El país opta por dejar en manos del capital privado actividades claves para el desarrollo.

Una eventual apertura en el mercado de la electricidad, sumada a la liberalización del mercado de seguros y telecomunicaciones, a la privatización de las actividades de los puertos y de las operaciones de RECOPE a través de su acuerdo con la Corporación Nacional de Petróleo China (CNPC), consolida el cambio de modelo de desarrollo que durante mucho tiempo siguió Costa Rica y que incidió en que el país tenga índices de desarrollo humano superiores a los de casi todo el continente.

El proyecto de Ley General de Electricidad, que el Poder Ejecutivo estaría enviando a la Asamblea Legislativa en el actual periodo de sesiones extraordinarias, buscaría precisamente consolidar la participación directa de los generadores privados de energía eléctrica en el mercado.

Así  lo manifestó el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, el pasado 5 de marzo, cuando en una actividad pública informó que enviaría al parlamento el proyecto que pasó de 300 a 146 artículos y que “busca, en lo esencial”, abrir la posibilidad de que “el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), las “cooneléctricas”, las empresas de servicios municipales como la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y los generadores privados puedan participar, de manera creciente, en la generación de energía a partir de fuentes limpias”.
Al considerar los casos de la apertura en seguros, telecomunicaciones, puertos, refinamiento de petróleo y eventualmente electricidad, el economista Helio Fallas señaló que “se giró al aperturismo; pero, ese es un paso consolidado desde que se aprobó el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC); hay que tener claro que se unieron Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Movimiento Libertario (ML) en la culminación del proceso de apertura. Esto (apertura en electricidad) ya es más de lo mismo”. 
Por su parte, el exregulador general de la República, Leonel Fonseca, apuntó que “todo el desmantelamiento institucional y el debilitamiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en particular, se origina en el Consenso de Washington, en los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en las política neoliberales vigentes en el país desde casi cinco gobiernos; la batalla final es la ley de electricidad”.
Ese Consenso de Washington consiste en un conjunto de diez medidas económicas que en 1989 puntualizó el economista estadounidense John Williamson. De acuerdo con información del sitio Negociaciones de Comercio Global, del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, entre esas diez medidas figuran la “disciplina fiscal” y la redirección de las prioridades de gasto público hacia campos de alta rentabilidad económica y con potencial para mejorar la distribución del ingreso, “como la asistencia primaria en salud, la escuela primaria y la infraestructura”.
También incluye la liberalización de las tasas de interés, una “tasa de cambio competitiva”, liberalización del comercio y de la inversión extranjera directa, la privatización, la desregulación y seguridad a los derechos de propiedad.

