El equilibrio de la CCSS depende de la continuación del ajuste en el gasto y de los pagos extraordinarios de la deuda del Estado que se harán hasta el 2016.
La población asegurada se ha visto sacrificada con restricciones y deterioros en los servicios de salud, tras los ajustes del gasto que han permitido el equilibrio financiero que pregonan las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Esto, luego de la crisis de liquidez que vivió la entidad entre el 2010 y principios del 2012, cuando por primera vez en sus 70 años de historia la Caja tuvo que acudir a un préstamo bancario de ¢35.000 millones, para poder cubrir sus pagos.
Los recortes del gasto, sin embargo, no corren parejos con los beneficios laborales aprobados para los empleados de la CCSS en el período de gobierno 2006-2010, los cuales son financieramente insostenibles, como el aumento progresivo del auxilio de cesantía hasta un tope de 20 años a partir del 1 de julio del 2016, según admitió desde mayo del 2012 el gerente financiero, Gustavo Picado, en una exposición a los sindicatos de la Caja durante una sesión de la junta directiva.
En dicha sesión, Picado explicó que una serie de medidas para la “optimización y racionalización” de los gastos institucionales, así como el ingreso de fondos adicionales provenientes del convenio de pagos de deuda extraordinarios suscrito con el Gobierno (vigente hasta el 2016), habían permitido superar la frágil situación. Pero, advirtió que las acciones de ajuste para propiciar la “sostenibilidad financiera” debían continuar en los años siguientes, siendo uno de los elementos para considerar la viabilidad financiera del pago de algunos de los beneficios laborales en los términos actualmente fijados, como es el caso de la cesantía.
Jorge Herrera Fernández, administrador de empresas con énfasis en finanzas y quien ha dado seguimiento a las cuentas de la entidad, llamó la atención sobre el hecho de que el equilibrio financiero que se menciona, dependa de los aportes extraordinarios que hace el Estado hasta el 2016.
Eso además implica que la Caja está gastando patrimonio en gastos corrientes y no para invertir, e incluso la anunciada construcción de Ebáis (Equipos Básicos de Atención Integral en Salud) fue hecha con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y aportes municipales.
El equilibrio pregonado se trata de un equilibrio presupuestario con base en los ingresos en efectivo por pagos de patronos y del Gobierno, y no de todos los que por ley corresponden por concepto de la cotización obrero patronal y aportes del Estado, pero que no se cobra en parte,,como es el caso del Estado, al que se le han rebajado deudas, o se han incumplido acuerdos sobre la recaudación de dichas deudas.
Cabe señalar que esa situación, que se explica mayormente por la injerencia política de los gobiernos de turno y por el menoscabo a la autonomía de la Caja, se dio con la reforma de 1983 que creó la figura de la presidencia ejecutiva.
Entre otros aspectos, esto ha dado lugar a que las autoridades le hayan perdonado al Gobierno −mediante negociaciones políticas− montos de la deuda e intereses, en perjuicio de la institución y los asegurados, como quedó de manifiesto durante las comparecencias a la comisión legislativa que estudió la crisis de la CCSS en el 2012.
Para acabar con ese “manoseo político”, el pasado 22 de mayo el partido Frente Amplio (FA) presentó −con apoyo de organizaciones sociales− un proyecto de ley que propone eliminar la figura de la presidencia ejecutiva en la Caja y que esta sea sustituida por un gerente general nombrado por la junta directiva mediante concurso público (ver nota aparte).
Casualmente el proyecto fue presentado al día siguiente que se dio a conocer una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que acogió parcialmente una demanda presentada en el 2012 por el entonces diputado del FA, José María Villalta, pidiendo condenar al Estado por los daños y perjuicios ocasionados a la CCSS, por omisiones en la emisión del reglamento para cobrar el 15% de las utilidades de las empresas públicas (ver “El monto de la condena…”).
En relación con el Seguro de Enfermedad y Maternidad, Herrera enumeró decisiones que han rebajado las deudas del Estado con ese seguro, o que no se cumplieron. Mencionó por ejemplo un acuerdo tomado en el 2007 por la junta directiva, que acordó resolver el problema de las deudas acumuladas por el Estado durante 13 años −por la atención a la población indigente y niñez y adolescencia−, aplicando una metodología de cálculo que llevó a una significativa reducción de dichas obligaciones.
