Jerarcas dejan institución sin rendir cuentas: Balmaceda deja CCCS desprestigiada y débil

Rodrigo Arias López, lamentó que la Caja empujada a una profunda crisis financiera, continúa adelante con acuerdos y desconoce las advertencias técnicas y actuariales

Rodrigo Arias López, lamentó que la Caja empujada a una profunda crisis financiera, continúa adelante con acuerdos y desconoce las advertencias técnicas y actuariales de que son insostenibles. (Foto: Katya Alvarado)

A dos semanas de finalizar gestión al frente de la CCSS,  aún no se ha presentado ningún informe de rendición de cuentas.

Durante la gestión de Ileana Balmaceda como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social  (2010-2014), varias instancias internas y externas –como la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes− solicitaron informes sobre decisiones de la Junta Directiva señaladas como las probables causas de la crisis financiera que llevó a la CCSS  al borde de la quiebra, en 2011.

En los informes se hicieron recomendaciones y se pidió investigar las actuaciones de los miembros de la Junta Directiva y de los funcionarios en altos cargos de la Caja.

Sin embargo, a solo dos semanas para concluir su gestión, Balmaceda no ha presentado ningún informe de rendición de cuentas sobre los avances de procesos establecidos en dichos estudios, ni sobre otros temas requeridos por sindicatos, Juntas de salud, la Comisión Legislativa sobre la Caja y la Comisión de Notables.

En conversación con UNIVERSIDAD, Rodrigo Arias López, jefe de Departamento Actuarial de la Caja entre 1994 y 2008, dijo que en los últimos meses y semanas, solicitó a Balmaceda la certificación de los avances de las recomendaciones que efectuaron la Auditoría Interna y de las otras instancias internas y externas.

La Auditoría Interna solicitó investigar a funcionarios y exfuncionarios con responsabilidad en la toma de decisiones.

A finales de marzo, señaló Arias López, la Auditoría Interna de la CCSS le remitió la copia certificada de ocho informes realizados, en los que se indagan los criterios técnicos y financieros que debió aplicar la Junta Directiva para aprobar las medidas, pero, enfatizó: “no rinden cuentas de los procesos que se instruyen en los informes, que es por la que interpelé a Balmaceda y por lo que sigo esperando”.

Estos estudios indagaron sobre la aplicación del artículo 29 del Código de Trabajo para el cálculo de la cesantía y el aumento de años por concepto de auxilio de cesantía a los funcionarios de la Caja.

También se pidió estudiar la deuda del Estado con la CCSS y el proceso de negociación del Convenio de agosto de 2007, suscrito entre ambas instituciones, que no incluyó los intereses corrientes de las deudas anteriores y posteriores a esa fecha, que consta de tres documentos y que en este momento se encuentra en proceso administrativo con carácter confidencial.

El tercero es el estudio del desequilibrio que existe y la necesidad de ajuste de la base mínima contributiva del seguro de atención a personas no trabajadoras aseguradas por el Estado, de los pensionados y del seguro de Trabajador Independiente.

La misiva del 5 de abril en curso, que envió el exjefe Actuarial de la CCSS, solicita que se “certifique los informes que esa Presidencia Ejecutiva ordenó y realizó para cumplir con las recomendaciones  de auditoría citadas, en particular, certificar si esa Presidencia Ejecutiva ordenó la instauración del Órgano Director de Procedimiento indicado y en caso afirmativo certificar la documentación pertinente y los resultados de dicho procedimiento administrativo”.

“Esta información la solicito −argumenta Arias López− conforme a los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, a fin de presentarla para combatir excepciones de falta de derecho y legitimidad en la causa que se sigue en el Tribunal Contencioso Administrativo Anexo A Segundo Circuito exp. no. 12-006449-1027-CA contra la CCSS”, que tendrán él y los representantes legales de la Caja, el próximo 6 de mayo, en ese Tribunal.

Arias no disimuló la desazón que le provoca que los actuales jerarcas dejen sus cargos sin ofrecer explicaciones de su actuación: “ya se van y no se pudo hacer nada, no va a pasar nada con los responsables de esta situación. Se van y dejan a la Caja desprestigiada y debilitada. Además se van como si no hubiera pasado nada”, lamentó.

“La palabra corrupción se ha vuelto de uso común para referirse a la administración pública; y se ha vuelto algo intrínseco, como si fuera normal, cuando la gente habla de la Caja, una institución tan importante que no puede ser que haya caído tan bajo, y que por culpa de una administración corrupta esté todo el tiempo en boca de todos por un problema o por otro”, asegura Arias López, quien actualmente ocupa la jefatura de la Subdirección Actuarial del Instituto Nacional de Seguros.

SIN ATENDER CRITERIO TÉCNICO Y FINANCIERO
En julio de 2012, un informe del Área de Servicios Administrativos de la Caja, solicitado por la Contraloría General, analizó los criterios técnicos y financieros para aumentar los años del auxilio de cesantía para los empleados de la Caja, que advertía de que el aumento era insostenible y el desequilibrio que ya se registraba entre ingresos y egresos de la institución.

En 2008, la Junta Directiva aprobó romper el tope de los 8 años para el pago de la cesantía y lo corrió a 12 años. Posteriormente, en 2009, se aprobó otro aumento progresivo de 12 a 20 años, de acuerdo con la copia certificada de los Informes a los que UNIVERSIDAD tuvo acceso.

El Informe le pidió expresamente a la Presidencia Ejecutiva “instruir a la brevedad posible una investigación administrativa con el fin de analizar las actuaciones de: Luis Guillermo López Vargas, director Actuarial, Walter Calderón Sánchez, jefe del Área de Análisis Financiero de la Dirección Actuarial, Sara González Castillo, directora de Presupuesto, Iván Guardia Gutiérrez, director Financiero Contable, Manuel Ugarte Brenes, en ese momento gerente Financiero, Róger Aguilar Gutiérrez, en ese momento director Actuarial”, entre otros.

También solicitó valorar la actuación de Eduardo Doryan Garrón, presidente ejecutivo en ese momento, que conociendo el Informe de Auditoría (ASF-163-R-2008, ASF-067-2008), no fue tomado en cuenta al aprobarse el acuerdo.

“En caso de establecerse elementos de mérito para responsabilizar a funcionarios, efectuar las acciones que estime pertinentes para que se instruya la conformación de un Órgano Director del Procedimiento Administrativo tendiente a determinar la verdad real de los hechos y establezcan las responsabilidades administrativas, civiles y de otra índole que pueda corresponder», sobre lo que pide cuentas el exjefe Actuarial de la Caja.

El análisis debía incluir la perspectiva técnica, presupuestaria, financiera y actuarial (riesgos que podía representar el acuerdo para las finanzas institucionales) de la propuesta de incremento al límite de cesantía aprobado por la Junta Directiva en 2008 y 2009 y las razones por las que la Caja empujada a una profunda crisis financiera, continúa adelante con estos acuerdos.

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