Anabelle González, Embajadora Especial para Asuntos Comerciales con Estados Unidos, se refiere a las negociaciones en curso para firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, así como a las críticas que diversos sectores hacen al proceso.
«Al inicio, las partes suelen presentar posiciones»»maximalistas» y a partir de allí arrancar la negociación».
Es una de las técnicas del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), con más experiencia en la negociación de los polémicos TLC, gracias a que -como ella dice- los gobiernos liberacionistas y socialcristianos de los últimos 15 años, han confiado en sus habilidades de negociadora. También ex-directora General de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) –la promotora de inversiones estadounidenses en el país–, Anabelle González es hoy la principal protagonista del controversial proceso hacia la firma de un TLC con Estados Unidos y Centroamérica.
En una entrevista realizada el lunes 24 de marzo, respondió a nuestras preguntas sobre los objetivos que se buscan con este Tratado, su posible impacto para la producción local, la secretividad en que se mantiene el texto del TLC y los procedimientos para tomar las decisiones. Además, se refirió a preocupaciones ante la posibilidad de que el país le abra las puertas a la producción con fines militares y a las críticas sobre presuntos conflictos de intereses en el mundo del comercio exterior.
¿Cuáles son los objetivos que persigue Costa Rica en la negociación del TLC con Estados Unidos?
-El primero es mejorar y consolidar las condiciones de acceso para las exportaciones agrícolas costarricenses hacia el mercado de EE.UU. En Costa Rica existen unas 450.000 hectáreas sembradas, de las cuales un 80% son de cultivos exportables. Entonces, para el país es muy importante que productos agropecuarios como piña, melón, plantas, flores, tilapias, camarones, etc. tengan ese acceso consolidado al mercado de ese país.
En segundo término, es muy importante para nosotros poder atender adecuadamente las sensibilidades que puedan presentarse en el proceso de negociación. Si bien la gran mayoría de la agricultura costarricense ya se dedica a la venta en el exterior, hay una pequeña parte que se dedica al consumo doméstico, y en tanto esta parte tenga algún tipo de problema, es necesario atenderla adecuadamente a través de plazos largos de transición, mecanismos como contingentes, salvaguardias y otros instrumentos.
En tercer término, es muy importante la eliminación de los subsidios a la exportación en el comercio bilateral, para que los productores puedan competir en un terreno nivelado y no contra el piso de los otros países.
Por lo que Ud. plantea, lo que se busca finalmente es una apertura total, no parece haber una política de Estado para promover y proteger a la agricultura que no necesariamente se destina a exportar.
-El Ministerio de Agricultura tiene una serie de programas en marcha. Hace como un mes y medio firmó un programa de cerca de $17 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), precisamente para el fomento de la agricultura del país. Paralelo a la negociación del Tratado, hemos venido planteando que es muy importante desarrollar una agenda de cooperación con el objetivo de promover la transición hacia el libre comercio, de modo que por un lado se puedan aprovechar las ventajas que el Tratado genera y que también se pueda atender cualquier desafío que el mismo presente. Esa agenda integral de cooperación se desarrolla en cuatro grandes áreas. Una es el desarrollo rural, que incorpora tanto lo agrícola como lo no agrícola. Las otras son la pequeña y mediana empresa (PYMES), competitividad, y ciencia y tecnología.
En cuanto se ha empezado a hablar de un TLC con EE.UU, este país comienza a ponerse a la defensiva en una serie de temas, como los textiles centroamericanos. Es decir, EE.UU no duda en protegerse.
