Durante el seminario en San Salvador, activistas antiminería de toda Centroamérica recordaron a sus “mártires” muertos en la lucha contra la minería en la región. (Foto: Javier Córdoba)

Pese a que los conflictos armados tienen casi dos décadas de haber terminado en Centroamérica, algunas de sus comunidades aún viven bajo amenaza de muerte y represión, por el solo hecho de oponerse a los proyectos de extracción minera.

Pueblos completos sitiados por la policía, líderes comunales amenazados y muertos, dirigentes de la lucha antiminera acusados por cargos de terrorismo, destrucción de recursos naturales y deterioro en la salud, son parte de los problemas que aún se viven en muchos sitios remotos de Centroamérica.

Desde El Salvador

Este es el panorama que presentaron activistas contra la minería de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en un seminario realizado entre el 18 y 20 de setiembre en San Salvador, capital salvadoreña.

Pese a que Costa Rica logró la prohibición por ley de la minería metálica, y El Salvador intenta consolidar una moratoria, en los restantes países afloran los proyectos mineros promovidos por los gobiernos, y que encuentran en las comunidades una heroica resistencia que suma ya muchas vidas perdidas.

“ESTÁN DESTROZANDO A LA MADRE TIERRA”

Guatemala es uno de los países centroamericanos con mayor riqueza mineral oculta bajo sus selvas y montañas, lo que ha atraído a gran cantidad de inversionistas mineros, en busca de oro, plata, zinc y otros metales.

Los datos del Viceministerio de Minería e Hidrocarburos de Guatemala (al 1 de agosto de este año), existen 284 licencias vigentes de exploración y 85 de exploración; además de otras 605 solicitudes en trámite.

Pueblos como Santa María Xalapán, San José del Golfo y San Pedro Ayampú han sufrido en carne propia los impactos de este auge minero, por la presión de las transnacionales interesadas en sacar sus recursos de la tierra.

Rigoberto Aguilar recordó cómo el conflicto llegó en el 2007 a Santa María Xalapán, Jalapa, con el otorgamiento de una licencia de exploración en el sitio conocido como Patache, lo que provocó el rechazo de buena parte de la población.

El movimiento antiminería en esta zona del oriente guatemalteco ha motivado masivas manifestaciones que fueron reprimidas con violencia, al punto de que dejaron un muerto y varios heridos en mayo de este año.

Aguilar ha estado al frente de este movimiento y asegura que el gobierno guatemalteco ha llegado a poner en “estado de sitio”  su comunidad, y se ha perseguido judicialmente a varios de los dirigentes.

“Yo fui secuestrado. Las palabras de los secuestradores encapuchados fueron: ¿por qué se oponen a la mina si es desarrollo. Nos ataron de pies y manos y nos tiraron en un lugar apartado; me quité las cintas de plástico y logré escapar a eso de las 10:30 de la noche; caminé hasta las 5 de la mañana para lograr dar aviso”, rememoró Aguilar.

Celinda Pérez, de San Miguel Ixtahuacán, asegura que en su país se han cometido asesinatos por parte de las autoridades, quienes dicen a la opinión pública que se trata de enfrentamientos con grupos de delincuentes, cuando en realidad se trata de activistas de las comunidades.

En San Miguel Ixtahuacán tiene siete años de operar la mina Marlin, a cargo de la empresa canadiense Gold Corp, la cual llegó con promesas de prosperidad a la región, que −según Pérez− hasta el momento no se han cumplido.

Para estas poblaciones indígenas, el impacto de la minería no solo tiene que ver con el mantener disponible para su gente recursos como el agua, sino que actividades tan destructivas chocan con la forma en que estos pueblos conciben el mundo y la naturaleza.

“¿De dónde comemos? ¿De dónde se levanta el maíz? Viene de la madre tierra. Es una tristeza muy grande para nosotros como pueblo Maya, ver a nuestra madre tierra así;  nuestra madre está llorando, está triste, la están destrozando”, lamentó Pérez.

Para Yolanda Oquelí, lo más difícil de la lucha contra la mina en San José del Golfo, ha sido no caer en las provocaciones de las autoridades y de la minera, pues saben que están buscando la manera de criminalizar sus luchas.