EL TURNO DE LA ELECTRICIDAD

Consultado al respecto de esta nueva iniciativa, el exregulador general de la República, Leonel Fonseca, opinó que “no hay nada nuevo y las intenciones de este proyecto de ley siguen siendo las mismas declaradas ahora por Rodrigo Arias, pero que ya habían expresado personas como el viceministro de Energía, Julio Matamoros, y que buscan permitir la generación de electricidad a los empresarios privados sin ninguna o con muy pocas restricciones, al igual que posibilitar que vendan esa energía directamente a sus clientes, que por supuesto serán grandes consumidores industriales y comerciales; es decir, la posta o el lomito del mercado”.
Según Fonseca, ello dejaría al ICE y al país la responsabilidad no sólo de suministrar al resto del mercado, “el rural y residencial, que representa mucho menor poder económico y con costos de suministro mucho mayores, tanto por su menor consumo como por su dispersión geográfica”; sino que también el ICE y el país estarían obligados a mantener las plantas, inversiones y costos, para dar soporte a esos generadores privados cuando sus plantas no satisfagan la demanda total y el incremento de sus clientes, o para cuando sus plantas fallen.
Actualmente, en el país es el ICE la institución que en la práctica funciona como planificador y rector de la gestión eléctrica en el país, aunque en ciertos nichos de mercado actúan otras instituciones como las mencionadas por Rodrigo Arias. Fue a partir de 1990 que con la aprobación de la ley 7.200 se facultó a la empresa privada a incursionar en la actividad de la generación de energía, que es comprada por el ICE.
Cabe destacar que la empresa Ingenio Taboga, de la cual la familia del presidente Óscar Arias es propietaria, entre otras actividades se dedica a la producción de electricidad. Según la página en Internet de esta compañía, se trata del mayor productor nacional de azúcar y en lo que a electricidad se refiere, apunta que tiene una capacidad instalada de 20 megavatios.
 “La empresa ha vendido, desde 1998, sus excedentes de energía. De hecho, fue la primera empresa costarricense en obtener, ese mismo año, permiso para exportar electricidad, de parte del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Durante el periodo 1998-2001 vendió sus excedentes a Nicaragua”, detalla el sitio.
Desde el 2007, el anterior jerarca del actual Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Roberto Dobles, promovió un proyecto de Ley General de Electricidad que fundía dos iniciativas sobre el tema estancadas en la corriente legislativa y que había sido presentado en agosto, sin mayor éxito que los antecedentes.
El ministro Arias también señaló que “para poder mantener e incrementar nuestra capacidad de generación de energía limpia, debemos aunar los esfuerzos de todos esos actores en un propósito común: atender la demanda interna y, deseablemente, convertir los excedentes de nuestra energía en un valioso producto de exportación regional. Para lograrlo, deberemos invertir ingentes recursos que no podrán provenir, únicamente, del endeudamiento de las empresas de energía; deberemos ser capaces de atraer, también, la inversión privada para que coadyuve en ese proceso”.
Cabe destacar que el pasado 25 de febrero, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), presentó a la presidenta electa Laura Chinchilla una “agenda para impulsar el desarrollo del país”, que constó de diez puntos y en tercer lugar figura “asegurar el abastecimiento energético suficiente de mayor calidad y menos dependiente de combustibles fósiles”.
Mientras tanto, Leonel Fonseca calificó como “muy grave” la pretensión de permitir a los generadores privados la exportación de energía, pues “de nuevo ellos lucrarán y se beneficiarán del ‘lomito’”. Según explicó, en Centroamérica se genera electricidad con plantas térmicas que utilizan combustibles derivados del petróleo hasta en un 80%, mientras en Costa Rica esa generación térmica “si acaso llega al 10% o 15% en épocas críticas”.
“Lógicamente, esos empresarios privados podrán colocar esa energía a precios mucho más altos que los que lograrían en el mercado nacional, y al abrirse el mercado y eliminar cualquier requisito o traba, utilizarán un recurso energético que algunos calificamos como nuestro petróleo y que prioritariamente debe utilizarse para satisfacer las necesidades nacionales”, añadió.
Desde esa perspectiva, el economista mostró preocupación porque la eventual ley pueda “propiciar la entrega de un recurso vital para el desarrollo económico y social -como es la energía eléctrica- a las multinacionales eléctricas, de cuestionado papel en muchos países y el mejor ejemplo es Nicaragua”. Recordó que desde 1968 “logramos la nacionalización completa de la actividad eléctrica, desterrando la nefasta Electric Bond and Share”.
Por su parte Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE), señaló que una Ley General de Electricidad debe contemplar necesidades como precisamente la apertura comercial para el trabajo de los generadores privados y la posibilidad de que los futuros “clientes”, sobre todo los grandes consumidores, puedan escoger con qué empresa contratan el suministro eléctrico.
Explicó que la evolución del sector en los últimos años se ha encaminado en ese sentido; “ya en la década del 2000 se requería dar un siguiente paso, pues se han presentado limitaciones en la  atención a la demanda, como lo fueron los apagones y racionamiento del 2007; se alquilan plantas térmicas cuando las aspiraciones desde el punto de vista de energía renovable son muy importantes”.
Alvarado puntualizó que ese siguiente nivel de apertura es “el mercado mayorista en competencia”, y especificó que se deben definir los agentes de mercado en los cuatro segmentos de la actividad: generación, transmisión, distribución y utilización de la electricidad. “Se debe definir el concepto de gran consumidor, que está presente en todas las legislaciones eléctricas del mundo, para establecer cuáles son los agentes de mercado que participarían en ese sector particular”.
Agregó que se debe procurar atención a los principios de universalidad y competitividad, “para dar la posibilidad a los agentes de mercado de competir en condiciones de transparencia y equidad”.
Al preguntársele respecto a si una ley de apertura de este tipo puede desfavorecer al ICE tras ceder el sector más lucrativo del mercado -como el industrial- a la actividad privada, opinó que la ley debe orientarse para otorgar “una importancia fundamental” al usuario de la energía; “no se pueden privilegiar instituciones por encima del usuario final, quien merece la energía a tiempo, mejor calidad y costo más razonable”.