-La forma natural en que transcurren los procesos de negociación es que al inicio las partes suelen presentar posiciones «maximalistas» y a partir de allí arrancar el proceso. Ciertamente, en el campo del sector textil, la propuesta que Estados Unidos presentó no satisface a los países centroamericanos. En esa área particular buscamos lograr, por un lado, fortalecer un proceso de integración muy grande que existe en esa área entre Centroamérica y Estados Unidos, pero también permitir el continuo desarrollo de la industria en Costa Rica y en la región. A nuestro juicio, esa propuesta de Estados Unidos todavía se queda corta para lograr esos objetivos y precisamente uno de los temas que vamos a discutir en esta próxima ronda es cómo consideramos que su propuesta tiene que ser más cercana a lo que andamos buscando. No es algo extraño que el proceso de negociación funcione de esta manera, pero para que podamos lograr los objetivos que buscamos, debemos acercarnos mucho más, no donde estamos en este momento.
Estados Unidos también ha demostrado tener una gran voluntad política de defender a su propia agricultura. Hace unos meses la administración Bush aprobó subsidios multimillonarios para eso. ¿No significa esto un gran obstáculo para que Costa Rica pueda defender sus intereses?
-Yo creo que aquí lo natural es que cada parte entre a defender sus propios intereses. Me parece que muchos de esos intereses son coincidentes. Por ejemplo, uno de los productos más importantes que Estados Unidos subsidia es el trigo, y Costa Rica y toda Centroamérica se beneficia de la importación subsidiada de trigo. La totalidad del maíz amarillo que Costa Rica importa proviene de Estados Unidos, y ese es otro producto subsidiado allí, lo cual hace que la producción pecuaria en Costa Rica pueda beneficiarse de ese tipo de subsidios. Por eso le digo que en algunos casos los intereses son coincidentes. En otros, los intereses son divergentes. De lo que se trata es de buscar un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio en aquellas áreas en las cuales hay diferencias.
¿Existe la posibilidad de que Costa Rica negocie a su favor algo en el terreno agrícola y a cambio de eso le dé a EE.UU alguna concesión, por ejemplo, en el terreno de la propiedad intelectual? ¿Puede haber algún sector sacrificado y que no lo sea necesariamente en su propio terreno?
-Todo proceso de negociación es de dar y recibir. Se busca realizar los balances de negociación dentro de las propias áreas en las que se está trabajando. Puede ocurrir, hacia el puro final de la negociación, cuando se hace un último análisis de balance, que temas de distintas áreas estén en la mesa de negociación. Allí, el país debe un balance de tipo global, para ver si considera que estaría mejor con el Tratado en esas circunstancias o sin el Tratado. Y en ese momento es cuando toma la decisión final.
Pero «estar mejor» se refiere al sector que salga ganador. ¿Cómo se determina quién pierde?
-Hablar de ganadores y perdedores es algo muy difícil, porque ese es un concepto estático de la economía y la economía no es estática. Es dinámica y cambia todos los días. Cambia por el comercio, pero cambia también por la tecnología, conforme se van descubriendo nuevas cosas. Cambia porque también van cambiando los gustos del consumidor. Lo que nosotros podemos considerar hoy como perdedor, en términos de considerar que es algún tipo de producto que pueda enfrentar un nivel de competencia mayor y que pueda tener un problema para enfrentar esa competencia, es algo que bien puede cambiar mañana. Entonces, a mí me parece que hay que ser en extremo cauteloso, porque precisamente a veces esos cambios promueven ajustes de los cuales se sale mucho más fortalecido, ya sea en esa actividad o en alguna otra.
La realidad es que la gran mayoría de los temas ni siquiera se presentan en esa disyuntiva, en razón de que una buena parte de las disciplinas que se negocian en estos acuerdos están ya incorporadas en el ordenamiento jurídico de Costa Rica, en virtud de legislación nacional propia y de otros tratados que ya se han suscrito.
¿Por ejemplo?
-La relativa al trato que se le da al producto extranjero en el país. La propia Constitución Política dice que se deben tratar igual que los productos costarricenses. Todo lo que se refiere a los procedimientos aduaneros. Probablemente todo lo que se negocie en esta área, el país ya lo tenga incorporado.
