El proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal impulsado por el ministerio de Hacienda, se encuentra varado en la comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, a pesar de ser un elemento vital para cumplir con los requerimientos del ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y para contar con el apoyo de diversas entidades financieras internacionales.
La iniciativa tiene como objetivo establecer controles cruzados entre el pago de impuestos y otros trámites y requisitos del Estado, de manera que se pueda contar con la información de quienes solicitan permisos o trámites en las municipalidades o de aquellos que solicitan créditos en los bancos, de manera que se pueda constatar si la realidad patrimonial de una persona es consistente con su declaración de ingresos para el pago de impuestos.
También incluye compartir la información de manera transparente sobre la identidad de los dueños de las sociedades anónimas y los beneficiarios de los fideicomisos, pues está demostrado que estas modalidades de financiamiento se pueden prestar para evadir impuestos.
En este sentido, UNIVERSIDAD conversó con el viceministro de Ingresos del ministerio de Hacienda, Fernando Rodríguez, quien fue enfático en que la aprobación de este proyecto le permitirá al país avanzar en materia de recaudación tributaria.
“Acá el tema es claro y los expertos nos lo han señalado: si queremos recaudar más dinero, no lo podremos hacer si no contamos con la información clara y concisa de la realidad de los contribuyentes. Este proyecto no busca crear nuevos impuestos ni tampoco incrementar los ya existentes, solo pretende una eficiente recolección de lo que ya nos facultad la ley”, comentó Rodríguez.
La parálisis del proyecto está relacionada con una serie de acciones tomadas por parte del sector privado, específicamente relacionado con la industria y la industria alimentaria, quienes aducen que no están obligados a entregar información de quienes están detrás de las sociedades anónimas, ni de sus relaciones económicas y financieras con terceras personas.
Estos sectores realizaron varios procesos de recursos que presentaron ante la Sala IV, el Contencioso Administrativo y la Comisión de Mejora Regulatoria –instancias en las que perdieron sus recursos-, y posteriormente acudieron a la Agencia de Protección de Datos del Ministerio de Justicia, la cual les dio la razón en primera instancia y les indicó que no tiene que entregar sus datos.
Con este criterio llegaron a la Asamblea Legislativa para detener el proceso, sin embargo, el viceministro Rodríguez aclaró que cuando se trata de una entidad como la Tributaria, la información que se comparta sería totalmente confidencial y no tiene fines comerciales, ni se daría a conocer públicamente.
De hecho, la ley que rige a la Agencia de Protección de Datos fue creada para proteger los datos de fines comerciales, pero no está hecha para prohibir el acceso a la acción tributaria.
“Ante los cuestionamientos, presentamos una propuesta ante los diputados de la comisión de Hacendarios, en la cual planteamos todo un mecanismo de acceso de información bancaria, fideicomisos y dueños de sociedades, además de la creación de un ente contralor de la confidencialidad de la información, así garantizamos el establecimiento de los controles adecuados”, mencionó el jerarca.
A pesar de los esfuerzos y de que ha pasado año y cuatro meses desde la presentación del proyecto, la iniciativa continúa entrabada en la comisión del Congreso, pero esto no solo tiene un efecto negativo en la recaudación de impuestos del gobierno, sino que genera un impacto en las intenciones de ingresar a Costa Rica a la OCDE y de obtener financiamientos externos.
Recientemente, el Foro Global de la OCDE sobre Transparencia e Intercambio de Información emitió una evaluación en la cual Costa Rica obtuvo una calificación general de “parcialmente cumplido” y otra de “no cumplido”, en aspectos particulares, entre ellos la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal.
Esta calificación pone en jaque al país, pues los expertos de OCDE han sido muy claros en que se deben conocer los rostros de quienes están detrás de las sociedades anónimas y si no se cumple con los requisitos mínimos de la organización no será posible para el país integrarse como miembro.
Pero las cosas no se quedan ahí, recientemente el viceministerio de Ingresos recibió una comunicación del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), en la cual se le informa al país que bajo sus políticas, no puede proporcionar financiamiento a una tercera jurisdicción donde se ha emitido una calificación de “parcialmente cumplida” o no cumplida por el Foro Global.
El Banco indicó que ya no será capaz de proporcionar el financiamiento a los proyectos que implican a un intermediario o entidad controladora establecida en Costa Rica después del 30 de enero de 2016, a menos que el BERD reciba para esa fecha, el compromiso de corregir las deficiencias identificadas en el informe del Foro Mundial.
Dado que el proyecto se encuentra varado en la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda no puede comprometerse en corregir los problemas planteados por OCDE, hasta no ver un avance real de la iniciativa.
“El documento lo trasladamos a los ministros relacionados con el proceso de inclusión de Costa Rica a la OCDE y a los diputados de la comisión de Hacendarios y les dejamos claro que para cumplir con la solicitud del BERD es necesario aprobar el proyecto. Podría aparecer cualquier otra entidad financiera internacional que nos condicionaría el financiamiento”, indicó Rodríguez.
Ejes centrales
La Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal tiene como ejes centrales desarrollar un control cruzado entre el pago de impuestos y otros trámites que se realiza con el Estado, por ejemplo, la solicitud de permisos o licencias comerciales en gobiernos locales. Además que para poder adquirir este tipo de permisos, es obligado estar al día con el pago al fisco.
Por otra parte, busca que se comparta la información bancaria, ya sea de avalúos que se realizan cuando se pide un crédito hipotecario, pues a las autoridades les interesa conocer la capacidad de compra que tienen las personas, para determinar su realidad patrimonial.
Se modificaron sanciones, establecidas en la ley, y se incorporó una norma que permita que cuando se realiza una compra con tarjeta de débito se le pueda devolver una parte al contribuyente y usar esto para que quede rastro. También que sea obligatorio entregar la declaración de renta cuando se realiza un trámite en los bancos.
“De alguna manera se trata de contar con datos más certeros y veraces. Por ejemplo, que los profesionales liberales usen datáfono para recibir pagos con tarjeta, pues en esos sectores se mueve mucho dinero y necesitamos contar con una mayor trazabilidad”.
Otro elemento que ha generado mucha controversia es la mejora del cobro judicial y que una opción sería trasladar a manos de la administración tributaria su ejecución y tramitar los reclamos.
Se incluyó también los aspectos solicitados por OCDE, como tener información sobre quiénes están detrás de las sociedades anónimas, y los beneficiarios de los fideicomisos, que se identifique la información de las sociedades anónimas, sus relaciones económicas y financieras con terceras, de esta forma se podrían combatir las prácticas de planificación tributaria y la evasión.
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