Relator de libertad de expresión de la ONU: Estado debe aclarar crimen de La Penca

En la noche del 30 de mayo de 1984 una bomba estalló durante una conferencia de prensa del entonces comandante antisandinista Edén Pastora, en

En la noche del 30 de mayo de 1984 una bomba estalló durante una conferencia de prensa del entonces comandante antisandinista Edén Pastora, en un caserío al lado del río San Juan, en territorio nicaragüense.   En el atentado murieron el camarógrafo de Canal 6, Jorge Quirós, su asistente, Evelio Sequeira y la reportera del Tico Times, Linda Frazier. Otros 29 periodistas costarricenses y extranjeros resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad.

29 años después el crimen sigue impune. A pesar de las investigaciones del Poder Judicial de Costa Rica no ha sido posible procesar a los responsables. En 2011, un documental producido por uno de los sobrevivientes del atentado, el sueco Peter Torbiörnsson, atribuyó al gobierno sandinista la autoría del crimen.

En busca de justicia, las víctimas presentaron en el 2005 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el caso todavía se encuentra en estudio en la etapa de admisibilidad. Posteriormente, la Fiscalía costarricense declaró en 2010 la imprescriptibilidad de este crimen, al considerarlo de lesa humanidad.

El Semanario Universidad aprovechó la visita al país el 3 de mayo del Relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, el guatemalteco Frank La Rue, para preguntarle acerca de la vigencia de la lucha contra la impunidad de los sobrevivientes de La Penca y de otros temas relacionados con la protección de la libertad de expresión.

 

¿Qué mensaje daría usted a los periodistas que no se rinden y continúan luchando contra la impunidad del crimen de La Penca?

Esa demanda es  absolutamente legitima y yo soy (como guatemalteco) el que menos se podría oponer a hacer justicia en temas del pasado. Mi posición es que tanto los casos del presente como los del pasado deben tener la misma importancia. He insistido en que  si no hay una prescripción especifica de igual manera estos delitos deben ser investigados y procesados.  En todo caso, si por alguna razón no puede haber proceso en el sentido estricto de la palabra, siempre es una buena idea para el Estado investigar y clarificar los hechos, por lo menos por razones históricas,  y así poder decir “esto fue lo que paso”.

¿Qué tan receptivos a los llamados de atención de la ONU han sido hasta ahora los Estados donde hay impunidad en crímenes contra periodistas?

Todos los países (donde han ocurrido estos hechos) tienen que ir reconociendo que hay un problema de impunidad, y la razón por lo que lo reconocen, no es porque les gusta hacerlo sino porque los datos están a la luz.  Basta ver cuántos casos hay y las sentencias de casos de violencia contra la prensa son poquísimas. Entonces no puedan argumentar otra cosa, tienen que reconocer que no hicieron la investigación bien y que no se llevó a nadie a un proceso. Te diría que hay al menos un 95% de impunidad en el continente con variantes de país en país, pero sigue siendo en todos muy alto y en todos con investigación deficiente, donde no se ve la voluntad. No es un problema técnico, es un problema político.

¿Hay, desde la ONU,  parámetros claros para recomendar a los estados la manera de encaminar las investigaciones en esta materia de manera correcta?

No existe nada sobre periodismo específicamente,  pero la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Viena,  ha establecido algunos parámetros de investigación penal que se pueden consultar. La idea no es mala y propongo incluso que redactemos un manual sobre procedimientos de investigación en casos específicos de crímenes contra periodistas.

¿Y la protección del Estado a la prensa frente a las agresiones del crimen organizado?

Ahí de nuevo el problema es el de la debilidad del Estado frente al crecimiento del crimen organizado. El periodismo siempre corre un riesgo cuando investiga corrupción del Estado; pero  el problema es mayor cuando los periodistas empiezan a investigar al crimen organizado o peor aún el vínculo del crimen organizado con funcionarios públicos. Esto ha acrecentado los actos de violencia porque ciertamente hay mas incidencia del crimen organizado y también eso tiene que ver con la impunidad, porque hay mucho mas dinero circulando para silenciar estas investigaciones.