También están ya en nuestro ordenamiento jurídico normas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas que rigen los productos industriales. En muchas áreas de inversión, la propia Constitución establece, por ejemplo, disposiciones sobre expropiación. En cuanto a trato, la no discriminación entre nacionales y extranjeros también es parte de nuestro ordenamiento jurídico. En lo que se refiere a solución de controversias, ya hemos suscrito procedimientos similares en otros tratados. Es decir, que una gran parte del acuerdo, ya está en el ordenamiento jurídico nuestro, pero está en relación con otros socios comerciales, como México, Chile, República Dominicana, Centroamérica. Si algo no lo está, se define si como país interesa o no y se trata de minimizar lo que no interesa. Probablemente no se logre todo y como parte del balance general habrá una serie de disposiciones que se hubiera preferido no tener en este momento sino más adelante.
Ud. dice que la economía es dinámica, es cierto. Y también es cierto que el avance tecnológico cambia la correlación de fuerzas económicas. Pero eso es menos factible cuando una pequeña economía se abre a una gran economía. El tiempo que tarda una empresa de esta economía pequeña para evolucionar tecnológicamente o adaptarse, no es el mismo que tienen EE.UU y sus empresas para adaptarse. ¿Puede significar ese tiempo la extinción de un sector o la quiebra de una empresa?
– Costa Rica ya es una economía bastante abierta. El arancel promedio ponderado que tiene el país en este momento ronda el 6%, cuando hace quince años tenía aranceles del 100%. De modo que ya el país ha venido cambiando mucho en ese sentido y una buena parte de ese proceso de ajuste ya se ha llevado adelante y se ha hecho exitosamente.
Realmente una no prevé que se eliminen los impuestos de importación al día siguiente de la entrada en vigencia del Tratado. Normalmente tiene una serie de plazos de desgravación para permitir precisamente que esta vaya ocurriendo paulatinamente. Por ejemplo, si un producto tiene hoy un arancel de 15%, que no pase a cero de un día para otro sino que lo haga en un plazo de 15 años a razón de un punto por año.
Venimos trabajando muy fuertemente en el desarrollo de esa agenda integral de cooperación, que tiene precisamente como objetivo tratar de maximizar las oportunidades que el tratado genera para ampliarla para el mayor número posible de agentes en el país y atender las sensibilidades que puedan presentarse.
Un ejemplo de proyecto en marcha es el Centro de Desarrollo de la Pequeña Empresa, que está modelado bajo la figura de los que existen en Estados Unidos y que son considerados sumamente exitosos. La Agencia Federal de Gobierno de Pequeña Empresa es una agencia que ha apoyado el lanzamiento de empresas que hoy son tan famosas para nosotros, como Microsoft, que empezó como un pequeño programa de esta Agencia. Hemos venido trabajando muy estrechamente con ellos y con el Ministerio de Economía, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Cámara de Industrias, una serie de organizaciones, y esperamos estar concretando el establecimiento de este centro a mediados de este año. Este centro pretende apoyar a las PYMES, ya no solo como consecuencia del Tratado, su objetivo es lograr el crecimiento e internacionalización de las PYMES en Costa Rica.
¿De dónde proviene el financiamiento?
-Parte con el BID, parte con el Banco Mundial y parte con el Gobierno de Estados Unidos, que más que financiamiento pondría los recursos técnicos y la capacitación, y nosotros pondríamos personal de distintas fuentes. Con Tratado o sin él, el proceso va a continuar poniendo una presión sobre estos sectores y es importante poder apoyar el cambio de manera dirigida para que sea exitoso.
En el área de propiedad intelectual existe preocupación porque se pueda impedir que la CCSS tenga acceso a los medicamentos genéricos y se le obligue a adquirir los de marca.
-Eso es absolutamente falso. No existe ninguna disposición propuesta en el acuerdo, ni por Estados Unidos ni por nosotros, ningún acuerdo que se haya firmado en ninguna parte del mundo, que establezca una disposición así.
