El ICE enfrenta embates contra sus finanzas desde finales de los años 70, promovidos por fichas políticas desde su propia administración, según un estudio de la ANTTEC. (Foto archivo).
Una investigación de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (ANTTEC) recopila la zaga de corrupción e impunidad denunciada en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) desde finales de los años 70 del siglo pasado a la fecha.
El estudio involucra a políticos empresarios y cuadros del llamado PLUSC (Partido Liberación Nacional-Unidad Social Cristiana), algunos de los cuales siguen en plena actividad política o ocupan puestos en la entidad.
La información recogida se dará a conocer en un libro que la ANTTEC −uno de los sindicatos de funcionarios del ICE− se dispone a publicar, con motivo de cumplirse en el 2013 los 50 años desde que el ICE asumió el sistema nacional de telecomunicaciones, relató Pablo Morales, encargado de la investigación.
La idea de dar forma al libro partió de una propuesta de Jorge Arguedas, secretario general de la ANTTEC, “cuando nos dimos cuenta que había toda una historia de corrupción y de una lucha en contra de ella en el ICE que no se había analizado”, dijo Morales, docente en la Universidad de Costa Rica, con una maestría en historia de América Latina, de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.
ESTRATEGIA
El estudio –basado en expedientes de la Asamblea Legislativa, publicaciones de prensa, archivos de la Procuraduría General de la República (PGR) e informes de la Contraloría General de la República (CGP)− demuestra que ha habido una estrategia de usar el ICE como botín político y poner personas en puestos claves, donde se deciden grandes negocios.
De este esquema, que ha tenido un impacto negativo y pone en riesgos las finanzas de la institución, su principal operador ha sido sin duda el Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó Morales.
Es posible ver ahí cómo se han tomado decisiones que favorecen intereses privados por encima del interés general de la institución y del país, y cómo el interés en las comisiones es tan grande, que algunos de los responsables llegaron incluso a inventar necesidades de inversión en telecomunicaciones que el país no tenía, con tal de justificar ciertas contrataciones.
Se decía, por ejemplo, que había un aumento de la demanda de 5.000 líneas telefónicas al año, pero poco después se decía que eran 3.500 líneas. Eran cifras que, contrastadas con los índices demográficos, no tenían sentido, y “unas tablas que hicimos demuestran que hay picos ficticios” en esos números, indicó Morales.
La investigación parte del primer caso documentado, en 1978, con un primer intento de adjudicar a la transnacional francesa Alcatel la compra de una central telefónica; la licitación fue anulada por la CGR tras una investigación de la Asamblea Legislativa.
Ese fue un antecedente del sonado escándalo ICE-Alcatel, del 2003, por una millonaria adjudicación de líneas celulares con comisiones de por medio, y por el que el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y varios funcionarios del ICE y empresarios fueron condenados en juicio, aunque luego fueron exonerados por un tribunal de apelaciones que echó abajo la sentencia. El tribunal declaró prescrito el caso e inválido el procedimiento por el que la Fiscalía obtuvo una prueba clave para la acusación.
Otro caso ampliamente documentado es la ilegal autorización dada en 1989, durante el primer gobierno de Óscar Arias, para que la transnacional estadounidense Millicom operara la telefonía celular en el país −sin que este recibiera nada, cuando en otras naciones se pagaban decenas de millones de dólares por estas concesiones−, hasta que Sala IV anuló en 1993 el permiso por inconstitucional.
Se reseña, entre otros, el caso PESSO (Plan de Evolución de los Sistemas de Soporte a las Operaciones), un sistema de software adquirido para los servicios de atención al cliente, el que después de años de establecido sigue sin funcionar adecuadamente, ocasionando grandes pérdidas al ICE, pese a que se han invertido en él unos $300 millones, según denuncias presentadas a la CGR para que se investigue esta inversión.
El recuento cierra con el período después de la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana −en el 2007−, lapso en que los hechos de corrupción se han disparado, según ANTTEC.
Dicho sindicato tiene más de 60 denuncias presentadas ante la auditoría interna del ICE, la CGR y el Ministerio Público (Fiscalía), en relación con presuntas irregularidades en contrataciones, que sumadas llegan a alrededor de $657 millones (¢328.500 millones).
RECUENTO
El historial relatado se remonta a 1978, con la licitación 36 520, cuando el ICE buscaba pasar las centrales telefónicas analógicas a unas de nueva tecnología con “software almacenado”. Se trataba de una compra compleja por lo que se pidió asesoría a la Oficina de Servicios Postales de Gran Bretaña, la empresa que manejaba las telecomunicaciones públicas en el Reino Unido.
Como resultado, dicha firma y el equipo de ingenieros del ICE recomendaron a una empresa canadiense y otra suiza para hacer la compra. Sin embargo, el jefe de ingeniería, Armando Bonilla, junto con el gerente de telecomunicaciones, Antonio Cañas, dieron vuelta al informe y recomendaron al consejo directivo del ICE adjudicar a Alcatel, según consignó una comisión de la Asamblea Legislativa que analizó el caso. Esta demostró que el gerente de telecomunicaciones tenía familiares directamente vinculados con Intelmar, la empresa que representaba a Alcatel en Costa Rica, y la CGR anuló la licitación. Hechos similares se repitieron posteriormente, en que la recomendación técnica se dejó de lado e instancias superiores adjudicaron a una empresa distinta.
Luego vinieron los llamados “Protocolos franceses”, que eran créditos de la cooperación francesa para la adquisición de centrales telefónicas, condicionados a que se compraran equipos de ese país. Una investigación de la Asamblea Legislativa determinó que el jefe de ingeniería y el gerente de telecomunicaciones “mintieron” a la CGR y al Ministerio de Planificación, para adecuar los trámites a los procesos administrativos que exigía el Estado.
Entre los casos reseñados está el de Millicom, que se dio cuando un decreto del presidente Óscar Arias y su ministro de Gobernación, Rolando Ramírez, autorizó el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico a COMCEL S.A., empresa que luego se las traspasó a Millicon, para empezar a operar la telefonía celular en Costa Rica.
ANTTEC inició una lucha contra esa concesión y en 1993 la Sala IV resolvió favorablemente un recurso del Sindicato de Ingenieros del ICE (SIICE), que declaró inconstitucional la concesión, y Millicom tuvo que clausurar su operación de telefonía celular en 1995 tras una infructuosa batalla legal por mantenerse.
Los abogados de la compañía en este caso fueron el exdiputado del PUSC Rolando Laclé, y el exdiputado y exministro de Gobernación Antonio Álvarez Desanti, actual jefe de campaña del virtual candidato presidencial del PLN Johnny Araya.
INVESTIGACIONES
El estudio de ANTTEC incluye los momentos cuando durante la administración de Óscar Arias −en 1987−, se creó un proyecto de ley que nunca llegó a ser aprobado, para crear la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, con el que se pretendía vender el 51 % de las telecomunicaciones del ICE a empresarios privados, en lo que fue el primer intento de privatización de las telecomunicaciones.
Luego en 1995, durante el gobierno de José María Figueres Olsen, se elaboró el proyecto que se conoció como el Combo, en la misma línea de privatizar medio ICE, tanto en la parte eléctrica como la de telecomunicaciones. Este proyecto fue aprobado en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), quien se vio forzado a archivarlo, ante las fuertes protestas populares en contra.
El estudio de ANTTEC finaliza con los procesos de corrupción que “se desataron” después de la aprobación del TLC con Estados Unidos, relató Morales.
