La propuesta seleccionada fue diseñada por el arquitecto Javier Salinas. (Foto: Javier Salinas)
Arquitecto que diseñó nuevo edificio del Legislativo desmiente riesgos estructurales y cuestiona a ingeniero que hizo denuncias en su contra.
Javier Salinas, arquitecto que con su propuesta ganó en enero del 2013 la licitación para diseñar la nueva sede de la Asamblea Legislativa, en vez de concentrarse en guiar el avance de las obras, ha dedicado gran parte de su tiempo a defender su proyecto de los embates que lo amenazan con sucumbir.
La propuesta del consorcio Térraba-Mora, en donde trabaja Salinas, fue escogida para la construcción del nuevo edificio, luego de que un jurado calificador consideró que dicho proyecto sería el más conveniente para los usuarios del primer poder de la República.
Sin embargo, tras ganar dicho contrato, comenzó el calvario para ese plan, pues primero sobrevino una resolución negativa del Centro de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, después un juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo, y el último de los obstáculos provino del ingeniero Gustavo Monge, exintegrante de su empresa.
Monge cuestionó en un documento de poco más de 50 páginas –al cual tuvo acceso UNIVERSIDAD− la solvencia estructural de lo que será el nuevo edificio.
El ingeniero se atribuye haber realizado el diseño estructural de la obra y asegura que se apartó de la iniciativa –a finales del año anterior− luego de conocer que los costos se abaratarían y con ello se menoscabaría la garantía antisísmica y la solvencia estructural del edificio.
Así lo dio a conocer este Semanario la semana anterior, por lo que ahora el arquitecto Salinas −quien sigue al frente del proyecto− desmiente categóricamente lo expresado por Monge en el documento que fue dirigido a inicios de abril al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
“Gustavo Monge no ha tenido que ver con el contrato de la Asamblea Legislativa” y así “consta en todos los archivos públicos en poder del Banco de Costa Rica”, sostiene Salinas.
TIRAR LA PIEDRA…
Cabe recordar que en diciembre anterior, el ingeniero Gustavo Monge envió una nota advirtiendo de los supuestos riesgos que presentaba el diseño adjudicado para la construcción del nuevo edificio.
La alerta de Monge provocó que la Asamblea Legislativa solicitara al CFIA, la conformación de una comisión de expertos estructurales, en donde se convoca a ambas partes; pero, según el ingeniero civil del Departamento de Servicios Generales de la Asamblea Legislativa, Marlon Velásquez, Gustavo Monge no se hizo presente a la convocatoria.
“Tirar la piedra y esconder la mano”, comentó sobre este particular Julio Cedeño, gerente de la Unidad Administradora del proyecto.
En su escrito, el ingeniero Monge afirmó que los cambios que se introdujeron al proyecto provocarían que, de construirse así, la estructura correría con un grave riesgo de colapso. “La información que a usted le llega es completamente falsa”, aseveró Cedeño.
Alegó que el diseño estructural fue elaborado por los ingenieros Larry Jiménez y Marianela Picado, del Grupo Integra S.A, y además lo enviaron a revisión a una empresa italiana que garantiza su solvencia, indicó.
“Él (Monge) quedó en evidencia, que su intención es dañar el proyecto y obstaculizar”; además, “se expone a sanciones de ética profesional”, espetó Cedeño.
Por su parte, Javier Salinas lamentó que esta última batalla se elevara a un plano “personal”, ocasionando que el proyecto para construir el nuevo edificio legislativo esté en medio de un fuego cruzado, y empantanando el avance de las obras, que debieron haberse iniciado este mes y que ahora tienen fecha incierta.
Salinas niega que el ingeniero Gustavo Monge haya tenido que ver con el diseño estructural del proyecto. “Este proyecto nunca ha tenido diseños de él”, manifestó.
SIN SOBRECOSTO
Otra de las denuncias que planteó el ingeniero Monge fue un posible sobrecosto de la obra, la cual –en su opinión− podría exceder hasta en $16 millones (más de ¢8800 millones) el costo proyectado inicialmente: $76 millones.
A lo anterior, el responsable de la Unidad Ejecutora, Julio Cedeño, adujo que “hoy día lo que cueste es irrelevante, porque lo que se muestra ahora deberá ajustarse a la capacidad de pago”.
Marlon Velásquez, de la Asamblea Legislativa, explicó que existe un rango de precios para que los diseñadores presentaran sus propuestas. “Usted puede tener una propuesta barata, pero que no cumple los requerimientos de la Asamblea”, argumentó Velásquez, quien agregó que al tema de costos se le asignó un puntaje menor en el concurso.
En la actualidad, detalló Velásquez, la Asamblea Legislativa destina $1,5 millones por el pago de alquileres.
El gerente de Banca de Inversión del Banco de Costa Rica, Roy Benamburg, dijo que los desembolsos hasta la fecha han sido los que contractualmente se requieren.
Vale mencionar que el pasado 12 de mayo el Tribunal Contencioso Administrativo dictó una medida cautelar que detiene los pagos que el fidecomiso Banco de Costa Rica-Asamblea Legislativa realiza al consorcio Térraba-Mora, como parte del proceso de construcción del nuevo edificio del Poder Legislativo.
La medida fue solicitada por el arquitecto Rodrigo Carazo Ortiz contra los mencionados pagos, tras alegar que las obras de construcción podrían violar la Ley de Contratación Administrativa y la de Patrimonio Histórico.