Oquelí también fue víctima de un atentado contra su vida cuando fue interceptada por dos sujetos en motocicleta, quienes le dispararon en varias ocasiones hasta que lograron herirla.

“La bala entró en medio de dos costillas, rozando hígado, pulmón y está alojada a un  milímetro de la columna y no la pueden sacar. De milagro no estoy cuadripléjica”, añadió.

Esta activista afirma que en su pueblo el Gobierno ha hecho grandes despliegues policiales,  para custodiar los bienes de la minera, y para tratar de disuadir a los pobladores, quienes se mantienen ocupando el camino de entrada a la mina, para evitar el ingreso o salida de maquinaria.

TRAS UNA LEY ANTIMINERA

En el caso de El Salvador, la lucha contra la instalación de la mina El Dorado, en San Isidro de Cabañas, desembocó en el establecimiento de una moratoria a la minería decretada por el Gobierno, que paralizó los nuevos trámites.

Videlina Morales recordó que las poblaciones aledañas al proyecto minero tuvieron una fuerte lucha con la empresa y el ejército en el 2007, que terminó con mujeres y niños golpeados, y varios activistas presos, a quienes les abrieron procesos judiciales.

También se produjo la muerte −por asesinato− de varias personas vinculadas a los movimientos de oposición a la minería, como fue el caso de Marcelo Rivera, y de Dora Alicia Sorto, quien tenía ocho meses embarazo.

“Nosotros no podemos decir quién los mandó a matar. Pero aquí todos sabemos que las maras matan, o por sicariato, o porque no se les paga, o porque son de otra mara. A los que mataron no eran mareros, eran vistos como enemigos de la empresa”, dijo el activista salvadoreño Francisco Pineda.

Ahora los grupos antiminería en El Salvador presionan para que este mes de octubre la Asamblea Nacional reciba un proyecto de ley, con el que pretenden consolidar la prohibición a la minería en su país.

En Panamá también corrió sangre durante la lucha del pueblo Ngöbe Buglé, por sacar de su comarca los proyectos de extracción minera, impulsados por el actual gobierno de Ricardo Martinelli.

Omaira Silvera, dirigente de la comarca Ngöbe Buglé, narró la fuerte lucha que dio su pueblo desde el 2010 para proteger los recursos de su territorio, que los llevaron a tomar acciones de presión como cerrar la carretera Interamericana y manifestarse en las afueras del Congreso panameño.

Silvera puntualizó que las manifestaciones fueron fuertemente reprimidas por la policía panameña, acción que ocasionó decenas de heridos y varios muertos, hasta que finalmente se logró la aprobación de una ley que garantiza la protección de los recursos naturales en la comarca de los Ngöbe Buglé.

Sin embargo, Silvera denunció que en su país se está impulsando fuertemente la industria extractiva, por lo que a las 16 concesiones vigentes, se han sumado 146 solicitudes de exploración para diversos minerales.

César Espinoza:

“En Honduras si te amenazan, te matan”

El sacerdote claretiano César Espinoza ha recibido amenazas de muerte en Honduras, por su oposición a un proyecto de extracción de óxido de hierro en el norte del país. (Foto: Javier Córdoba)

El cura César Espinoza llegó hace cuatro años a una comunidad en el municipio de Tela, del departamento de Atlántida, Honduras, luego de haber luchado contra la mina Petaquilla en Panamá, de donde su congregación fue expulsada por apoyar el movimiento social.

Al llegar a la comunidad de Nueva Esperanza, se volvió a encontrar con el conflicto entre una comunidad opuesta a la minería y los intereses de empresarios promovidos por el Estado hondureño.

Pese a que esta comunidad tiene más de una década rechazando las intenciones de grupos extranjeros  que pretenden explotar el abundante óxido de hierro que se encuentra bajo el suelo hondureño, ahora es un empresario local el que busca la explotación de este metal.

El sacerdote dice que este empresario, sobre el cual tienen aún dudas de que sea el dueño verdadero del capital, ha venido “comprando” voluntades entre las autoridades del municipio y vecinos, para lograr los permisos que necesita.

Sin embargo, ante la fuerte oposición de los pobladores, la minera ha tratado de presionar a los dirigentes para que le permitan desarrollar su proyecto de explotación.