Esto ha ocurrido en Sudáfrica y Brasil con los medicamentos para el Sida.
-Pero es una cosa completamente diferente. En nuestro caso hablamos de algo muy puntual. Cuando Ud. va a vender un producto farmacéutico o agroquímico nuevo, se tiene que pedir un permiso en el Ministerio de Salud. Cuando solicita el permiso, tiene que presentar unos datos de prueba para comprobar la eficacia y la seguridad del producto. Esos datos de prueba deben ser protegidos contra todo uso por parte de terceros, de conformidad con lo que ya nuestra ley interna dice sobre la información no divulgada y con respecto a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. La discusión en este momento es exclusivamente la siguiente: durante qué plazo deben protegerse los datos de prueba. Nuestra legislación es omisa al respecto. La gran mayoría de legislaciones internacionales establecen 5 años de protección para los productos farmacéuticos y 10 para los agroquímicos. Lo que estamos discutiendo aquí es cuál es la duración de ese plazo y ciertas incidencias relacionadas, como desde cuándo se empieza a contar. Pero no estamos hablando en ningún momento sobre la posibilidad de la Caja de producir o adquirir genéricos aquí. Si esto fuera así, sería completamente rechazado, pero absolutamente nada en el Tratado nos está llevando hacia esto.
Le hice esta misma pregunta al Ministro de Comercio Exterior y me dijo que probablemente en este tema habría conflicto.
-Bueno, hay conflicto en el sentido que nosotros normalmente preferimos mayor flexibilidad en esta área de la que pretende Estados Unidos, porque nosotros somos mucho más productores de genéricos que de productos de marca. Es cierto que vamos a tener diferencias, pero el orden de magnitud de lo que estamos hablando es completamente distinto.
¿Qué pasará con los colegios profesionales si se firma el TLC?
-Nada. El Tratado insta a los organismos encargados en cada país de la acreditación y reconocimiento de títulos a ponerse de acuerdo entre ellos. Pero queda enteramente a la voluntad de los organismos encargados. Por ejemplo, en el TLC con Canadá, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos ha venido promoviendo un proceso de reconocimiento. Ya se han reconocido cerca de diez carreras universitarias, de modo que las personas graduadas en universidades privadas y públicas van a poder reconocer su título en Canadá como si fuera un título canadiense. Si un colegio no tiene ningún interés, no se procede en ese sentido.
¿Qué puede decir sobre la cláusula de confidencialidad de las negociaciones que Estados Unidos exige en estos procesos?
-Nosotros enfocamos este tema desde la perspectiva de que tenemos dos deberes importantes que cumplir, como funcionarios de Gobierno. El primero es el de informar a todos los costarricenses del proceso de negociación, de cuáles son los objetivos que se persiguen, cuáles son los avances y las dificultades que se presentan en el camino, de todo aquello que permita formarse una opinión informada acerca del proceso mismo. Eso no solo es nuestro deber sino que es en nuestra propia conveniencia hacerlo, porque cuando llegamos a la mesa de negociación, necesitamos hacerlo con argumentos fundamentados. Y muchos de esos elementos para fundamentar nuestras posiciones están afuera, los tienen los empresarios, los trabajadores, las personas que se dedican a su actividad. Y nos interesa brindar la mayor información posible para poder recabar de vuelta la mejor información.
El segundo deber es el de desarrollar una estrategia para alcanzar nuestros objetivos en el proceso de negociación. Si los textos en los que plasmamos la estrategia salen a la luz pública, y aquí tenemos un debate sobre que esa no es la posición de Costa Rica, de por qué Costa Rica está haciendo eso, llegamos y Estados Unidos en la mesa de negociación nos dice que lo planteamos por estrategia y no porque fuera de verdad y la estrategia pierde todo valor. Tenemos que ser muy cuidadosos para lograr que esto no ocurra y podamos obtener lo que queremos, que es el mejor acuerdo posible para el país.
