja de los demócratas es comprensible y justa, pues se trata de un desvío de fondos públicos hacia grupos privados que además serán los mayores beneficiados del acuerdo comercial si este es finalmente ratificado.
Carazo afirmó además que una situación semejante ocurrió en nuestro país en meses pasados, cuando el ministerio de Comercio Exterior (Comex) trasladó los recursos de tres donaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a manos de Procomer (Promotora de Comercio Exterior).
Se trata de dos donaciones del BCIE, una por $500.000, aprobada por el banco en mayo de 2003, y otra de $250.000, girada en junio de este año. La tercera donación, de $110.000 provino del BID, y tuvo el visto bueno también en mayo del año pasado.
Los recursos fueron gestionados por la Presidencia de la República para financiar las acciones de preparación para el CAFTA, y según Carazo, por lo tanto, debieron ser administrados por Comex, y no por una entidad semiprivada como Procomer.
«El presidente de Costa Rica va y solicita un dinero para el país, los bancos lo otorgan para ese fin, y termina utilizándose a través de Procomer, que no es una entidad pública, eso es un claro desvío de recursos, un acto totalmente indebido», expresó.
El diputado comentó además que de manera formal se le hizo llegar una solicitud a Procomer para que parte de ese dinero «fuera dado a quienes de manera seria se oponen al TLC para labores de promoción, pero que «por supuesto la petición fue negada».
Sobre los temores demócratas de la fuga de empleos estadounidenses hacia Centroamérica, Carazo consideró que son fundados, pero que tampoco es un elemento positivo para la región, pues los puestos que se abrirán en los países del istmo serán de baja calidad, como apunta la carta de Brown.
«Sólo habrán unos pocos empleos altamente remunerados, y serán para los pocos ganadores del tratado, esos mismos que administran ahora fondos públicos en ambas partes», manifestó.
