Personas no indígenas entraron a la fuerza al Colegio de Térraba, durante una manifestación en febrero. (Foto: archivo)

Los conflictos muchas veces violentos por la recuperación de tierras en territorios indígenas, la impunidad tras esos casos y la falta de voluntad política para aprobar el proyecto de ley de autonomía indígena, son temas que siguen indignando a comunidades aborígenes del país y que serán valorados por una misión internacional entre el 25 y el 29 de agosto.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel encabezará la iniciativa de la organización Servicio de Paz y Justicia para América Latina (Serpaj), que visitará varias comunidades indígenas.

La visita se dará pocas semanas después del último hecho acaecido en Salitre de Puntarenas, cuando la población indígena −según sus propios términos− hizo valer sus derechos sobre una finca que había sido recuperada meses atrás, pero cuyo dueño registral es una persona no indígena, quien la alquilaba a un sujeto de apellido Guevara.

Sergio Rojas, presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre y miembro del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), explicó que los hechos que se dieron el 9 y el 10 de agosto pasados, no constituyeron una “recuperación de tierras”, porque se trata de un terreno que había sido recuperado desde el año pasado.

Especificó que se trató de una actividad denominada Junta Cultural de Conmemoración, a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y del tercer aniversario “del violento desalojo de la Asamblea Legislativa”, cuando un grupo de indígenas que mantenía una vigilia en busca de la aprobación del proyecto de ley de autonomía de los pueblos aborígenes y pretendía ofrecer una conferencia de prensa, fue expulsado del sitio.

“Por razones de respeto a la mesa de diálogo del Gobierno no habíamos ejercido nuestros derechos sobre esa finca, pero vimos cómo se venció el plazo que el Gobierno solicitó sin que se dieran acciones concretas, por lo que decidimos ejercer nuestros derechos”, puntualizó.

De acuerdo con Rojas, esas acciones que el Gobierno no ha cumplido son el reconocimiento de los límites del territorio indígena de Salitre −según el decreto de 1956 que lo estableció− y la salida del territorio de los ocupantes no indígenas; “esa es la prioridad número uno”, acotó.

En vez de cumplir con las fechas pactadas, el Gobierno ha pedido más tiempo para satisfacer esos compromisos, “entonces llegamos a la conclusión de que si ellos no tenían definición respecto al tema, nosotros sí”, agregó.

Aclaró que “en este momento todo está tranquilo y sin problemas; todos estamos en paz y continuamos en la mesa de diálogo”.

Esa mesa de diálogo fue establecida en enero con el acompañamiento de la Defensoría de los Habitantes y el Sistema de las Naciones Unidas.

Al respecto, el ministro de Bienestar Social y Familia Fernando Marín lamentó el hecho pues expresó que uno de los compromisos de trabajo en la mesa de diálogo es que no se recuperaría tierra por las vías de hecho, «para darle tranquilidad a los grupos de indígenas y no indígenas que reclaman derechos sobre propiedades en estos territorios», pues en el caso de Salitre algunos muestran documentos de posesión de buena fe o tienen propiedades registradas, según dijo.

Marín reconoció que en el sitio se vive un «clima de tensión» que «se gesta desde hace años pero que se agudizó a finales del 2012».

El funcionario expresó que si bien es cierto los decretos de creación de los territorios indígenas establecen límites, es necesario un trabajo catastral y de amojonamiento que de seguridad jurídica a todas las partes, lo cual lleva tiempo.

Añadió que otro de los temas álgidos es «la gobernabilidad de los territorios indígenas, pues hay disputas sobre quién ejerce la representación de cada comunidad». Añadió que «el único camino» para hallar solución a esos problemas de seguridad territorial y gobernabilidad es el diálogo.

«Reconocemos la deuda histórica que el país tiene con la población indígena y se han hecho esfuerzos en temas como educación e infraestructura, pero el país necesitará mucho años para saldar esa deuda», manifestó, pues se trata de poblaciones «excluidas de las políticas y programas sociales y no es de la noche a la mañana podemos abrir espacios de participación y acceso a esos programas y servicios públicos».

Destacó que el actual Gobierno «se ha comprometido en serio» con esas soluciones, «siempre que todas las partes acojamos el camino de acoger las reglas del diálogo y la acción pacifica».