“El empresario se enojó conmigo porque dice que soy yo el que ha convencido a la gente en su contra. Se fue a quejar con mi obispo, y tuve que pedirle al obispo que hablara con la gente, para viera por qué se oponen a la extracción”, recordó Espinoza.

Ante la imposibilidad de hacer que los opositores a la mina desistan, el religioso denunció que él y otras personas de las comunidades han sido objeto de amenazas de muerte, lo que ha provocado que algunos dejen sus casas y se vayan de la zona.

“Hay un dicho que dice que quien te amenaza no te mata; pero el problema es que en Honduras, quien te amenaza te mata. Por suerte en nuestra comunidad, y por las denuncias que hemos hecho, todavía no se han atrevido a más”, indicó.

No obstante, las amenazas sí han logrado intimidar a otros miembros de la comunidad, como al único maestro de la escuela del lugar, que hasta el momento cumple tres meses de estar cerrada, tras haber recibido mensajes de que acabarían con su vida.

El cura lamenta que en Honduras las leyes son “muy laxas” en el tema de minería, que cuentan con la complacencia de las autoridades, e incluso la policía aparece como cómplice de los intereses mineros, a quienes en algunos casos la empresa les estaría pagando un “salario adicional”.

“En Honduras la minería de óxido de hierro se considera como “no metálica”, entonces es más fácil obtener los permisos. Si el empresario “en el camino” se encuentra con otros minerales como oro y plata, simplemente tiene que reportarlo y seguir con su proyecto”, detalló.

En junio de este año, el presidente hondureño Porfirio Lobo anunció una “Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública”, en la que contempla el otorgamiento de 280 concesiones mineras.

Este impulso minero contrasta con la experiencia que ya tiene este país con proyectos como los desarrollados en el Valle de Siria, donde estudios de diversas organizaciones como Oxfam, han revelado la destrucción de recursos naturales y múltiples enfermedades en la piel de los pobladores de la región.

De acuerdo con Espinoza, además de la desconfianza que existe en la institucionalidad en Honduras, el movimiento contra la minería se encuentra también con un “cerco mediático”,  por lo que solo pueden recurrir a las denuncias por redes sociales y algunos medios alternativos.

Tras el oro de Matagalpa

El padre Paolo Espinoza lidera un movimiento de oposición a la minería en Matagalpa, Nicaragua, donde la canadiense B2 Gold pretende explotar oro. (Foto: Javier Córdoba)

Si en algo no ha tenido reservas el actual gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, es en ofrecer gran cantidad de bloques de concesión minera, para que empresas extranjeras lleguen a explotar los yacimientos de oro en su país.

Una de las comunidades que se ha visto afectada por esta política es Rancho Grande, en Matagalpa, donde la empresa B2 Gold (la misma de capital canadiense que pretendió revivir la mina Bellavista en Costa Rica) pretende explotar oro en un territorio de 44.000 hectáreas.

En las intenciones de esta transnacional, la piedra en el zapato ha sido la Iglesia Católica de Matagalpa junto a algunas organizaciones ambientalistas, que han encabezado el proceso de información y oposición a la instalación de esta mina.

El sacerdote Paolo Espinoza es uno de los líderes de este movimiento y asegura que el hallazgo de oro en la región de Matagalpa (al centro norte de Nicaragua) provocó angustia y confusión en muchos de sus pobladores.

“Nuestra región es uno de los pulmones del país, es una región altamente productiva con plantaciones de café, cacao y granos básicos. Al saber que hay oro, la gente se nos acercó porque no sabía qué hacer”, detalló.

El permiso de explotación en Nicaragua está condicionado a contar con el apoyo del 60% de la población del lugar, por lo que la empresa ha emprendido toda una campaña para convencer a la gente de los “beneficios” que traerá la minería.

“Les han ofrecido regalías, escuelas, hospitales, caminos, a las iglesias evangélicas les están construyendo sus templos. Pero a los que no quieren vender sus tierras los han llegado a presionar, a decirle a la gente que quieran o no quieran, tienen que vender sus propiedades”.

El próximo 10 de octubre el movimiento espera dar una manifestación de fuerza, cuando las comunidades junto a todos los sacerdotes y el obispo de Matagalpa protagonicen una marcha en contra de la minería.