La siembra extensiva de la caña de azúcar en la cuenca baja del Tempisque, se suma a la problemática ambiental del país.

Las plantaciones de caña de azúcar en las cercanías del río Tempisque –en Guanacaste-, a lo largo de cada año hacen pasar ratos amargos a comunidades ribereñas como Ortega, pues cuando no padecen por el aire contaminado al quemar los cañales, sufren las inundaciones que genera el manejo inadecuado de las aguas y la deforestación.

El cultivo de la caña de azúcar, si bien es la principal fuente de trabajo para miles de guanacastecos, también es visto por algunas personas como el causante de problemas para la salud (males respiratorios, alergias, agua contaminada) y para la seguridad física de muchas familias (inundaciones en el invierno).

Toda esta problemática es originada por la falta de un ordenamiento territorial que incluya una delimitación de la frontera agrícola y un compromiso armonioso con el ambiente por parte del sector empresarial privado, aseguró a este Semanario la secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Ortega (ADIO), Dalila Cascante Fonseca.

Otro factor que incide para que los habitantes se sientan desamparados y “a la mano de Dios” frente a dichos problemas, lo citó por separado la presidenta de esta asociación –Yenory Bonilla Zúñiga-: el desinterés y la inacción de las instituciones del Estado.

Vale mencionar que las tierras bajas cercanas a la desembocadura del río Tempisque en el Golfo de Nicoya, están dentro del área de influencia de las actividades industriales de tres grandes empresas dedicadas a la siembra y procesamiento de la caña de azúcar: Azucarera El Viejo, Central Agrícola del Tempisque S.A. (CATSA) e Ingenio Taboga.
 
En estas poderosas compañías agroindustriales tienen intereses reconocidas figuras de la vida económica y política del país, como José Álvaro Jenkins Rodríguez (El Viejo), actual presidente de la junta directiva del Banco Nacional y donante en la campaña que llevó a la presidencia a Óscar Arias; Gonzalo Cubero Brealey, abogado ligado al capital guatemalteco propietario de CATSA, la cual aportó también a la campaña de Arias; y la familia del presidente Arias Sánchez, dueña del Ingenio Taboga.
 
Estos ingenios son los más grandes del país y realizan un cultivo expansivo de la caña, lo cual hace que los pobladores se sientan acosados por una frontera agrícola que amenaza con expulsarlos de sus tierras, ya sea por las buenas o a la fuerza, según dijeron Bonilla Zúñiga y Cascante Fonseca.

Un hecho que hace algunas semanas provocó malestar en Ortega, fue la tala de varias hectáreas de uno de los pocos bosques que sobreviven en esta deforestada zona, por parte de una empresa que siembra caña para vendérsela a CATSA, la cual restó importancia a los árboles cortados por hacerlo “con fines productivos”.

Según explicaron las directivas de la ADIO, este bosque ayuda a que cuando hay desbordamientos de ríos –como el aledaño “El Charco”- en época de invierno, parte de los materiales arrastrados se queden allí y no vayan a parar a Ortega y propiedades cercanas (véase recuadro “Era unos pastizales”. 

Ortega,  con unos 3.000 habitantes, por estar en un terreno que resulta un poco más elevado que los caseríos cercanos, se convierte en un centro de refugio y albergue para las numerosas personas que resultan damnificadas durante las inundaciones de la época lluviosa, especialmente en los meses de setiembre y octubre.
 
A esta localidad –conocida por la tradicional “largateada” de Semana Santa- llegan decenas de turistas extranjeros cada día, principalmente para hacer recorridos por el río Tempisque y así apreciar cocodrilos, aparte de aves acuáticas y otras especies.

DESORDEN AMBIENTAL

Para la secretaria de la ADIO, Dalila Cascante, la región sufre de un gran desorden en materia ambiental, ya que –a pesar de estar prohibida- hay quema de cañaverales en perjuicio de la salud de las poblaciones; hay sobreexplotación de las aguas del Tempisque y de sus afluentes; y se desvían las aguas de los ríos hacia las plantaciones de caña.

Acerca de esto último, ella mostró una carta del pasado 28 de mayo, enviada por la ingeniera Laura Agüero Murillo –del Departamento Ambiental de Azucarera El Viejo, a Francisco Ramos -director del Refugio Nacional de Vida Silvestre Cipanci-, en la que le informaba de que ya habían eliminado un vado que construyeron sobre el río Las Palmas.

En diciembre del 2008 Yenory Bonilla había denunciado ante el Refugio, el vado construido por El Viejo en el río Las Palmas, una alteración que no permiten las leyes.

La ingeniera Agüero informó en la carta que “el desarme se realizó sacando además de las alcantarillas, el material que conformaba el vado, para que el mismo no forme algún tipo de presa posteriormente, que pudiera tener algún efecto perjudicial sobre el caserío de Río Cañas, tal como se expresa en la nota redactada por la asociación de desarrollo de Ortega”.

