Los desalojos y demoliciones realizadas o anunciadas en la zona marítimo terrestre (ZMT) han atizado el conflicto que viven las comunidades de Dominical y otros sectores de la costa pacífica de Costa Rica con las municipalidades.
La Municipalidad de Osa ejecutó la demolición de varias casas y notificó decenas de desalojos en Dominical y Dominicalito, por ocupación de la zona pública establecida en la Ley de ZMT No.
6043 creada en 1967. Situación similar viven otras comunidades costeras del Pacífico Sur, así como en el Pacífico Central o Guanacaste, donde las municipalices han ejecutado demoliciones de casas o han notificado el desalojo de comunidades enteras como en el caso de Muelle de Tambor, Playa Pelada, Ostional y Guiones (dentro de la provincia de Puntarenas y Guanacaste).
Ha surgido un clamor generalizado en estas poblaciones, donde las personas dicen sentirse extranjeras en su propia tierra, pues ven que mientras a ellas se les expulsa en nombre de la ley, inversionistas extranjeros o nacionales con poderío económico o influencias políticas obtienen concesiones, y poco a poco se van apoderando de las zonas costeras, cada vez más cotizadas para desarrollos turísticos. Además, son frecuentes las denuncias de pobladores y grupos ambientalistas, de que los desarrolladores adquieren permisos para construir en zonas protegidas como bosques o humedales, con base en planes reguladores encargados y pagados por ellos mismos.
Ante la amenaza de desalojo y extinción, las comunidades de costas e islas, muchas de ellas constituidas por pescadores que viven de la pesca artesanal, se han unido en torno a un movimiento que impulsa la aprobación de un proyecto de ley destinado a crear una protección especial para esas poblaciones. El proyecto, elaborado con participación de las mismas comunidades y asesores legales, fue acogido por diputados de diversos partidos y fue presentado para su trámite en la Asamblea Legislativa (ver recuadro “Protección de comunidades costeras”).
Seidy Jiménez, de la Asociación de Programas Sociales de Dominical, dijo que se integraron al proyecto de Ley de territorios costeros comunitarios este año, y todo el pueblo participó en su elaboración con ayuda de asesores legales. En el Pacífico Sur también se han unido sectores de Dominicalito, Playa Blanca, Rincón de Osa, Puerto Pilón de Golfito, Pavones y Zancudo, igual que comunidades del Pacífico Central y Guanacaste, donde también se están dando los desalojos.
En Dominical fueron demolidas tres casas y unas 35 familias recibieron ya notificación de desalojo, mientras que hay construcciones nuevas que no las tocan, a pesar de que incumplen la ley y las regulaciones ambientales, aseguró.
Mientras a las personas del lugar no les aprueban concesiones, ni se les permite construir, empresas con poderío económico o influencias políticas sí consiguen los permisos, y hay construcciones nuevas que están en zona prohibida y las autoridades no las tocan.
Un ejemplo de ello es una poderosa sociedad de inversionistas extranjeros que tiene concesiones desde Ventanas, en el Pacífico Sur, hasta Guanacaste, en el Pacífico Norte, donde tienen gran cantidad de proyectos, en algunos de los cuales hay daños ambientales, pero obtienen los permisos. En Dominical construyó un proyecto de 28 bungalós (casas de descanso) en un humedal donde había hasta cocodrilos, pero consiguió autorizaciones en todas las instancias, y lo único que logró pararlo fue una disposición del Tribunal Ambiental Administrativo emitida el año pasado. Ahora los empresarios están en espera de la resolución final para ver si pueden continuar, aseguró la dirigente.
DEMOLICIONES
Las municipalidades fundamentan las órdenes de demolición en disposiciones de la Contraloría General de la República (CGR) que las obligan a aplicar la Ley de ZMT. La Ley establece una franja de 50 metros a partir de la línea de pleamar, para uso público, más 150 metros de uso restringido, y donde se pueden dar concesiones.
Estela Aguilar, a quien la Municipalidad de Osa le derribó el pasado 6 de mayo una cabina que tenía frente a la playa de Dominicalito, cuestionó “por qué a unos se les aplica la ley y a otros no”. En el mismo sector de Dominicalito, a la orilla de la carretera costanera, a simple vista se pueden ver casas de descanso nuevas que están a mucho menos de 50 metros del mar, pero no las tocan, señaló.
