Gerardo Fumero: Servicio de redes privadas no está en competencia

Un error en la Ley de Telecomunicaciones haría legalmente imposible que los servicios de redes privadas sean ofrecidos por los nuevos operadores que ingresen

Especialista señala que un error en la Ley de Telecomunicaciones impide abrir a la competencia el servicio de redes privadas.

Un error en la Ley de Telecomunicaciones haría legalmente imposible que los servicios de redes privadas sean ofrecidos por los nuevos operadores que ingresen al recién abierto mercado.

Así lo afirma el ingeniero Gerardo Fumero del Instituto Costarricense de Electricidad, , quien desde el pasado 3 de febrero, alertó a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) sobre el error y sus consecuencias, en una carta enviada por el Sindicato de Ingenieros del ICE (SIICE).

Según explicó Fumero a UNIVERSIDAD, la definición en la ley sobre el servicio de redes privadas tiene una equivocación que impide la prestación de servicios a terceros.
“En el artículo 6, inciso 20 de la ley dice:  “Red privada de telecomunicaciones: red de telecomunicaciones destinada a satisfacer necesidades propias de su titular, lo que excluye la prestación y explotación de estos a terceros”.

Para el especialista, está claro que esta redacción de la ley no se permite realmente una apertura en redes privadas, porque “excluye la prestación de estos a terceros”, por lo que las empresas solo podrían sacar una concesión de red privada para su uso propio.

“En el transitorio se abre la competencia de redes móviles, internet y redes privadas a partir de la entrada en vigencia de la ley, pero un transitorio no puede tener más peso que la ley misma, ni se pueden contradecir”, comentó Fumero.

Explicó que una red privada se puede definir simplemente como una red que está limitada a ciertos clientes para un fin específico; como las de radios que comunican una flotilla de taxis, o las redes de transmisión de los bancos para sus transacciones, que no están abiertos al público.
“Así como está la ley, es claro que la SUTEL no puede dar concesiones para una red privada, y si lo hace estaría actuando en contra de la normativa, y por tanto habría que apelar cualquier decisión en ese campo”, manifestó Fumero.

En su criterio esta contradicción en la ley no afecta al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ni a Radiográfica Costarricense S.A (RACSA), ya que la misma legislación establece que las empresa estatales mantienen sus concesiones, pues son las únicas operadoras al momento de realizarse la apertura.
 
Fumero advirtió a la SUTEL que para subsanar este error es necesario reformar la ley, ya que de lo contrario quien adquiera una red privada no podrá ponerla a disposición de terceros.

El director del departamento jurídico del ICE, Erick Jiménez, opinó que la SUTEL debería aclarar este aspecto, aunque reconoció que el asunto no es de interés directo del ICE, pues no le afecta.

“Aquí retomo las palabras de don Pedro Pablo Quirós en cuanto a que tiene que ser una SUTEL especializada, técnica, independiente y oportuna.  Sentimos que ha actuado un poco lento en materia regulatoria y en este caso particular no quisiera dar yo una interpretación que se pueda considerar sesgada”, expresó Jiménez.

PROYECTOS SOLIDARIOS

Otra de las preocupaciones de Fumero tiene que ver con el uso de los recursos que generará el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), el cual tiene la función de “garantizar” el acceso universal a los servicios, en medio de la competencia.

El FONATEL se nutre con un porcentaje de los ingresos de las empresas que operan en el mercado (entre 1,5% y 3%) y debe ser utilizado en proyectos que pongan los servicios de telecomunicaciones al alcance de los que tienen menos oportunidades.

El ICE está llamado a ser la empresa que más impulse estos proyectos solidarios, pues si bien la apertura le obligará a actuar como empresa privada en competencia, aún es una pública sin fines de lucro y por tanto debe velar por el bien común.

Fumero aseguró que el FONATEL es un modelo copiado de otras aperturas en la que se intenta “remediar” la falta de solidaridad que produce el mercado y el rebalanceo de tarifas.

“En el caso del ICE, el rebalanceo de tarifas va a llegar, porque la ley no permite subsidios cruzados, y por ejemplo, en telefonía fija, mientas un usuario paga ¢3.000 por el servicio básico, al ICE le cuesta más de ¢8.000 ponerlo en funcionamiento. Con la apertura, este esquema se acaba”, recordó Fumero.

Este rebalanceo, estima Fumero, llevará a que los costos por la tarifa básica suban para ubicarse entre  $15 y $20, lo que dejará el servicio fuera del alcance de muchas personas; lo cual se pretende subsanar con el FONATEL.

Comentó que no desea que este fondo termine guardado y sin utilizar, como sucede en gran parte de los países latinoamericanos, donde solo Chile, México y Paraguay han invertido casi todo el dinero recaudado bajo este esquema.

Según los datos del Foro Latinoamericano de Servicio Universal, (Cumbre de Reguladores y Operadores realizada en Madrid en el 2007), de los $2.705,5 millones recaudados en la región, solo un 10,9 % ha sido invertido. Es por esto que el especialista propuso a las autoridades del ICE la implementación de dos proyectos que colaboren con la universalización de los servicios, dado que el Instituto será por un buen tiempo, el operador que más aporte al FONATEL.

“La autoridad reguladora es la que tiene la obligación de administrar e  invertir esos fondos. Me estoy adelantando un poco y presentando tanto al ICE como a la SUTEL dos proyectos, porque el ICE tiene que ver esto con otros ojos, por ser empresa pública”, afirmó Fumero.

La primera iniciativa tiene que ver con Internet gratuita para escuelas y colegios públicos, hospitales y clínicas públicas, asilos de ancianos y albergues para menores e indigentes, bibliotecas públicas y municipalidades (o sea, para uso comunitario). 

El segundo proyecto propone brindar acceso de banda ancha a personas de bajos recursos.
UNIVERSIDAD consultó al Subgerente de Telecomunicaciones, Claudio Bermúdez su criterio sobre las propuestas de Fumero, contenidas en una carta enviada el 3 de febrero. Sin embargo, Bermúdez aseguró que requería analizarlas más detenidamente antes de brindar una opinión.

También se intentó conocer el criterio de la SUTEL sobre estos dos temas, pero al cierre de esta edición no fue posible obtener una respuesta.

 

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