En cuanto al deterioro de la salud de los pobladores por las malas prácticas ambientales, los efectos se derivan por el humo de la quema de cañales y por el polvo que levanta la maquinaria al arar muchas veces en seco las tierras. Todo esto se traduce en alergias en la piel o males respiratorios como asma.

Bonilla Fonseca incluso aseveró que decenas de personas han muerto por males pulmonares en los últimos años en Corralillo, un caserío cercano a Ortega, y que podría deberse a la contaminación por agroquímicos.

Por su impacto ambiental, Cascante calificó como un trabajo “de rapiña” el que realizan las empresas agroindustriales en las márgenes del Tempisque, y coincidió con la presidenta de la Asociación –Yenory Bonilla Zúñiga- respecto a lo que consideran una mala gestión ambiental por parte de las empresas cañeras.

Esta última recordó el caso reciente de su padre, quien tenía una finca dedicada a la ganadería y que debió dejar la actividad, debido a que el pasto de la finca resultó quemado por la acción de los agroquímicos y otras sustancias que trasladan las aguas provenientes del proceso industrial del ingenio El Viejo y que discurren de los canales de las fincas hacia los ríos. Al final optó por cultivar caña.

En un entorno tan contaminado, Bonilla dijo que uno de los mayores problemas que enfrenta la comunidad de Ortega, es la contaminación del acueducto local, cuyo pozo de abastecimiento se ubica –según pudo comprobar UNIVERSIDAD- a escasos cien metros de un cañal y de un río, en un terreno que cuando hay inundaciones queda totalmente anegado y expuesto a aguas que se contaminan incluso con materias fecales.

La dirigente agregó que laboratorios de la Universidad Nacional han hecho análisis del agua de dicho acueducto y estos han confirmado la contaminación. De nada han servido las quejas ante Acueductos y Alcantarillado, para que les sustituyan este viejo acueducto, acotó.

ABANDONO ESTATAL

Por otro lado, las directivas de la ADIO, Bonilla y Cascante, expresaron su malestar por el papel inoperante de las entidades estatales, que no ayudan a las comunidades a resolver sus problemas.

Es por eso que en el caso de la deforestación de parte de un bosque cercano al río El Charco, ellas interpusieron una denuncia en la Fiscalía de Santa Cruz contra el director del Refugio Nacional de Vida Silvestre Cipanci: Francisco Ramos y otros funcionarios, por supuesto incumplimiento de deberes.

Las dirigentes de la ADIO lamentaron no contar con el apoyo de los entes del Estado y tampoco pueden atenerse a la responsabilidad social de las empresas, ya que tampoco cumplen lo que en teoría asumen.

En este sentido, Azucarera El Viejo en su página en Internet destaca  que “nuestros sólidos compromisos con la calidad, el medio ambiente, clientes y colaboradores, han constituido una importante base para la obtención de la certificación ISO-9001 2000 y, de diversos reconocimientos como el Premio a la Excelencia en varias categorías. No obstante, la elaboración de proyectos de bien social es parte de nuestras consignas”.

Entretanto, en la página de CATSA se resalta que “nuestro Compromiso Social consiste en un programa mediante el cual un Grupo de colaboradores de CATSA está logrando una mayor participación e involucramiento con las comunidades cercanas, a través de nuestro Programa de Responsabilidad Social y programas de voluntariado logrando un impacto positivo en las comunidades cercanas. Para CATSA es de suma importancia el dar apoyo a este tipo de programas en pro del desarrollo de las comunidades, y del medio ambiente, ya que creemos que el desarrollo se debe realizar en una total armonía con la naturaleza, e incentivar a otros a seguir con esta filosofía”.

El Ingenio Taboga, por su lado, en su visión como empresa enfatiza en la necesidad de “alcanzar un nivel de productividad y eficiencia en el campo agrícola e industrial de la caña de azúcar y sus subproductos que nos permita participar exitosamente en el mercado nacional  e internacional, satisfacer las necesidades de los clientes, la calidad integral de vida del trabajador y la protección del ambiente”.

Las metas de estas empresas contrastan con la realidad que viven diariamente personas como Bonilla y Cascante, y con lo recopilado por Gerardo Barboza Jiménez y Beatriz Guillén Valenzuela, en un estudio que los llevó en mayo pasado a elaborar el “Plan de manejo Refugio de Vida Silvestre Privado Bolsón”, situado cerca de Ortega.

En dicho documento, Barboza y Guillén afirman que “La percepción de la comunidad con respecto al gobierno central es que no coopera, y se le reprocha el problema de transporte y el mal estado de las calles. El MINAET es un ente estatal con mala percepción por la gente local y parece estar relacionado con manejo dirigido por algunos líderes influyentes sobre ciertos asuntos de interés social”.

Asimismo, indica que “problemas sociales como el alcoholismo, embarazos en mujeres solteras y la falta de colaboración del sector institucional y empresarial, son otros de los asuntos que aquejan a estas comunidades. En cuanto a la situación ambiental, hay un divorcio entre las condiciones de vida de la gente y su preocupación por la problemática ambiental (Martínez, 2001). Se maneja poca información del medio ambiente y de la diversidad de la zona. Manifiestan la necesidad de establecer un sistema adecuado de recolección de basura para evitar las quemas”.

