El Magistrado Orlando Aguirre (al centro) expone durante la mesa redonda. (Foto: Brian Brenes).
El proyecto de reforma procesal laboral que fue aprobado en primer debate y espera el segundo y último debate en la Asamblea Legislativa, para convertirse en ley de la República, simplificará y agilizará los juicios laborales, que actualmente tardan años, lo que beneficiará tanto a trabajadores como empleadores, señalaron abogados especialistas en la materia.
Se trata de la más importante reforma a la legislación laboral de Costa Rica, contenida en el Código de Trabajo, desde su entrada en vigencia hace casi 70 años, destacaron los expositores en una mesa redonda realizada el pasado 9 de agosto en el Colegio de Abogados, por iniciativa de la Asociación Costarricense de Derecho Laboral y Seguridad Social y la Cátedra de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).Participaron tres destacados abogados laboralistas que han tenido una activa participación en la discusión de la reforma, que empezó a ser discutida hace diez años. Ellos son Orlando Aguirre, Presidente de la Sala II de la Corte Suprema, máximo tribunal laboral del país; Óscar Bejarano, asesor de la Unión Costarricense de Asociaciones y Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP), y Mauricio Castro, profesor de derecho laboral en la UCR y asesor de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
La reforma no solo abarca la parte procesal del Código de Trabajo, sino que introduce instituciones muy importantes del derecho colectivo de trabajo (relativas a temas como el derecho de huelga y conflicto económico social en el sector público), que ha sido la materia más debatida en el proceso de negociación de los sectores, de cara a alcanzar el consenso que finalmente lograron en torno al proyecto, explicaron estos analistas.
Si bien el proyecto salió como idea del Poder Judicial, ha pasado por el tamiz de la discusión de las partes interesadas, como las cámaras de empleadores, representantes de trabajadores y del Gobierno, porque es una temática que envuelve intereses muy complejos que atañen a todas las partes y no podía esperarse que se dejara al margen a todas estas representaciones, dijo el Magistrado Aguirre.
El propósito es mejorar los procesos laborales y obtener mayor celeridad y transparencia en su tramitación, ya que actualmente los juicios no son muy ágiles, lo que genera una mora con procesos que tardan años, añadió.
Lo que se hace con el proyecto es reestructurar, actualizar y agilizar el proceso laboral; se desarrollan principios básicos del proceso laboral como es la conciliación, que se potencia de muchas maneras como el mejor método de solucionar los conflictos antes de acudir ante un juez. Se introduce la oralidad, para tratar de que el proceso sea más sencillo, y la aplicación de los principios de concentración e inmediación, para evitar lo que ocurre actualmente: que el proceso se realiza a través de actos dispersos y muchas veces a través de jueces distintos.
En palabras de Bejarano, esta ley tiene la ventaja de que es muy clara en los procedimientos, y eso simplificará mucho el trámite de los procesos y se hará realidad el principio constitucional de justicia pronta y cumplida que hoy está en entredicho.
Es un proyecto que debió haber salido como ley de la República hace mucho tiempo. Fue la parte colectiva la que entrabó su negociación, pues son temas “viscerales” que las organizaciones sindicales y las cámaras empresariales no siempre los ven tranquilamente y provocan enfrentamientos, comentó.
La reforma llega en un momento en que la justicia laboral tiene serios problemas que vienen desde hace años, a consecuencia de los cambios que ha experimentado la economía; lo que ha producido nuevas formas de relaciones laborales muy complejas y los juicios ahora no son como los de hace 40 años, apuntó el abogado.
TEMAS CENTRALES
Castro, por su parte, explicó temas centrales de la reforma, como las causas y el procedimiento para la declaratoria de huelga legal, el debido proceso y la protección de las personas trabajadores que tienen fueros especiales, donde se incluyen personas que han denunciado hostigamiento sexual, trabajadores adolescentes, representantes sindicales, la mujer en estado de embarazo y lactancia. La idea es que estas personas solo pueden ser despedidas con justa causa que debe ser comprobada en un debido proceso.
Erick Briones Briones, abogado del Ministerio de Trabajo, dijo que la reforma viene a actualizar institutos en materia procesal laboral que han quedado desfasados en la legislación promulgada hace 70 años, campo en el que Costa Rica se ha quedado atrás respecto a la mayoría de países de la región.
Algo muy provechoso para la ciudadanía es que se viene a dar defensa pública especializada para las personas despedidas que la necesiten. Actualmente, si a la persona la despiden y se queda sin dinero y sin prestaciones tiene que ir a ver qué hace. Ni el Ministerio de Trabajo ni la Corte brindan abogados que le lleven un caso; pero con esta reforma dentro de la defensa pública va a haber unos abogados laboralistas, para que todos estos casos, que son muchos, sobre todo en el sector privado, puedan acudir al cobro de las prestaciones y van a tener ayuda profesional pagada por el Estado, comentó Briones, entre otros avances de la reforma.
