Incumplimiento de ley y fallas en cobro atizaron desbalance financiero de CCSS

Rodrigo Arias: El modelo actual no funciona para dar una cobertura universal del seguro de salud (Foto: Katya Alvarado).La Caja Costarricense del Seguro Social

Rodrigo Arias: El modelo actual no funciona para dar una cobertura universal del seguro de salud (Foto: Katya Alvarado).

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ha dejado de percibir miles de millones de colones por incumplimientos de lo que ordenan la Constitución y las leyes para financiarla, así como por las rebajas y falta de cobro de las contribuciones obligatorias del Estado.

Estas son parte de las conclusiones del matemático Rodrigo Arias López, quien fue jefe actuarial de la CCSS,  y actualizó un estudio suyo del 2004 con datos del 2011, sobre los montos dejados de percibir por los descuidos en el cobro y malas decisiones en la institución.

Los faltantes, según Arias, explican mayormente el desbalance financiero que arrastra la entidad, y que se trata de cargar sobre los hombros de los trabajadores, cuando la responsabilidad es de los gobiernos y funcionarios que les obedecen, algunos de los cuales siguen ocupando altos cargos en la entidad.

 

Elaboración de Rodrigo Arias López.

En lo que corresponde al Seguro de Enfermedad Vejez y Muerte (SEM, el llamado seguro de salud que se sufraga con aportes del trabajador, el patrono y el Estado) si se mantiene como está no se sostiene. En cualquier momento puede brotar en una nueva crisis de liquidez como la que vivió ese seguro a finales del 2011, que se superó momentáneamente con un acuerdo en el cual el Gobierno pagó con bonos parte de la deuda acumulada con la Caja. “Tal vez han resuelto un poco por el lado del gasto, pero el desbalance en cada uno de los sectores se mantiene”, aseguró Arias.

Consideró que para resolver la crisis financiera hay que hacer cumplir las leyes que aseguran los ingresos de la Caja, y aprobar  una reforma legal para ordenar la recaudación, porque de lo contrario el sistema es insostenible.

En opinión de Arias, por ser un seguro de cobertura universal, el SEM no puede estar sustentado en los ingresos de los asalariados, por lo que se debe contemplar la creación de un impuesto específico que vaya directo a la CCSS para asegurar sus finanzas.

A propósito de diversas propuestas que han salido para restablecer la salud de la Caja, los diputados Juan Carlos Mendoza y Carmen Granados (Partido Acción Ciudadana) presentaron semanas atrás un detallado proyecto de ley para reformar la Ley orgánica de la CCSS (expediente 18.744).

El Proyecto contempla una cantidad de regulaciones que van desde el pago de cuotas, hasta la realización de auditorías y controles sobre la administración y prestación de los servicios a los asegurados. Lo que se busca es que la administración de la Caja  cuente con instrumentos más efectivos y eficaces para el logro de sus objetivos, y que con ello la población obtenga el acceso efectivo y oportuno a los servicios de salud que en derecho le corresponden, explica el proyecto.

DECISIONES

Un ejemplo de lo que en criterio de Rodrigo Arias han sido malas decisiones de las autoridades de la CCSS, tiene que ver con el manejo de la base mínima contributiva (BMC) del salario mínimo (SM) para recabar las cotizaciones de los diversos sectores a la institución.

En el 2000 –en aplicación de disposiciones de la Ley de protección al trabajador aprobada ese año y para asegurar los ingresos− la junta directiva de la Caja aprobó una tabla en la que la BMC aumentaba gradualmente, desde un 0,70% del SM en el 2001 hasta completar el 100% en el 2016.

Sin embargo, a raíz de una propuesta firmada por el subdirector actuarial y actual director (Luis Guillermo López), la directiva derogó en 2004 dicha tabla, argumentando que era con el fin de «garantizar la sostenibilidad financiera del seguro de salud».

En el 2006 se aprobó una BMC de ¢101.000, la cual el presidente ejecutivo de entonces, Eduardo Doryan, dejó constante durante todo su período, de 2006 a 2010, y fue hasta el 2011 que se aumentó a ¢116.600 y a ¢131.760 en 2013.

Según el cálculo de Arias, por mantener la BMC fija del 2006 al 2010, se dejó de percibir un ingreso ¢865.000 millones en relación con lo que habría entrado con el anterior plan.

El profesional ha elaborado tablas estadísticas con el cálculo de los distintos ingresos no recibidos por distintas causas, que van desde deudas del estado no cobradas, rebajo de las cuotas del Estado y otros sectores, inclusión de la categoría de “no asegurados” a los que se la institución atiende sin cobrar, entre otros.