APERTURISMO

El economista Fallas explicó que el proceso aperturista es de origen mucho anterior al TLC, pues desde los años 90 se gestó la apertura de la actividad bancaria y de las restricciones de tipo financiero, se liberalizaron tazas de interés y se dio la apertura de capitales. “Siempre, desde el punto de vista económico, se dice que por ahí se empieza el proceso, que con el TLC se completó”, indicó.
El economista explicó que se puede pensar en dos tipos de apertura: una indiscriminada o extrema y otra en la cual aún se dejan algunas políticas en manos del Estado, más moderada. “Lo que se escogió fue una apertura indiscriminada; desde el principio fue por ese camino”.
Por ejemplo, el sector eléctrico se podría decidir entre una apertura indiscriminada, para que entre cualquier inversionista, o dejarla al sector público y cooperativo, de manera que se introduzca un elemento de fortalecimiento interno.
El economista recordó que con el tema de la banca se argumentó que había que fortalecer al sector financiero privado para justificar la apertura, “pero ya prácticamente todos los bancos privados principales pasaron a ser parte de bancos internacionales; en algún momento se habló de tener un sólo banco y vender los demás, pero decidieron frenar un poco”.
Sin embargo, indicó que el modelo que se ha impuesto en Costa Rica “no es abierto para todos, pues el TLC dio enormes ventajas a las empresas extranjeras, más que a las locales”. Como ejemplo citó el caso de las demandas al Estado, ya que si una empresa quiere participar en alguna actividad productiva y considera que el Estado entorpece o no le otorga concesión, puede demandar al país. “Todo por el tema de otorgar incentivos a esas transnacionales; pero no se trata de no darles garantías, sino de que se les han dado condiciones excesivas”.
En ese sentido, sentenció que “en esta administración lo que se hace es concretar ese esquema de desarrollo, casualmente cuando en otros países más bien vienen de regreso, como se ve en la reacción en América Latina con los gobiernos de centro izquierda”.
Al preguntarse cual es el objetivo de todo esto, el exministro de Vivienda y de Planificación del gobierno de Abel Pacheco y Rafael Ángel Calderón, respectivamente, detalló que “lo que se dijo es que estas decisiones se toman para aumentar la producción, generar empleo y mejorar condiciones de vida; pero, resulta que casualmente eso es lo que no se cumple con estas políticas; la concentración del ingreso ha aumentado (…). Se impulsa un esquema de desarrollo concentrador de la riqueza, cuando lo que se promete es lo contrario”, puntualizó.
De esa manera, también coincidió en subrayar que se trata de una serie de políticas reunidas en el Consenso de Washington, que más bien en el nivel internacional son cuestionadas e inclusive en algunas cumbres internacionales y “hasta dentro del Banco Mundial” se han presentado opiniones sobre la importancia de tomar en cuenta otros objetivos más allá de la eficiencia económica, de índole social, de utilizar otros indicadores como el de concentración de la riqueza o de mejoramiento de las condiciones de salud. “Se ven planteamientos alternativos a lo que hemos hecho en los últimos años”, acotó.
Por su parte, el exregulador Fonseca planteó que la eventual apertura en electricidad cierra el proceso del Consenso de Washington, gracias al cual “los últimos cinco o seis gobiernos han desmantelado el ICE”.
El economista y contador público recordó que en  1986 el FMI definió en su manual a la inversión estatal como gasto público; “a partir de entonces los criterios macroeconómicos limitaron al ICE su capacidad de invertir”.
Puntualizó que “no invertir en infraestructura es un mal negocio y un mal consejo económico, porque la rentabilidad al aprovechar carreteras y demás es más alta que el costo de construirlas. El Consenso de Washington recomendó desmantelar el Estado”. 