Consultado Diego Arias, funcionario del departamento de la ZMT de la Municipalidad de Osa, cómo se explica que haya casas nuevas a esa distancia del mar, sin que se haya ordenado su desalojo, dijo que ello podría deberse a que las concesiones se siguieron aprobando con base en el plan regulador que está vigente. A veces hay cambios topográficos porque el mar “se traga” parte de los 50 metros e incluso los mojones que marcan el límite de esa franja, y si no se ha pedido rectificación de mojones, la Municipalidad debe respetar el plan regulador aprobado, explicó.
El alcalde de Osa, Alberto Cole, negó que esté aplicando la ley en forma discriminada, por influencias o amiguismo. “La Municipalidad lo que está haciendo es poner orden, y desgraciadamente hay gente a la que no le gusta eso, pero es mi obligación aplicar la ley.”
“Desde luego que eso no lo manejo yo, lo maneja el departamento legal, el departamento de ZMT y el departamento de inspecciones, que están vigilando permanentemente las construcciones nuevas o las invasiones.” La Municipalidad inmediatamente que se da cuenta, notifica a la persona y se le da el debido proceso. El proceso a veces se alarga, pero aquí el ayote se parte por la mitad”, insistió.
Según el alcalde, lo que pasa es que hay muchos intereses y “cada quien defiende su feudo.” En el caso de Dominicalito, la CGR dijo que el plan regulador tiene anomalías y ordenó al alcalde y Concejo Municipal no tramitar absolutamente nada. “Nosotros ahí no hemos otorgado ni una sola concesión, es una situación que estamos heredando. Pero por otro lado (la Contraloría) me obliga a actuar en contra de los infractores, es decir, los que construyeron sin permiso o los que hicieron ocupaciones ilegales.”
Según el cronograma que tiene la Municipalidad y fue aprobado por la CGR, primero se va a sacar a la gente que está en la zona pública. “Aunque haya plan regulador y aunque sean pobladores y estén antes de la ley, la zona pública es zona pública, es decir que pertenece a todo el mundo, eso no se puede tocar. Entonces esa gente tiene que salir. Igual la gente que está en los humedales o en las áreas naturales del Estado, en los bosques, o en zonas de algún tipo de protección particular”, puntualizó Cole.
Miguel Valerio, coordinador del Comité de defensores del ambiente de la Fila Costeña, que agrupa a ambientalistas de varias comunidades de Osa, dijo que han conocido de casos en que a una persona con 20 ó 25 años de ocupación, en la Municipalidad le empiezan a atrasar la concesión solicitada, y de pronto ésta aparece a nombre de una empresa nacional o transnacional, y la persona tiene que desalojar. “Por el lado de Dominical y Dominicalito tenemos tres de esos casos”, aseguró.
Protección de comunidades costeras
Con el propósito evitar la extinción de comunidades costeras y pesqueras que se encuentran seriamente amenazadas, diputados y diputadas de varias fracciones parlamentarias presentaron en días recientes el “Proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios”, que se tramitará bajo el expediente 17.394. El texto de esta iniciativa de ley fue elaborado con participación de 53 comunidades costeras, pesqueras e isleñas, agrupadas en el Frente Nacional de Comunidades Afectadas por Políticas de Extinción. Fue acogido para su trámite como un proyecto prioritario por el diputado José Merino del Río, del Frente Amplio, junto a legisladores del Partido Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Acción Ciudadana (PAC), Movimiento Libertario y Restauración Nacional.
Según la exposición de motivos del proyecto de ley, estas comunidades enfrentan la amenaza de expulsión de sus tierras, la destrucción y sobreexplotación de los ecosistemas naturales, la pobreza extrema y la falta de oportunidades, entre otros aspectos.
Por esa razón se pretende innovar la legislación, creando una categoría especial de protección para comunidades costeras, reforzando la coexistencia de la conservación de los recursos naturales y las actividades productivas sustentables como la pesca artesanal, el turismo rural comunitario y las pequeñas empresas familiares y de la economía social. El establecimiento de una categoría especial de protección permitiría “la preservación de la cultura, las costumbres y las tradiciones de las comunidades locales que habitan en nuestras costas e islas y el mejoramiento de su calidad de vida, en plena armonía con la protección del ambiente y los ecosistemas naturales”, dice el texto.
