Renovación Costarricense reclamó ¢808 millones y solo pudo demostrar gastos por ¢31 millones. Libertarios reclamaron ¢3.922 millones y les rechazaron ¢1.248 millones.

Si los partidos políticos fueran un ciudadano común y corriente o una empresa, los manejos irregulares cometidos durante el reclamo de la deuda política habrían afectado su perfil de crédito de manera tan grave que los bancos no les prestarían dinero ni les abrirían una cuenta bancaria.

Según información del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), durante el reclamo de la deuda política en la pasada campaña ocho partidos obtuvieron financiamiento electoral y la mitad de ellos cometieron faltas que encuadran en tipos penales que ameritaron su remisión al Ministerio Público.

Según las investigaciones efectuadas por el TSE, los integrantes de los partidos políticos al reclamar la deuda política habrían repetido conductas que calificarían como intento de estafa, estafa, falsificación de documento, uso de documento falso y falsedad ideológica.

En total el TSE distribuyó entre esas ocho agrupaciones más de ¢14.918 millones y les objetó unos ¢4.769 millones, porque no tenían respaldo o incumplían los requisitos de pago.

Es decir en el 24,5%, casi tres de cada diez colones reclamados, los partidos intentaron meterle un gol a la deuda política.

Según el Superintendente de Entidades Financieras, Javier Cascante, con esa conducta y similares antecedentes dentro de su expediente, un ciudadano normal o una empresa quedarían fuera del sistema financiero.

“Probablemente el banco no le abriría cuenta a esas personas. No les otorgaría dinero o les exigiría unas garantías muy importantes.  El perfil de riesgo es muy importante en una operación bancaria  y en eso el historial y los antecedentes sobre la conducta del sujeto son vitales para ese eventual cliente”, explicó Cascante.

Henry Castro, el ejecutivo de cuenta que el Banco de Costa Rica (BCR) designó para manejar el financiamiento de los partidos políticos, señaló que la evaluación de  riesgo en los préstamos a partidos políticos es atípica, ya que como organización carecen de ingresos y lo único que tienen es una expectativa de la deuda política que podrían obtener a través de los votos que reciban.

“Si los partidos políticos no tuvieran el respaldo de la deuda política del Tribunal no serían sujetos de crédito; se les presta por la garantía del tribunal y por la posición que ocupan en las encuestas”, analizó Castro.

Según el ejecutivo del BCR, con conductas como las detectadas por el TSE, si fueran personas o empresas, no calificarían como clientes del banco: “nosotros trabajamos con clientes que tengan calificación A de la Sugef; si ellos fueran una persona física o una empresa, con esos antecedentes posiblemente no serían sujeto de crédito”.

Para el presidente del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y ex canciller, Fernando Naranjo, el nivel de riesgo en prestarle a un partido político es excesivo: “Un apoyo a partidos políticos está fuera del giro del negocio bancario, es una actividad donde asegurar la capacidad de pago es muy difícil, y es exponer al Banco Nacional a  riesgos innecesarios”.

El presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, calificó estas conductas como inaceptables y señaló que en los partidos políticos existe una cultura de poca transparencia en el manejo de sus finanzas y una gran debilidad en sus sistemas de control interno.

“Los riesgos de una mala regulación del financiamiento de las campañas políticas son muy altos, en términos de competencias inequitativas, de falta de transparencia y de posible penetración de capitales mal habidos o inclusive de posible secuestro del poder político por parte del poder económico”, advirtió Sobrado.

LIBERTARIOS, EVANGÉLICOS Y VERDIBLANCOS

A la hora de las cifras, el Movimiento Libertario, Renovación Costarricense y el Partido Liberación Nacional (PLN) encabezan las listas.

Los Libertarios son el partido al que, nominalmente, se le objetó más cantidad de dinero en sus reclamos de deuda política; a ellos les rechazaron gastos por ¢1.248 millones y se les aprobaron ¢2.673 millones, es decir el 46,69% de su reclamo resultó infundado.

Con un monto menor, pero una proporción astronómica sobre el total aprobado, le sigue Restauración Nacional. A los miembros de esa agrupación les rechazaron ¢777 millones y lograron acreditar gastos por apenas ¢31 millones, por lo que el 2.507% de sus reclamos carecía de respaldo legal.

Por su parte, los verdiblancos encabezan la lista con más cantidad de procesos enviados al Ministerio Público. En cuatro investigaciones sobre sus liquidaciones de gastos, el TSE encontró conductas que podrían ser delictivas y los remitió para que la fiscalía los investigue.

A las cuatro denuncias penales del PLN le siguen tres casos detectados en el Movimiento Libertario y un caso cada uno de los socialcristianos y del Partido Acción Ciudadana (PAC).

FIESTA DE BONOS

En materia de financiamiento, la herramienta estrella de los partidos políticos resultó la emisión de bonos: en total los ocho partidos emitieron bonos por ¢28.165 millones, es decir casi el doble del monto que finalmente les aprobó el TSE como deuda política.

Estos bonos se emiten en diferentes series y se vendieron al público como una expectativa de lo que los partidos podrían obtener como deuda política, según el resultado de la elección.

Sin embargo, la cantidad de bonos que emitieron algunos partidos excedió ampliamente la cantidad de deuda política que recibieron, por lo que quienes los adquirieron lograron cobrar solo una fracción de su valor.

En el caso del Movimiento Libertario, emitió seis series de bonos por ¢1.000 millones cada una, es decir un total de ¢6.000 millones y finalmente solo logró cobrarle al TSE ¢2.673 millones.

Por ello, quienes compraron los bonos serie A recuperaron todo su dinero; quienes compraron la serie B solo cobraron el 44,59% de su inversión y quienes habrían comprado bonos de las series C, D, E y F perdieron completamente su inversión.

