Controversia por parque nacional que se crearía cerca de Bajo La Paz.
La Finca La Paz, ubicada en San Ramón, es donde podría ubicarse la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley.
Bajo La Paz, un pueblo con un nombre muy sugerente, es uno de los lugares que el gobierno de Estados Unidos aún no ha tomado en cuenta para una posible ubicación de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés), según supo este Semanario.
Algunos comentarios en el sentido de que ese terreno – de unas cuatro hectáreas – sería utilizado para dicha sede corrieron como pólvora en el apacible poblado, aunque Marcia Bosshardt, agregada de prensa de la embajada de EE.UU., dijo que el sitio aún no ha sido valorado, se han tomado en cuenta «sólo una instalaciones en Desamparados de Alajuela».
«No sabemos si hay gente interesada en que se utilice ese lugar, aún no han hecho contacto con nosotros», detalló.
La representante dijo que se han contemplado varias opciones en el país, pero aún no se ha definido cuál será la preferida por los norteamericanos.
En todo caso, explicó, el país decidirá si se instala aquí esta academia que busca la capacitación de jueces y policía especializada en abordar temas como el lavado de dinero, el narcotráfico y los delitos informáticos.
El sitio exacto que ha sido valorado está a unos tres kilómetros de Bajo La Paz, un poblado que se dedica al cultivo de la caña y de plantas ornamentales, así como al procesamiento de leche y algunos productos lácteos.En una visita hecha por UNIVERSIDAD se pudo constatar que en el terreno se encuentran sin uso algunas chancheras y una casa donde está un vigilante.
Esta finca – ubicada en Calle Corrales – tiene amplios portones en sus tres accesos principales y se encuentra cercana a lo que sería el Parque Nacional Cerros del Azahar, un proyecto impulsado por la legisladora Martha Zamora, del Partido Acción Ciudadana, el cual se presentó en el parlamento el 5 de junio anterior. (Ver nota aparte: «Ramonenses polemizan por proyecto de parque»).
A la vez, esta región colinda con la Reserva Ambiental administrada por la sede de San Ramón de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La legisladora negó que la creación del citado parque tuviera nexo alguno con una escuela judicial que se ubicaría en Calle Corrales.
POLÉMICA DISCUSIÓN
La ILEA sigue siendo un tema candente dentro de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa donde se discute el proyecto con especial oposición por parte de los legisladores Juan José Vargas (Bloque Patriótico), así como Epsy Campbell, Ruth Montoya y Rodrigo Alberto Carazo (PAC).
El primero presentó recientemente alguna mociones para indagar por qué la ILEA fue rechazada como propuesta por parte de Panamá. Desde 1997 este país, así como El Salvador y Costa Rica, han sido tomados en cuenta por el gobierno estadounidense para establecer una academia que brinde capacitación a jueces y policías en el Hemisferio Occidental.
Pero fue el 6 de junio de 2002 cuando Costa Rica y Estados Unidos firmaron un acuerdo internacional para ubicar aquí la ILEA.
Aunque el grupo opositor de legisladores es vehemente en su tesis de oponerse a este plan, también es cierto que algunos diputados como el presidente de esa comisión, Rolando Laclé avala la propuesta, al igual que otros diputados como Federico Malavassi.
Según consultas hechas por este Semanario, la mayor parte de ellos desconocía que se estuviera pensando en instalar la ILEA en San Ramón. Dijeron que lo más importante por ahora no es saber dónde se ubicará, sino más bien definir en cuánto afectará al país en su funcionamiento.
GRAN ATRACTIVO
Peter Brennan, consejero para asuntos públicos de la Embajada de los Estados Unidos, confirmó que para su país es de mucho interés que la ILEA se localice en Costa Rica por tratarse de una nación con gran prestigio internacional y estabilidad socioeconómica.
Negó – como lo han hecho desde el año pasado representantes de esa sede diplomática – que haya un interés estratégico y militar en ubicar esta academia en el país, aunque reconoció que existe una intención geopolítica porque Centroamérica es una zona cercana a esa nación norteamericana.
En una visita hecha a UNIVERSIDAD, Brennan aseguró que la ILEA está concebida como un organismo para capacitación contra los delitos «globalizados» a representantes judiciales.
Algunos miembros de organizaciones civiles como Rocío Céspedes del Consejo de Defensa de la Institucionalidad y Ana Cecilia Jiménez, del Comité Cívico de Occidente -ubicado en San Ramón – consideran inadecuado que esa academia se instale en dicha zona porque no se puede saber con certeza cuál será la utilización exacta que se daría a la propiedad en cuestión.
«No se trata solo de un problema nacional, sino de defensa del país», aseguró Céspedes, para quien no es casualidad que se quiera instalar un centro de este tipo en Centroamérica.
Las representantes consideran extraño que dicha finca esté ubicada en los linderos de lo que sería el nuevo Parque Nacional Cerros del Azahar, cuyo terreno boscoso lo hace apto para prácticas de tipo militar si fuera del caso.
Además, hacia ambos terrenos existe acceso por carreteras, lo cual facilitaría la entrada de cualquier tipo de personal a cargo del proyecto.
Sobre estas apreciaciones, Brennan consideró que no tienen fundamento porque la academia no será militar.
La Escuela Judicial de Costa Rica y el Colegio de Abogados han cuestionado el establecimiento de la ILEA en el país, entre otras razones, por considerar que se «duplican» funciones de capacitación ya existentes para los jueces y policías nacionales.
