Medidas de presión continuarán tras jornada nacional de huelga

Gran cantidad de trabajadores se congregaron en San José para protestar por una amplia gama de temas, que molesta a los diferentes sectores y

Gran cantidad de trabajadores se congregaron en San José para protestar por una amplia gama de temas, que molesta a los diferentes sectores y organizaciones sindicales. (Foto: Javier Córdoba)

Las medidas de presión en busca de una reducción en el cobro de los marchamos y para evitar la privatización de los Ebáis que actualmente administra la Universidad de Costa Rica (UCR), continuarán luego de la jornada nacional de huelga que diversos grupos sindicales protagonizaron el 11 de noviembre.

Los trabajadores del Programa de Atención Integral en Salud de la UCR (PAIS) que participaron en las protestas en San José, se mantendrán en paro para demandar a la UCR y a la Caja Costarricense de  Seguro Social (CCSS) otro tipo de solución distinta a la que se ha planteado hasta el momento.

De igual forma, los motociclistas que salieron a las calles para reclamar mejores coberturas del Seguro Obligatorio de Vehículos de parte del Instituto Nacional de Seguros (INS), también anuncian que esta será la primera de muchas manifestaciones, si las autoridades no se sientan a negociar.

Los 450 trabajadores de los 45 Equipos Básicos de Atención Primaria en Salud (Ebáis) que administra la UCR hasta el próximo 14 de febrero, piden a la CCSS que anule la contratación directa que adjudicó los centros de salud a la Universidad de Iberoamérica (Unibe).

Rosemary Gómez, secretaria general del Sindicato de Empleados de la UCR (Sindeu), considera que se utilizó de manera irregular el mecanismo de contratación directa ante la urgencia, y se entregó la administración a una entidad que no tiene experiencia suficiente.

Los trabajadores del PAIS también piden que no se realice la “resectorización”, que implica la eliminación de 9 de los Ebáis que existen actualmente y se redistribuye la población en los restantes 36 que quedarán a cargo de la Unibe.

“La Caja es la que debe administrar los Ebáis; la UCR ha dicho que no desea continuar con el programa PAIS, pero dentro de ese marco resulta que el recurso humano que trabaja en estos Ebáis es un recurso altamente calificado y con gran experiencia, que debe ser aprovechado para dar estabilidad en el servicio a los usuarios”, comentó Gómez.

Los trabajadores en paro de los Ebáis le piden al rector de la UCR, Henning Jensen, que les garantice el empleo y que no haya despidos al terminar el periodo de administración de la Universidad.

Por su parte, la CCSS anunció un plan de contingencia de cara al paro, con el fin de redirigir a la población que se verá afectada hacia las clínicas centrales de La Unión, San José y la clínica Carlos Durán.

“Para la autoridad médica de la CCSS  primero está la salud de los pacientes y aunque esperan que los trabajadores  de la UCR recapaciten y vuelvan a sus labores,  la CCSS será garante del acceso a los servicios”, señaló la CCSS en un comunicado.

NO AL  AUMENTO DE MARCHAMOS

Los motociclistas también fueron grandes protagonistas de la jornada nacional de protestas, pues se encargaron de hacer “tortuguismo” en la ruta 27, protestaron por los aumentos de tarifas ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y se concentraron finalmente frente al Instituto Nacional de Seguros.

Al INS, los dueños de motos reclaman que solo se les quiera dar una cobertura  de ¢3.5 millones en el seguro obligatorio que se paga junto con el marchamo, ya que consideran que es muy bajo y debería ser de al menos ¢6 millones.

Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reclamó que el INS ha tenido superávit en el manejo de este seguro, por lo que considera innecesario que se produzca un aumento en los marchamos en el caso de los automóviles y restantes vehículos.

Por su parte, el INS aseguró que para este año el seguro para los motociclistas bajó en ¢1.400, y que se ofrecen dos coberturas según la capacidad económica de cada conductor: una por ¢3.5 millones y otra por los ¢6 millones, según lo acordado desde el año anterior.

El gerente del INS, Guillermo Vargas, advirtió que no se modificarán las tarifas que fueron fijadas con criterios técnicos, por lo que afirmó que la protesta de los motociclistas no tiene ningún fundamento.

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