Solo en el periodo 2000 al 2011 fueron ¢4.7 miles de millones el faltante dejado de percibir por la CCSS en aportes de trabajadores independientes, pensionados, régimen no contributivo, indigentes e indígenas, calculó Arias.

En lo relacionado únicamente con los trabajadores asalariados (con patrono) ¢8,9 miles de millones en valor presente es lo dejado de percibir del 1975 al 2011, con la rebaja de la cuota del Estado, que bajó del 3,25% a 0,25% para el SEM, y de 2,5% a 0,25% para el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM, pensiones).

Uno de los datos llamativos es que el ingreso de la Caja por el aporte de los asalariados casi duplica el gasto en los servicios prestados a este sector, por lo que los asalariados están subsidiando a otras categorías de asegurados.

Esto es ilegal porque hay que recordar que la Constitución prohíbe que de los fondos del SEM se tome para otros fines distintos, y la ley dice que si hubiese un déficit será cubierto por el Estado, el cual tomará los recursos de las rentas creadas por la ley, consideró Arias.

En el 2011 el aporte de los asalariados al SEM fue de ¢988.769 millones y el gasto de ¢551.954 millones, de lo que resulta un sobrante de ¢436.815 millones. Globalmente, sin embargo, el aporte, incluyendo el de los trabajadores independientes (por cuenta propia), pensionados y el régimen no contributivo (que paga el Estado por las personas pobres) sumó ¢1.266.020 millones, mientras que el gastó llegó a ¢1.341.410 millones, con un saldo en rojo de ¢75.390 millones.

“Si no resuelven este problema se van a llevar en banda también el IVM (seguro de pensiones), porque si van a seguir aumentado las cotizaciones para el seguro de salud, que se van a hacer muy altas y ya no van a poder sumar los aportes para el IVM. Entonces van a tener que aumentar la edad de retiro quizás a 80 años y disminuir los beneficios, que ya de por sí muy disminuidos”, consideró Arias.

SOLUCIÓN

La solución planteada por Arias, en el sentido de la necesidad de crear un impuesto específico para segurar las finanzas de la CCSS no la comparte la exministra de Salud Rocío Sáenz, quien fue asesora de la comisión legislativa que investigó la crisis de la Caja, y  participó la semana pasada en un foro sobre la situación de la CCSS, realizado en la sede de la Universidad Estatal a distancia (UNED) en Sabanilla de Montes de Oca.

Hablar de impuestos es acabar con el modelo de seguro social por el que Costa Rica tiene nombre el mundo, que ha sido exitoso. Es cierto que el seguro social enfrenta difíciles retos y se necesita sanear las finanzas, para lo que hay que buscar modelos alternativos sin apartarse de los principios que caracterizan el sistema costarricense, arguyó Sáenz en el foro.

Su tesis es que se debe reconstruir el pacto social y renovar el compromiso de los distintos sectores con la seguridad social, con base en los principios de equidad, solidaridad y universalidad, añadiendo otros tres indispensables en las condiciones actuales: sostenibilidad, transparencia y participación.

Esto para poder atender los desafíos que tiene la institución y para que toda intervención que se haga sea a favor de la población asegurada. Todo esto en la perspectiva humanista de reconocer al ser humano como el centro de la atención, para satisfacer sus necesidades y expectativas, y en donde el derecho de  la salud se enmarque en el enfoque de los derechos humanos, manifestó Sáenz.

ORÍGENES

Andrey Badilla, investigador del Centro de Investigación de Cultura y Desarrollo de la UNED, como parte de un estudio que realiza sobre la génesis y las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la Caja, mencionó la millonaria mora patronal en el pago de las cuotas, y la deuda acumulada de alrededor de ¢430.000 millones por parte del Estado.

Asimismo, también son disparadores de la crisis, los privilegios salariales concedidos a los empleados, el pago de sobresueldos a una élite de médicos, así como el conflicto de intereses de los médicos que trabajan simultáneamente en la Caja y en consultorios privados. Señaló en este orden que hay 283 médicos que laboran simultáneamente para la Caja y en los hospitales privados Cima, Católica y Bíblica; y un 40% de especialistas que trabajan en estos mismos centros laboran al mismo tiempo en la CCSS.

No obstante Badilla advierte que, si bien el pago de los sobresueldos es uno de los factores que influye en la crisis financiera de la institución, no es el responsable de la crisis sino un catalizador. Sin embargo, “en el enfoque mediático aparecen como responsables los médicos, la mala administración y las corporaciones, pero nunca el Estado ni las transformaciones que trajo consigo el modelo de desarrollo a inicios de los 90”, apuntó.

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