Los diversos sectores que están vinculados con la producción de electricidad en el país arrancaron una serie de negociaciones con el Gobierno, con el fin de impulsar una propuesta de ley que mantenga el modelo solidario que impera en el país desde la creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Esta negociación es producto de los movimientos realizados días atrás por los trabajadores del ICE, de las cooperativas generadoras de electricidad, asociaciones y municipalidades, que tuvieron como efecto el retiro de todos los proyectos de ley que se encontraban en la Asamblea Legislativa.
El único proyecto de ley que quedó en manos de los diputados fue el de contingencia eléctrica, que fue convocado el último día de sesiones extraordinarias legislativas por el Poder Ejecutivo y al cual no se le asignó ninguna comisión para ser discutido, por lo que en estos momentos se encuentra varado.
De acuerdo con Omar Miranda, representante de las cooperativas eléctricas, la marcha realizada por los sectores exigía que se retiraran todos los proyectos de la Asamblea Legislativa, de manera que fuera posible construir una iniciativa consensuada.
“Por el momento hemos avanzado en lo que queremos discutir, que son los principios fundamentales que se establecen en la ley 449 -creada en 1949- y la propuesta de ley 17.811 de las cooperativas eléctricas y la Universidad de Costa Rica”, comentó Miranda.
Los criterios básicos serán los que guíen la creación de un nuevo patrón eléctrico, que mantengan las condiciones de modelo solidario que actualmente tenemos los costarricenses, destacó.
Según Miranda, lo que pretenden es impulsar que el ICE se mantenga como el responsable de satisfacer la demanda nacional, y que sea el mayoritario en la generación eléctrica del país.
“Creemos que con un 15% de participación privada en la generación a través de la ley es suficiente, y que haya otro 15% bajo el modelo de construcción, operación y generación durante quince años, y que luego es transferida al ICE”, argumentó.
Además, fue enfático en que están opuestos a la figura del gran consumidor, pues esto lo que hace es descremar el mercado, a la vez que no están de acuerdo con que se cambie al ICE como agente único en la venta de electricidad al mercado centroamericano.
Estos son temas en que las autoridades de gobierno y los sectores entran en discordia, ya que –de acuerdo con Miranda- la propuesta gubernamental plantea en el proyecto de ley de contingencia, que el sector privado tenga una participación del 55% y el ICE del 45%.
“Eso nos parece que es aniquilar al ICE en el mediano o largo plazo, y sobre todo al modelo solidario que ha diferenciado a nuestro país. Además, insisten en que se cree la figura del gran consumidor a 1 mega y a que se produzca para exportación; esto puede ser peligroso, porque nos llevaría a una posible sobreexplotación de los recursos naturales en aras de un negocio”, dijo.
El otro tema, en el cual se mantienen firmes, es que las cooperativas de electrificación rural y empresas municipales, pueden ayudar al ICE a satisfacer la demanda nacional, y se pueden implementar alianzas, siempre y cuando mantengan la mayoría del capital de las empresas que se deriven de dichos acuerdos.
“Bajo ningún concepto aceptamos que opere el mercado de oferta y demanda; es decir, el mercado debe estar regulado para que el costo sea solidario y universal. Lo otro es que nosotros creemos que la planificación de la demanda eléctrica nacional siempre debe hacerla el ICE, así como los proyectos de generación que se vayan construyendo”, agregó Miranda.
SOLTAR AMARRAS
Por su parte, el gobierno de Laura Chinchilla y la bancada liberacionista sostienen que hay sectores que no quieren superar los dogmatismos ideológicos y se apegan al pasado para defender al ICE y con esto, restarle competitividad al país.
Así lo afirmó el diputado y jefe de la bancada oficialista Fabio Molina, quien dijo a UNIVERSIDAD que existe un complejo de que el ICE no es capaz de competir con éxito, por lo que el gobierno de Chinchilla y la fracción legislativa insisten en que se debe dar una discusión sin temores ni prejuicios.
“Creemos que el ICE es capaz de competir, como lo hizo la banca pública, que se volvió más vigorosa ahora que cuando estuvo en un mercado monopólico. Enhorabuena que vengan nuevas tecnologías e inversiones locales y extranjeras, que promuevan las energías renovables y las alianzas público-privadas”, indicó Molina.
El legislador sostuvo que hay muchos que se aferran al pasado, pero no han levantado la voz para censurar que se estén quemando cada vez más hidrocarburos, para producir la energía que el país ocupa en las horas pico o en períodos de escasez de lluvia.
“Si no tomamos medidas en el cortísimo plazo, podemos poner en peligro la producción y el desarrollo del país, y sin ser extremistas, llegar a apagones. Es por ello que requerimos una política pública estratégica para la sociedad: aumentar la inversión privada en producción de energías renovables y hacer otros ajustes que definan claramente los roles de cada institución”, expuso Molina.
En este sentido, piensa que es necesario establecer cuál institución tendrá a su cargo la rectoría política, cuál se encargará del mercado, cuál será operadora, la que supervisará, y la que establecerá tarifas, de manera que sea un sistema transparente de gestión, donde gane el consumidor.
Para Fabio Chaves, del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT), el objetivo de los sectores eléctricos es desarrollar un proyecto que proteja el modelo actual, siempre viendo las alternativas en el corto plazo, para resolver en caso de una situación de emergencia, como el proyecto de contingencia.
“En estos momentos ese proyecto está varado en la Asamblea, no tiene comisión asignada y lo cierto es que no tiene ningún futuro; está sin los votos necesarios y la Presidenta Chinchilla ya se dio cuenta de que no tiene el apoyo”, aseveró Chaves.
Mientras tanto, el diputado Fabio Molina explicó que sí hay interés en el proyecto, pues fue convocado en extraordinarias; pero, acusó al presidente de la Asamblea Legislativa –Víctor Emilio Granados- de no asignarle una comisión, por lo que van a tener que abrir una nueva discusión sobre el tema.
Molina hizo ver que están dispuestos a escuchar propuestas para mejorar la ley de contingencia eléctrica, ya que no buscan imponer sus criterios verticalmente.
“Lo que sí consideramos es que quienes se oponen radicalmente tienen baja autoestima intelectual, tienen miedo a las ideas y discusiones, y que en este tema lo que se requiere es definir con claridad cuál es el interés del país”, señaló.
En este sentido, Fabio Chaves expresó que “en efecto, tenemos temor de que se vengan a robar toda la producción nacional, que vengan a usufructuar con los recursos naturales, que se rompa el modelo de solidaridad del sector eléctrico y se encarezcan los servicios públicos; no es un temor a la competencia, sino que se afecte a todos los costarricenses”.