Se propone en el proyecto que los Territorios Costeros Comunitarios sean administrados por las Municipalidades, a través de órganos desconcentrados del gobierno local, constituidos con una participación directa de las comunidades, y que tengan sus propios planes de ordenamiento territorial. Se contempla también la creación de un régimen especial de concesiones para fines de vivienda y el desarrollo de actividades productivas sustentables, que estarían fuera del comercio, por lo que serían inembargables e intransferibles, “salvo por herencia entre las mismas personas pobladoras”.
Señala que existe toda una red de comunidades constituidas por unas 50.000 familias que han habitado y usado por tiempos históricos las costas e islas del territorio nacional. Con el paso del tiempo, se han venido implementando una serie de leyes y políticas públicas, algunas de ellas dirigidas a garantizar un uso adecuado de estos territorios, pero la aplicación de la mayor parte de estas legislaciones y políticas públicas han dejado desprotegidas a las comunidades autóctonas de estos territorios y en muchos casos, lejos de favorecer la preservación ambiental, están causando serios daños a los frágiles ecosistemas costeros.
“La realidad en nuestras costas e islas es lamentable y desoladora. En la mayoría de los territorios costeros de Costa Rica existen órdenes de desalojo contra las familias pobladoras. Se está tratando a nuestra gente como extranjeros en su propia tierra.”
“De tal forma que se hace urgente legislar para garantizar los derechos psicológicos, antropológicos, históricos, socioeconómicos y culturales de las comunidades autóctonas ubicadas en nuestras costas e islas. De la misma manera, es urgente mejorar los mecanismos legales existentes para que sean acordes con el estilo de vida de comunidades que históricamente han integrado sus actividades productivas con la protección del ambiente”, indica el proyecto.
XINIA GONZÁLEZ:
Uno como es pobre no tiene plata para pagar por una concesión. Yo estoy asustada de ver tanta cosa y las amenazas de desalojo, que no nos dejan tener tranquilidad. Hace como cuatro años vinieron a botarnos la casa, pero yo me metí con los chiquillos y les dije a los que venían con la maquinaria que no íbamos a salir, que tendrían que pasarnos por encima, y entonces se fueron.
Ahora llegó otra notificación para que desalojáramos porque la casa la iban a demoler en estos días, pero el alcalde vino y se reunió con los vecinos y dijo que no nos preocupáramos, que por este año podemos estar tranquilos. He oído decir que es por la campaña política, porque él quiere ser diputado por Liberación (Nacional). El otro día él vino y nos dijo que botáramos la casa porque está muy vieja y en mal estado, pero si la botamos ¿adónde nos vamos a ir a meter si no tenemos dónde, y aquí es donde mi esposo y mi hijo tienen trabajo?
MYNOR GÓMEZ :
Uno ve aquí la discriminación que hay. En Dominical a los gringos todo el mundo los atiende bien porque son gringos, y a uno, que la anda pulseando, porque la pesca está mala y a veces no se saca ni un pescado, le hacen mala cara. Al señor que estaba en la pura entrada le botaron la casa, ¿por qué?, porque no es gringo. Hay un montón de casas que están dentro de la línea marítima y ¿por qué no se las botan?, porque son de gringos.
ESTELA AGUILAR:
La Municipalidad me derribó la casa el 6 de mayo. Yo no estaba y cuando me avisaron que me iban a botar la casa llamé al 911 para pedir protección de la policía y que le pidieran a la gente de la municipalidad que mostraran quién había dado la orden así como la notificación que según ellos yo me había negado a firmar. Pero me estuvieron pasando de uno a otro y al final me dijeron que no tenían autoridad para darme esa información. He estado pidiendo en La delegación de la Fuerza Pública que me muestren el acta de la diligencia realizada en la demolición ese día, pero me dicen que no tienen nada. Voy a presentar una acusación penal por el atropello, la pérdida de los bienes y los daños que me causaron.
MILTON ROBERTO VILLALOBOS:
Vinieron de la Municipalidad, me botaron todo y me quedé sin nada. Como ve ahora estoy viviendo en este rancho de plásticos. Llevo muchos años en este lugar viviendo de la venta de artesanía.