Yoriko Yasukawa, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, reconoció que Costa Rica mantiene una deuda con los pueblos indígenas en materia de cumplimiento de sus derechos, la cual  es saldable mediante el trabajo conjunto de diálogo.

Dijo que precisamente la protección y recuperación de territorios es uno de los aspectos más importantes en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, aunque acepta que es un proceso que requiere tiempo.

Hizo  ver que se trabaja en un amplio estudio registral de catastro, para determinar los límites del territorio de Salitre, lo cual luego se cotejará en el campo, en un proceso que se quiere hacer con los territorios indígenas de todo el país.

Yasukawa también destacó iniciativas para que las comunidades indígenas participen en el planteamiento de planes de desarrollo local y nacional, además de la definición de órganos de autogobierno adecuados a su tradición cultural y cosmovisión.

La funcionaria enfatizó que se puede avanzar “a través del diálogo” y que por ello la mesa constituye un espacio “que ambas partes han reconocido como histórico”, pero su éxito depende “del compromiso para cuidarlo”.

ATENCIÓN INTERNACIONAL

La Misión Internacional de Observación de la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas es organizada por el Serpaj y, como se dijo, será encabezaba por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente internacional de esa organización.

La iniciativa cuenta con la invitación del  Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) y el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena. Vendrán representantes de Colombia, Panamá, Nicaragua, El Salvador, México, Uruguay, Argentina, Estados Unidos y Francia. La misión visitará el territorio indígena bribri de Salitre y se reunirá con autoridades nacionales y movimientos sociales.

Gustavo Cabrera, coordinador del Serpaj para Costa Rica, manifestó que en el país uno de los problemas principales es la “impunidad terrible, sobre todo ante la violencia contra el ejercicio de los derechos humanos” y que los pueblos indígenas “constituyen uno de los grupos más afectados, a la par de las mujeres”.

Explicó que el tema de la posesión de la tierra es “fundamental” y detalló que hay territorios como Térraba, Rey Curré y algunos sectores de Ujarrás, que son los más afectados al respecto, pues entre el 65% a 75 % del territorio es ocupado por no indígenas.

No obstante, destacó que en otros territorios hay un control mayoritario de indígenas sobre la tierra, como es el caso de los gnöbe en Coto Brus, Chirripó, o el territorio de Baja Talamanca, que están “casi intactos”, aunque “sí hay personas no indígenas adentro de los territorios y sigue la carrera de control de la tierra”.

Para Cabrera, el boom de negocios e inversiones inmobiliarias en los últimos 15 o 20 años ha duplicado la invasión de tierras indígenas. “La situación de las comunidades es grave, pues se empobrecen y muchas personas caen en el juego de vender la tierra”.

Criticó la impunidad que se da en los casos de agresiones a indígenas y el hecho de que aún no se aprueba el proyecto de ley de autonomía indígena. Por eso, cree que “este es un Estado que por acción u omisión mata a sus pueblos indígenas”.

Debido a que la población indígena es uno de los sectores más invisibilizados, “para nosotros es urgente que desde una mirada nacional e internacional se tome nota”.

Tensión

En los últimos años la presión y conflictividad en torno a la posesión de la tierra en los territorios indígenas ha provocado un aumento en las situaciones violentas:

-El pasado 20 de febrero una protesta protagonizada por indígenas en la escuela del territorio de Térraba terminó con un enfrentamiento violento, cuando personas no indígenas entraron armados con “palos, piedras y martillos”, según se dijo en el momento (Ver UNIVERSIDAD del 20 de febrero).

-En enero la comunidad de Salitre vivió momentos particularmente violentos, cuando un numeroso grupo de personas atacó una vivienda de una familia en un terreno recuperado.

-En setiembre del 2012 el líder indígena Sergio Rojas sobrevivió a un atentado, en el que desconocidos dispararon contra él entre seis y ocho ocasiones, sin llegar a impactarle.

-La comunidad indígena del territorio de Keköldi logró en el 2011 –por medio de una sentencia del tribunal contencioso administrativo− la reivindicación de la totalidad de sus tierras. Ello se dio luego de que meses antes varias personas de la comunidad fueron desalojadas por la policía de un terreno que habían recuperado.

-En junio del 2011 el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), James Anaya, emitió un informe sobre su visita a Costa Rica en abril de ese año, en el que cuestionó la actitud del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ante la población del territorio de Térraba y la necesidad de consultarle la viabilidad del Proyecto Hidroeléctrico Diquís.