Sin embargo, cuando se negoció el TLC con Canadá, el sector hortícola y la Cámara de Exportadores se quejaron de que se les informaba, pero no se les escuchaba ni se incluían sus posiciones en la negociación. Incluso la aprobación de ese TLC se tuvo que postergar en la Asamblea Legislativa.
-Hay que tener presente que Costa Rica es un país muy diverso. Hay una gran cantidad de grupos que tienen intereses divergentes. Si habla con distintos productores en la cadena hasta el momento en que llega al consumidor, encuentra que el productor de la materia prima quiere protección, pero el usuario de la industria alimenticia quiere acceder a esa materia prima al precio más barato posible, etc. Esos intereses no son coincidentes sino divergentes. Entonces, la posición del Gobierno es buscar una articulación de todos esos intereses en lo que es el interés general, nacional.
¿Cómo y quién determina ese interés general?
-Quien lo define en último término y en quien reside esa potestad es la Asamblea Legislativa, porque de conformidad con nuestro sistema constitucional es la encargada de aprobar el Tratado. El balance último lo hacen los señores diputados en el sentido de que si ellos estiman que el acuerdo no logra esa satisfacción del interés nacional, ellos tienen el deber de no aprobarlo. Asimismo, si estiman que sí satisface el interés general, su deber será aprobarlo. Ese es el sistema propio de pesos y contrapesos que se tiene en muchas democracias.
¿Ustedes han firmado alguna cláusula de confidencialidad?
-No, en realidad no existe tal cosa. Para poder atender el deber de información y el deber de desarrollar una estrategia, sí acostumbramos que los textos de la propuesta de negociación se mantengan restringidos en tanto se lleva adelante el proceso de negociación, pero no su contenido, solo el papel como tal. De hecho, en cuanto al contenido, tenemos una serie de foros en los cuales damos a conocer una serie de contenidos, los avances, etc.
Si bien la Asamblea Legislativa tendrá la palabra final, Uds. negocian a partir de un modelo de inserción y de desarrollo.
-En realidad no. En primer lugar, la definición más importante corresponde al Presidente de la República. De hecho él es quien fija las posiciones en todas aquellas áreas que sean complejas. Por ejemplo, muy tempranamente él definió que las telecomunicaciones no van a estar dentro del tratado. Estas son decisiones que le competen. En segundo término, todo tipo de decisiones en este acuerdo básicamente pasan por el Ministro de Comercio Exterior, quien a su vez tiene un consejo asesor integrado por cerca de diez ministros de otras carteras y organizaciones de Gobierno. Las personas que estamos con la responsabilidad de llevar adelante la negociación como tal somos instrumentos para defender la posición que el Gobierno ha establecido. Con base en eso es que procedemos a hacer el trabajo.
SOBRE CONFLICTOS DE INTERESES
González también respondió a preguntas sobre la presunta existencia de conflictos de intereses en el ámbito del comercio exterior, que formularon el ex-diputado Carlos Villalobos, del Partido Liberación Nacional y la Cámara de Exportadores, cuando se debatió en la Asamblea Legislativa el TLC conCanadá.
Se ha denunciado que existe conflicto de intereses entre funcionarios o ex-funcionarios del COMEX, como la viceministra Gabriela Llobet y el abogado Francisco Chacón, quienes son miembros de un bufete que a su vez representa a empresas transnacionales que se instalan en el país. El abogado Chacón, su esposo, a su vez realiza un estudio para sustituir los beneficios de las zonas francas a partir del presente año.
-Este es uno de los aspectos que con más ligereza y con alguna dosis de mala fe se ha tratado, porque no existe ninguno de esos aludidos conflictos de intereses. El haber estado en CINDE no implica que exista ningún conflicto para trabajar en el Ministerio. Nunca he entendido por qué se dice esto.