Los vecinos consultados por los investigadores, “mencionan que la Azucarera el Viejo, la principal empleadora de la zona, abusa con los agroquímicos y fertilizantes y que ha tenido una actitud no muy favorable para con el ambiente y las personas empleadas, que han mostrado conciencia y quisieran intervenir”.

De acuerdo con las indagaciones hechas, determinaron como principales amenazas “la expansión de la agricultura con riego, alteración y hasta desaparición de humedales, lo cual ha venido transformando el paisaje de la cuenca baja del Tempisque, en particular con los monocultivos de caña de azúcar y arroz, hasta límites críticos; inadecuadas prácticas agrícolas e industriales que con frecuencia generan contaminación de cauces y del aire, afectando grandes zonas locales”.

Además, encontraron que “no existe un ordenamiento territorial en la zona que permita visualizar y planificar el uso de la tierra a largo plazo, por lo que persiste el riesgo de
perder remanentes boscosos existentes y humedales, con afectación directa a especies de flora y fauna”.

Al consultársele al gerente general de Azucarera El Viejo, Bryan Campbell, sobre las críticas hechas a esa empresa, argumentó que ese ingenio tiene un proceso constante de mejoras, que incluye la parte de procesamiento industrial de la caña y el mantenimiento de uno de los refugios silvestres privados más grandes del país.

Aunque admitió que una parte de los cañaverales propios los queman durante la zafra, aclaró que la mayor parte de los quemados pertenecen a productores independientes (40% del total) que venden la caña a El Viejo. “Nosotros tenemos una buena capacidad para cosechar mecánicamente y fincas adecuadas para eso”, puntualizó Campbell.

Respecto de las aguas utilizadas en la industrialización de la caña, afirmó que estas no desaguan directamente al río, sino que pasan por procesos de tratamiento, que incluye la aplicación de bacterias.

Campbell detalló que El Viejo cuenta con unas 4.500 hectáreas de bosque virgen y en recuperación y otra extensión similar sembrada de caña de azúcar.

Empresa cañera:

Solo eran unos charrales

La tala de varias hectáreas de bosque que hace semanas denunciaron ante la Fiscalía de Santa Cruz directivas de la Asociación de Desarrollo de Ortega (ADIO), fue calificada como una simple corta de pastizales, por parte de Gonzalo Cubero Brealey, abogado de la empresa “Parajes El Tempisque S.A.”, dueña de este terreno.

En su denuncia ante la Fiscalía, las directivas de la ADIO, Yenory Bonilla –presidenta- y Dalila Cascante –secretaria-, explicaron que “estamos sumamente preocupadas por lo que está sucediendo en el sector del río Charco. Ahí cortaron gran cantidad de árboles y a la fecha hay maquinaria trabajando que está haciendo canales paralelos a la carretera y están haciendo muros de tierra en la propiedad, pero junto al río”.

En su acusación por prevaricato (incumplimiento de deberes de un funcionario público) contra el director del Refugio Nacional de Vida Silvestre Cipanci –Francisco Ramos-, relataron que “en el sitio se observan los monos aulladores parados junto al sitio donde se cortó el bosque, ya que son territoriales y los del otro lado no los dejan ingresar al otro territorio”.
Cubero Brealey precisó que aparte de ser abogado de la Central Azucarera del Tempisque S.A. (CATSA), también constituyó hace tres años y es abogado de Parajes El Tempisque (52 hectáreas), causante de la tala. Esta empresa siembra caña y se la vende a CATSA, pero no pertenece a esta.

El abogado aclaró que Parajes El Tempisque compró dos fincas que estuvieron cultivadas y tenían zonas de charrales, en los que “había algunos árboles en un área muy reducida, que para poder sembrarla de caña, había que voltear esos charrales y los árboles”.

Aseguró que para hacer esto pidieron permiso al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), y al área de conservación en Santa Cruz. “El permiso fue debidamente otorgado y por eso los trabajos que hizo la empresa fueron hechos con todos los permisos”.

Cubero Brealey destacó que en donde está la finca de su representada,  las tierras son de vocación agrícola y a esto han sido dedicadas. El permiso de tala –agregó- era para algo más de cuatro hectáreas y no se excedieron; sin embargo, el caso ahora está bajo investigación interna en la oficina regional del MINAET.

En su criterio, “es absolutamente falso” y “una especulación” lo dicho por vecinos de Ortega, de que ese bosque es importante también porque sirve de barrera a los materiales que arrastran los ríos cuando se desbordan y producen inundaciones en esa zona.

“Esto no es un bosque de retención; esto eran dos parchoncitos de matorrales independientes, que no cubren ni retienen o sostienen nada, absolutamente”, insistió.

Acerca de los árboles cortados, Cubero afirmó que “son en su absoluta mayoría, de muy corta edad y en un 100% de segunda generación, sin ningún valor maderable, de especies como carboncillo, guácimo, papaturro. En su mayoría sirven para leña”.