Las relatorías de libertad de expresión de la ONU y de la OEA promueven la despenalización de los delitos contra el honor cuando se trate de casos vinculados con funcionarios públicos o particulares que se involucran voluntariamente en asuntos de interés público, pero también hay sectores de la prensa que alegan que la acusación a periodistas por la vía civil puede ser peor que la sanción penal…

Periodistas de algunos países dicen que son frecuentes las demandas por difamación y que el nivel de prueba para demostrar un delito es más alto que el requerido en un tribunal civil y que por eso le conviene más a los periodistas que siga siendo delito porque costará más probarlo. Sí, eso es cierto, pero el principio que sostengo sigue siendo el mismo: en general (las acusaciones por presuntas violaciones al derecho al honor) no deben ser delito porque la sola existencia del delito es un acto de intimidación.

En estos momentos hay en Costa Rica una discusión acerca de la asignación de las frecuencias digitales para radio y televisión ¿Qué garantías pueden establecerse para que no se reproduzca en el ámbito digital la concentración de medios que ya existe en las frecuencias analógicas?

No creo que hay una forma mágica, cada país debe (encontrar su propio mecanismos).  Lo único que sí creo que debe ser un principio básico  es que no se trata de que automáticamente quienes tienen hoy una concesión de una frecuencia se queden con la ampliación de frecuencias que eso les da. Si alguien tiene un canal de televisión, que  no vaya a tener de repente seis de gratis, esa es una visión equivocada. El Estado tiene la posibilidad de hacer una reserva estratégica de frecuencias para un uso más equitativo, que pueden ser comunitarias, étnicas, públicas o incluso comerciales  pero a otra gente, no necesariamente a las mismas personas, porque de lo que se trata es de evitar la concentración.

¿Para impedir la concentración de medios y asegurar la mayor diversidad de voces en la discusión pública deben establecerse cuotas o porcentajes en la asignación de frecuencias?

En ese tema yo lo único que no favorezco es establecer porcentajes. Debe haber cuatro categorías para asignar frecuencias: las comunitarias, las étnicas, las comerciales y las públicas  y dentro de eso que cada Estado genera un balance. Lo importante está en como se  concede, es ahí donde esta el truco, el truco es que no sea mediante subasta. Las frecuencias comerciales si pueden ser subastadas,  pero sólo las comerciales.

En Costa Rica no hay una ley de acceso a la información pública pero existe una consolidada jurisprudencia constitucional en esta materia. ¿Es más conveniente que los ciudadanos sigan dependiendo exclusivamente de la Sala Constitucional para defender este derecho o sería más útil contar con una ley de acceso a información pública?

Creo que los fallos de una corte constitucional, son importantes porque sientan la jurisprudencia, pero en todo caso hay que establecer un mecanismo mas ágil. No todo caso tiene que ir a una Corte Suprema o Sala Constitucional. Me parece que el mejor sistema es el mexicano. México institucionalizó Instituto Federal de Acceso a la Información, entonces una de las propuesta que hemos hecho es de que el derecho de acceso debe tener mecanismos concretos dentro de cada dependencia del Estado pero, además, en caso de que esas dependencias nieguen el acceso, debe haber un instituto especifico, como el mexicano, que es cuasijudicial y autónomo en sus decisiones.

¿Para impedir la concentración de medios y asegurar la mayor diversidad de voces en la discusión pública deben establecerse cuotas o porcentajes en la asignación de frecuencias?

En ese tema yo lo único que no favorezco es establecer porcentajes. Debe haber cuatro categorías para asignar frecuencias: las comunitarias, las étnicas, las comerciales y las públicas  y dentro de eso que cada Estado genera un balance. Lo importante está en como se  concede, es ahí donde esta el truco, el truco es que no sea mediante subasta. Las frecuencias comerciales si pueden ser subastadas,  pero sólo las comerciales.

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