En relación con el trabajo de mi esposo, él es abogado, sus relaciones de trabajo no tienen absolutamente nada que ver conmigo. Como abogado se dedica a atender todo tipo de empresas: nacionales, extranjeras. Es algo que por sí mismo no tiene ninguna incidencia con el Ministerio.
Puede tener ventaja en el manejo de la información.
-No tiene ninguna relación. Nosotros trabajamos con los más altos estándares éticos, tanto de la ética privada como profesional. Yo lo que creo es que a veces, como aquí la gente no puede decir que soy vagabunda o que no soy preparada o que desconozco el tema, y el hecho de ser mujer a algunos no les gusta, sobre todo en los sectores económicos, tienen que decir algo. Yo me siento orgullosa de mi trabajo, de lo que he hecho por el país y, en la medida de lo posible, quiero continuar haciéndolo. Si alguien tiene algo en mi contra, que vaya a los tribunales, a los mecanismos que corresponden en un sistema de derecho, donde las personas no se presumen culpables, sino inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
También se le critica por tener pasaporte estadounidense y a la vez ser embajadora de Costa Rica para negociar el TLC con EE.UU.
-Qué dicha que saca este tema. En efecto, nací en Estados Unidos. Mi papá era costarricense, lo mismo que mi madre y que mi familia. El abuelo de mi abuelo fue quien escribió el himno del 15 de setiembre. Yo estudié toda mi carrera en Costa Rica. Mi papá estaba trabajando en EE.UU y yo circunstancialmente nací allí. Tengo pasaporte costarricense. Soy cédula 1 en el país. Realmente me parece que ya habíamos superado el tema de discriminar a las personas por el lugar de nacimiento. Lo que pasa es que cuando se trata de una mujer en un puesto público importante, el ataque es mucho mayor para tratar de deslegitimarla. Yo soy costarricense, me siento orgullosa de serlo y estoy aquí precisamente porque he dedicado una vida a defender los intereses de Costa Rica en el exterior no obstante que estar en estas tareas depara muchas veces este tipo de críticas, que son infundadas. Soy tan costarricense como muchos y quizás más que otros.
LO MILITAR NO ENTRA
UNIVERSIDAD transmitió a González la preocupación de diversos sectores por la eventual firma de un TLC con países que tienen ejércitos e industrias militares. Este fue el diálogo:
Causa preocupación la instalación en el país, acogida al régimen de zona franca, de una empresa como REMEC, que según su sitio en Internet, obtiene el 40% de sus ganancias de los contratos militares que desarrolla con el Pentágono. Se argumenta que esto pone en entredicho la política de neutralidad activa de Costa Rica y su compromiso con la paz. Y ahora se firmaría un TLC con cinco países que tienen ejércitos. Algunos sectores promueven que se declare al país libre de la presencia de este tipo de empresas, sean estadounidenses o centroamericanas.
-Ese tipo de temas no tienen ninguna relación con el Tratado. Nada relacionado con el tema militar es parte del Tratado. Hasta donde yo conozco, no existe en el país ninguna empresa establecida para el desarrollo de productos militares, entre otras razones porque por razones de seguridad los producen en sus propios países. En el caso de REMEC, yo entiendo que producen componentes para telecomunicaciones. No conozco el detalle exactamente de lo que hacen, pero en esto debemos ser cuidadosos, porque es probable que en el país se produzcan componentes electrónicos o textiles que se usen en el Pentágono o en la ropa de los soldados.
Hay una gran diferencia entre una empresa que produce computadoras que eventualmente podría adquirir el Pentágono y REMEC, que es una empresa que abiertamente se promueve como una de las grandes contratistas militares del Pentágono.
-Habría que verlo. Probablemente esta es una cosa que excede por mucho mi competencia. Sí he de señalar que no es algo que en el Tratado se contemple. Sería algo que el país tendría que definir en otro contexto.
