El expresidente Miguel Angel Rodríguez se salvó de una condena cuando un tribunal de apelaciones lo absolvió con base en tecnicismos legales, el 21 de diciembre de 2012, pero ahora la Fiscalía volvió a acusarlo por el delito de peculado.
El periódico El País, de España, publicó ayer que la Fiscalía pidió el 30 de julio la apertura de un juicio ante el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.
Los cargos, según El País, se originan en presuntos pagos que Rodríguez habría recibido, siendo presidente de la República, por un monto de unos $2,1 millones, de parte de empresas reaseguradoras internacionales, relacionadas con el Instituto Nacional de Seguros.
Rodríguez emitió ayer un comunicado en el que refuta la acción de la Fiscalía y la atribuye a “una persecución” , de la que no detalló su origen ni sus razones.
“No hay ninguna base jurídica para esta acusación y así se dejará en claro ante los jueces de la República. El Ministerio Público se contradice a sí mismo y presenta una acusación sin base jurídica ni probatoria. Ante semejante proceder, solo queda una explicación: esto es una simple y burda persecución”, manifestó Rodríguez.
Junto con Rodríguez también aparecen en la acusación el expresidente ejecutivo del INS, Cristóbal Zawadzki y el exdirector de reaseguros de esa institución, Alvaro Acuña Prado.
DECIMALES MILLONARIOS
Según El País, en un artículo escrito por el periodista costarricense José Meléndez, “el plan delictivo consistió” en que de los fondos del INS se “distraían y sustraían sumas de dinero para su beneficio personal (…) inflando el verdadero valor de la prima real que le correspondía a la compañía reaseguradora” o “incrementando el corretaje que le correspondía a la compañía corredora de reaseguro.
La irregularidad ocurrió con el manejo de la póliza de seguros del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en la que se incluyen las plantas de energía y el resto de infraestructuras de esa institución. Uno de los procedimientos utilizados consistía en reportar aumentos injustificados del valor de los bienes asegurados, como represas hidroeléctricas, lo que producía un aumento en la tarifa a pagar a la empresa internacional.
Otro mecanismo era la modificación de cifras decimales de la tarifa establecida para pagar el reaseguramiento de grandes infraestructuras, lo que generaba sobreprecios de miles de dólares en los pagos a las firmas reaseguradoras.
En mayo del 2006 el periódico La Nación publicó que entre 1999 y el 2001, la cuenta bancaria de una sociedad anónima domiciliada en Panamá y llamada Denisse, controlada por Rodríguez, recibió fondos provenientes de empresas reaseguradoras internacionales, que el expresidente nunca explicó.
El abogado de Rodríguez, Rafael Gairaud, explicó en aquel momento que Rodríguez no tenía idea del origen de esos recursos y que al asumir el Gobierno (entre 1998 y 2002) él había perdido contacto con el manejo de sus cuentas corrientes y empresas.
Los reaseguros son la protección que empresas aseguradoras (como el INS) deben contratar con empresas internacionales para garantizar que podrían hacer frente al pago de obligaciones ocasionadas por grandes desastres que afecten a los bienes asegurados.
En diciembre del 2012, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito Judicial de San José absolvió a Rodríguez de los cargos de cohecho y corrupción por los cuales había sido condenado a cinco años de prisión en junio de 2011, por su participación en el escándalo de corrupción por el pago y recepción de comisiones entre la empresa Alcatel y el ICE.
En la absolutoria, el Tribunal de Apelaciones concluyó: «Se declara extinguida la acción penal por haber operado la prescripción; se declara la nulidad de la prueba documental N° 588 y todos los elementos probatorios que de esta dependen directamente; se declara la nulidad de la sentencia condenatoria penal dictada en contra de Rodríguez y en su lugar se le absuelve directamente de toda pena y responsabilidad”.
La prueba 588 se refería a información bancaria solicitada a instituciones financieras domiciliadas en Panamá, por medio de las cuales se movieron los fondos que habían recibido cuentas relacionadas con Rodríguez.
Tras la absolutoria, la Fiscalía presentó un recurso de casación ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que todavía no ha sido resuelto.