Se decidió entonces que a partir de ese momento el cobro se iba a hacer no por el cálculo de la población beneficiaria basado en la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos −como se acostumbraba hasta entonces−, sino por el núcleo familiar y con base en un registro de las personas efectivamente atendidas.
Esto se hizo luego de que la Contraloría General de la República (CGR) les dijo que así era como debían cobrar el pago del Estado por atención a la población indigente. En la Caja decidieron entonces meter también el servicio a la niñez y adolescencia, pero no cobraron. En los estados financieros de la institución siguieron apareciendo estimaciones basadas en la Encuesta de Hogares, sin que la auditoría interna interviniera, ni la CGR diera seguimiento a sus propias instrucciones sobre el particular.
En el 2013, la entonces diputada Carmen Granados, del Partido Acción Ciudadana, envió una carta a la Contraloría señalando inconsistencia en el empleo de esa metodología, y le respondieron que el tema iba a ser incluido en el plan de trabajo de del órgano contralor para este año.
La junta directiva de la CCSS en el 2012 acordó pedir a la dirección actuarial, la financiera y la jurídica, retomar dicho acuerdo del 2007 y pronunciarse sobre el impacto y la legalidad de lo actuado.
En el 2013, Granados le envió un oficio a la presidenta ejecutiva, Ileana Balmaceda, en el que le pidió todos los documentos que se hubieran generado en respuesta a ese acuerdo, y lo que le mandaron fue un oficio de Emma Zúñiga, secretaria de la junta directiva, en el se comunicaba el acuerdo a los funcionarios correspondientes, pero con fecha del 2013. Es decir, el acuerdo se les comunicó a las personas obligadas por este un año después que la diputada solicitó los documentos.
INSOSTENIBLE
En lo relativo a las erogaciones de la institución, la directiva de la Caja sigue sin aprobar una reforma al artículo 41 de la Normativa de Relaciones Laborales, el cual durante la administración Arias se modificó para conceder a los empleados un aumento progresivo del tope de cesantía, hasta llegar a 20 años en el 2016, que resulta financieramente insostenible.
Un detalle es que a los directivos que aprobaron el aumento no se les dijo que la Caja había seguido pagando ilegalmente de más un 3% de aporte a la cesantía de sus trabajadores, lo cual representaba alrededor de ¢9000 millones, según se consigna en un acta de junta directiva de mayo del 2012. Y es que la Ley de protección al trabajador dispuso que el 8,33% de aporte patronal a la cesantía se dividiera, de modo que un 5,33% se mantuviera para cesantía, y el 3% fuera a las operadoras de pensiones complementarias; pero, la Caja no cumplió con esa normativa y siguió pagando el 8,33%, más el 3% a las operadoras, es decir: un 11,33% en total.
El directivo Gustavo Gutiérrez, representante patronal, dijo en esa misma sesión que la situación ya había sido expuesta a los directivos en anteriores ocasiones, pero fue hasta entonces que quedaba claramente establecida la ilegalidad del pago. Su colega Óscar Fallas, representante del Poder Ejecutivo, expuso que cuando la directiva lo acuerde, se deben hacer los ajustes correspondientes para eliminar ese 3%, determinar cuánto se ha pagado de más y sentar las responsabilidades del caso.
En opinión de Daniel Muñoz, exjefe del área de investigación económica de la Dirección Actuarial de la CCSS, solo por el tema de la cesantía el seguro de salud está quebrado.
La situación del seguro de salud es “explosiva”, aun cuando la morosidad patronal y del Estado fuera cero. Y más lo sería si hubiera alguna baja en la economía, que redujera los ingresos por cuotas obrero-patronales y las contribuciones del Estado, aseguró Muñoz, quien tiene denuncias presentadas ante la Fiscalía General y otras instancias, contra los funcionarios que avalaron y aprobaron esas medidas sin sostenibilidad financiera.