El caso extremo fue el de Renovación Costarricense, liderado por Justo Orozco, quienes emitieron una serie de bonos por ¢800 millones de la cual solo se pagaron ¢60 millones;  por lo que quienes compraron esos bonos solo lograron recuperar el 0,75% de cada colón invertido.

El presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, cuestiona vehementemente este método de financiamiento ya que, en su opinión, se trata de un mecanismo perverso que podría servir de portillo para donaciones ilegales y para disfrazar el ingreso de capitales de dudosa procedencia.

Luis Antonio Sobrado, presidente TSE:

“Ese tipo de conductas son inaceptables”

Luis Antonio Sobrado, Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones

La sociedad costarricense  hace un esfuerzo económico importante para financiar las campañas de los partidos políticos. ¿Tienen los partidos políticos un comportamiento financiero leal y recíproco con ese esfuerzo?

−La última reforma electoral del 2009 procuró fortalecer los controles en materia de financiamiento y revertir una serie de prácticas que reñían con el principio de transparencia, porque los riesgos de una mala regulación del financiamiento de las campañas políticas son muy altos, en términos de competencias inequitativas, de falta de transparencia y de posible penetración de capitales mal habidos o inclusive de posible secuestro del poder político por parte del poder económico.

Creo que el hecho de que estos mecanismos de control hayan funcionado y que se hayan evidenciado prácticas que son tradicionales, nos permite aspirar para el próximo proceso electoral a un manejo financiero más transparente, más respetuoso de los límites y controles que existen.

¿Es decir que en la pasada campaña usted no percibió esa reciprocidad y lealtad?

−Lo que yo creo es que hay mucho terreno que avanzar en materia de financiamiento, especialmente preocupante es el tema de la equidad de financiamiento de la contienda y su afectación por la dificultad que tienen algunos partidos de acceder a financiamiento en el arranque de la contienda, porque ese financiamiento depende, en alguna medida, de las encuestas electorales. Creo que lo más urgente es buscar la aprobación del mecanismo de las franjas electorales para paliar esa dificultad.

En la pasada campaña el TSE autorizó pagos por ¢14.918 millones y objetó ¢4.769 porque no tenían respaldo o se habían fraguado comprobantes, etc. ¿Cómo explicar que los partidos hayan tratado de meterle un gol al TSE y a la sociedad costarricense, en 3 de cada 10 colones?

−Creo que los partidos políticos o algunos de ellos, demostraron gran resistencia a un nuevo paradigma de manejo financiero que apuesta por la transparencia y por una serie de restricciones para evitar daños a la democracia. En algunos casos fue un comportamiento inercial, en otros, frutos de una reforma aprobada muy cerca de las elecciones, pero en otros casos fruto de una cultura de la simulación.

Los partidos son personas jurídicas que no se comportan de una manera aceptable según las normas del sistema financiero…

−Sí, efectivamente, el desempeño financiero de los partidos en el proceso electoral anterior demostró una serie de irregularidades propias de una cultura poco proclive a la transparencia y de una gran debilidad de los sistemas de control interno. Pero el hecho de que el sistema haya evidenciado esas irregularidades y que los responsables se expongan hoy a sanciones es un factor disuasorio para el manejo futuro de este proceso electoral.

El caso más extremo es el de Renovación Costarricense que intentó cobrar ¢808 millones y solo tenía respaldo para ¢31 millones, es decir el 2507% de todo lo que intentó cobrar no tenía respaldo. ¿Cómo describiría esa conducta?

−No creo que el índice de improbación de pago sea el más preocupante, sino aquellos casos en donde la negativa de pago responde a niveles de ocultación, esos me parece que son los casos más graves. No voy a hacer referencia a ningún partido en particular, pero esas son las prácticas que más preocupan. Si a la dificultad para liquidar el gasto se unen maniobras tendientes a fabricar apariencia y acceder ilegalmente a los recursos, eso es para mí lo más preocupante.

Justamente por los estudios del TSE se enviaron a la Fiscalía 9 casos, en los que las conductas que se repiten son la estafa, la falsificación de documentos, etc. ¿Es esa conducta  recíproca con el esfuerzo que hace la sociedad para financiar sus campañas?

−No, no, ese tipo de conductas son inaceptables y por eso cuando encontramos evidencia de ello, remitimos los casos al Ministerio Público, sin perjuicio además de procesos para imponer multas.

 Los partidos han emitido bonos en cantidades muy por encima de lo que las encuestas les atribuyen como posibilidad de acceso a deuda política. ¿Cómo controlar que el mecanismo de los bonos no se utilice para donaciones ilegales o lavado de dinero?

−El mecanismo de los bonos es perverso y no hay manera de evitar que sirva de portillo para donaciones ilegales, para disfrazar el ingreso a la política de capitales de dudosa procedencia. Y como mecanismo es, además, un tipo de operación altamente especulativo que puede llevar a quienes los adquieren de buena fe a tener una sensación de estafa.

Los delitos que se investigan

En las investigaciones realizadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, se detectaron 9 casos que ameritan investigación del Ministerio Público, entre ellos las posibles conductas delictivas que más se repiten son:

Estafa: los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

Falsedad ideológica: Se presenta cuando en un escrito genuino se insertan declaraciones contrarias a la verdad, es decir, cuando siendo el documento verdadero en su forma y origen (auténtico), contiene afirmaciones falsas sobre la existencia histórica de un acto o un hecho, o sus modalidades, bien porque se los hace aparecer como verdaderos no habiendo ocurrido, o cuando habiendo acontecido de determinada manera, son presentados de una diferente.