Telecomunicaciones y seguros

Entre los principales temas alrededor de los cuales giró la polémica en torno al TLC, estaban precisamente la apertura en telecomunicaciones y en el mercado de seguros que ese Tratado implica. En ambos casos, aún están por verse las supuestas ventajas que para el público consumidor acarrearía la llegada al mercado de proveedores privados de ambos servicios.
Cabe recordar que la campaña electoral del mandatario Óscar Arias recibió financiamiento de poderosos empresarios centroamericanos vinculados con el lucrativo negocio de las corporaciones de telecomunicaciones (ver UNIVERSIDAD del 4 de octubre del 2007).
A pesar de que desde octubre del 2007 fue aprobado el TLC, el país aún no ha logrado definir los requisitos para las empresas que deseen participar en ese lucrativo negocio  (ver UNIVERSIDAD del 3 de marzo).

Puertos de discordia

Desde el 2006, las actividades de Puerto Caldera, administrado por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) fueron dadas en concesión a tres empresas: dos de capital colombiano y una de capital chileno. Una de ellas, la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC S.A.), pagó $32 millones a 964 empleados del INCOP para que acordaran pasar las actividades del puerto a un actor privado. En el 2007 fueron cesados los 1.200 empleados del INCOP en Caldera, al ponerse en marcha la concesión del puerto a esas empresas privadas.
El caso de los puertos de Moín y Limón en el Caribe, administrados por la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), ha sido más espinoso.
Los miembros del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP) no dieron señales de aceptar el ofrecimiento de la administración Arias de $137 millones para ser repartidos entre los trabajadores a cambio de aprobar la concesión, lo cual desencadenó una serie de acontecimientos que incluyen el cuestionado establecimiento de una nueva junta directiva del sindicato proclive a la voluntad del Gobierno, que de esta manera lograría que toda la actividad de los principales puertos de entrada y salida de mercancías del país quede privatizada (ver UNIVERSIDAD del 10 y 3 de marzo y del 24 y 3 de febrero del 2010 y 13 de octubre del 2009).

Refinadora china

El caso de RECOPE y su alianza con la CNPC data de los primeros contactos entre los gobiernos de Costa Rica y China, luego de que el gobierno de Óscar Arias normalizara relaciones con el gigante asiático a espaldas de Taiwán.
Ambas entidades firmaron un Acuerdo Marco de Cooperación, en el que, entre otras cosas, se establece la creación de una sociedad anónima que operará una refinadora de petróleo (ver UNIVERSIDAD del 2 de diciembre del 2008 y 28 enero del 2009).
En ese acuerdo, firmado durante una visita oficial del presidente Arias a China, en octubre del 2007, RECOPE invita a la CNPC a “estudiar alternativas de cooperación para la exploración y refinación” del producto.
La CNPC, por su parte, se comprometió a constituir una “empresa conjunta o asociación” con RECOPE, que buscará refinar 60.000 barriles de petróleo al día. Ese documento además implica que ambas partes aportarán $150 millones, para que luego la naciente empresa busque endeudamiento por $700 millones con alguna entidad financiera china.