Una de las patrullas compradas para la policía fronteriza, captada el pasado martes 19 frente a la delegación policial de Los Yoses, San José (Foto: Katya Alvarado).
Quien considere que no hay suficientes patrullas de vigilancia en las calles por falta de recursos del Gobierno, quizás cambie de opinión al saber que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) ha destinado del 2013 al 2014, alrededor de ¢16.000 millones en la compra de 855 vehículos nuevos, la mayor parte modelos de marca Toyota (761), por un valor cercano a los ¢15.000 millones.
Esto, en momentos en que el Gobierno se queja de un creciente déficit fiscal, y cuando la mayor parte de las 350 patrullas donadas por China al MSP a fines del 2009 y en 2012, están abandonadas en patios al descubierto, sin que los recursos alcancen para su reparación y mantenimiento.
Entre enero de 2013 y junio de 2014, el MSP adquirió 580 unidades bajo la modalidad del llamado Convenio Marco Vehículos Policiales −incluidas 66 motocicletas y 28 cuadraciclos−, por ¢12.226 millones, mientras que mediante el Convenio Marco Vehículos Administrativos compró 275 unidades por ¢3.743 millones, para un total de ¢15.970 millones, según datos de la Dirección de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda (ver recuadro).
Los convenios son por cuatro años, de manera que en ese lapso la institución comprará preferentemente al mismo proveedor.
Para el periodo 2013-2014, el presupuesto para mantenimiento (reparación y compra de repuestos) de toda la flotilla de la Fuerza Pública es de ¢1031 millones, según los datos proporcionados por Sergio López, encargado de información institucional digital del MSP, lo cual, contrastado con el tamaño de la flotilla nueva y antigua, recuerda la insuficiencia de recursos para mantenimiento de los vehículos de la policía observada a lo largo de los años, y que impacta la vida útil de los automotores.
Solo para el caso de las patrullas marca Faw, que donó el Gobierno de China, el presupuesto de mantenimiento para el 2014 es de unos ¢140 millones, tal y como informó semanas atrás el subdirector de la Fuerza Pública, Nils Ching, mientras que según personas ligadas por su trabajo al tema, se necesitan al menos ¢700 millones para la atención adecuada a esas patrullas.
De acuerdo con la información dada por López ante una consulta sobre el asunto, en el caso de los vehículos adquiridos para la Fuerza Pública y la Policía de Control de Drogas, se contrató el mantenimiento con la Purdy Motors.
En general, hay un Plan de Mantenimiento Preventivo Básico, que se contrata con la adquisición de las unidades como parte de la garantía; además está el mantenimiento correctivo (reparaciones) por medio de contrataciones externas; por otra parte, están las reparaciones internas (preventivas y correctivas) que se realizan en los talleres del MSP, y el mantenimiento de enderezado y pintura (y mecánica eventualmente) realizados por reclamo de póliza, cuando un vehículo sufre un siniestro amparado a la póliza de aseguramiento voluntario de automóviles, indicó el funcionario.
CRÍTICA
Cuando a fines del año pasado la entonces mandataria Laura Chinchilla hizo entrega a la Fuerza Pública de las primeras unidades Toyota compradas a la Purdy Motors, hubo cuestionamientos por la compra de vehículos de lujo, y en torno a si esta adquisición respondía a las necesidades públicas de seguridad y vigilancia, o si eran para uso de los altos burócratas u obedecía a otro interés particular.
La entonces diputada y ahora viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, le mandó a pedir al ministro de Seguridad de entonces, Mario Zamora, información que demostrara la necesidad de la compra.
Sobre el resultado de esa gestión, Muñoz dijo el pasado lunes 18 que no le satisfizo la respuesta del ahora exministro, porque “se fue por las ramas”.
Añadió que ella no estaba cuestionando la necesidad de que la policía cuente con vehículos fuertes y de calidad, como los de la empresa adjudicada; pero, creía innecesarias algunas adquisiciones, sobre todo de autos de lujo. Además, había quejas sobre carros que se compraban acondicionados para sumergirse en el agua, pero solo venía una parte del equipo y entonces si se sumergían un rato el motor se inundaba y había que mandarlos a arreglar. También que las sirenas y otros accesorios con los que se equipaba a los vehículos tenían nombre y apellidos, por la marca y el lugar donde se compraban.
Estos son contratos por cuatro años y la situación va más allá del MSP, porque son miles los carros que el Gobierno ha comprado y hoy se puede ver que prácticamente todos los ministerios tienen autos de alto valor de la misma marca, y otras empresas han pegado el grito al cielo, por lo que habría que revisar cuál es el resultado del uso de los convenios marco, apuntó Muñoz.
“Uno entiende el origen de los convenios-marco para las compras del Gobierno, porque hay una tramitología que vuelve muy engorrosos los procesos de compra y tiene que haber procesos abreviados que faciliten las contrataciones; pero, uno también se da cuenta de las facilidades que hay y si no se hace una administración transparente apegada al derecho y la ética, se pueden construir los carteles de compra a imagen y semejanza de quien se quiere beneficiar”, advirtió.
No lo dijo la funcionaria, pero también se ha criticado que han comprado vehículos para uso de la policía de fronteras, los cuales son reforzados con extras para trabajo policial en terrenos rurales difíciles, con aditamentos como focos neblineros que se pueden sumergir hasta media hora bajo el agua, extras que cuestan hasta $7000, pero no todos van a la frontera y más bien están siendo usados en delegaciones de la Fuerza Pública de la zona metropolitana, donde esas extras no son necesarias.
Fabián Quirós, director de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, detalló que hasta el momento hay 12 convenios marco con instituciones que utilizan CompraRed, plataforma digital de compras, que en su criterio tiene entre sus ventajas el abaratamiento de los costos de las compras, la estimulación de la competencia y la transparencia.
La modalidad está basada en el artículo 115 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, y en ella la Dirección de Bienes y Contratación Administrativa de Hacienda es la que hace el proceso previo de licitación de los “objetos contractuales” (bienes y servicios), adjudica a los proveedores autorizados que cumplen los requisitos; la Contraloría General refrenda la adjudicación y luego la proveeduría de cada institución que participa en el convenio puede escoger a cualquiera de los proveedores autorizados dentro del convenio, hace la compra, paga y recibe el bien a satisfacción, explicó Quirós.
“Una de las ventajas es que evita a las entidades que forman parte del convenio marco, tener que incurrir en los gastos que deben hacer cada vez que tienen que hacer un cartel para licitar un bien o servicio, sino que toda esa fase la hace el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Contratación Administrativa”, además de que se minimizan los tiempos muertos por apelaciones, puntualizó el funcionario.
Lista de compras
La lista de vehículos adquiridos por el MSP incluye 501 pick up Toyota Hilux doble cabina, 67 unidades Prado (55 administrativos y 12 para la policía, con precios que van desde ¢18,9 a ¢42,4 millones cada uno sin impuestos) 16 Coaster (entre 45,8 y 48,2 millones cada uno), 86 Corolla, 40 Rav4, un Prius, 39 Daihatsu Terios, un camión plataforma Hino, todos comprados a la agencia Purdy Motor.
El resto son un auto Hunday comprado a la Corporacion Q, y 66 motocicletas y 37 cuadraciclos Yamaha, comprados a Lutz y Hermanos.
