Brecha en acceso a Internet aún es grande entre zonas urbanas y rurales

Las provincias costeras y zonas rurales mantienen un rezago importante en el acceso a las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC), con

Las provincias costeras y zonas rurales mantienen un rezago importante en el acceso a las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC), con respecto a la población urbana que vive en el centro del país.

Este es uno de los múltiples señalamientos que realiza el último informe del Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC) de la Universidad de Costa Rica (UCR), que fue presentado la semana anterior.

El extenso informe analiza en sus 10 capítulos diversos aspectos relacionados con el acceso y uso de las TIC en el país, como lo son la implementación de políticas y planes gubernamentales, el uso del dinero electrónico, las aplicaciones de las TIC en la investigación, entre otros.

FALTA INTERNET

Uno de los apartados destacados de este informe toma los datos del último Censo Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sobre la tenencia y uso de las TIC en el país, en los que se revela una baja penetración de los servicios de Internet en los hogares.

 

En nueve de cada diez hogares costarricenses hay al menos un televisor y una línea de teléfono celular, situación que no varía mucho entre provincias, salvo el caso de Guanacaste, Puntarenas y Limón, donde el porcentaje baja hasta un 80 % en el caso de los celulares.

 

La telefonía fija está presente en el 58 % de los hogares del país (65 % en San José y 41 % en Limón), mientras que el servicio de televisión por cable o satélite es utilizado por el 46 % (58 % en San José y 24 % en Limón).

En el caso del servicio de Internet, el promedio nacional indica que el 34 % de los hogares cuentan con acceso a esta red. Heredia es la provincia con mayor cantidad de hogares conectados −con un 48 %−, seguido por San José −con 43%− y Cartago −con 35 %−.

Sin embargo, las provincias rurales presentan grados de conectividad más bajos, pues hay Internet en el 21 % de los hogares de Guanacaste, 19 % en Puntarenas y 16 % en Limón.

Similar es el comportamiento en la cantidad de hogares que cuentan con una computadora de escritorio, ya que mientras el promedio nacional es del 33 %, en las provincias costeras este es de 18 %.

El director del PROSIC, Marcelo Jenkins, comentó que en el caso de Heredia y Alajuela, la parte de estas provincias ubicadas dentro del Valle Central comparte los niveles de acceso de los otros centros urbanos, pero las comunidades del norte, fronterizas con Nicaragua tienen porcentajes de conectividad bastante menores.

POLITICA DE ESTADO

El informe del PROSIC también muestra avances en las políticas relacionadas con las TIC, entre las que destaca la consolidación de la Secretaría de Gobierno Digital, el programa de Firma Digital y la plataforma electrónica para compras del Estado.

No obstante, para Jenkins el informe revela también la necesidad de que estos avances se consoliden como una política de Estado y se dote con mayores recursos al sector, que ahora está bajo la tutela del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

“Se requiere darle mayor rango a la Secretaría de Gobierno Digital. Una de las grandes quejas de la Secretaría es que las 287 instituciones públicas bajo el manto de la Contraloría hacen lo que quieren. Cuesta mucho encaminarlos”, indicó.

El informe también muestra los problemas que ha tenido el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), en la ejecución de los proyectos con que se debería combatir la brecha digital en el país.

Hasta el momento el FONATEL no ha podido concretar su primer proyecto, pues ninguna empresa ofertó para ejecutarlo; mientras tanto, existen dudas sobre el esquema elegido para administrar ese fondo de más de $ 200 millones.

Para este año, el PROSIC incluyó un capítulo sobre el estado de los “datos abiertos”, que es toda aquella información que se expone en Internet, en formato de números, estadísticas, métricas y otros datos, sin restricción de propiedad intelectual o mecanismos de control.

En el país se realizó un sondeo entre 22 entidades públicas y privadas, las cuales tienen en línea 1075 conjuntos de datos abiertos. El Ministerio de Economía, la Cámara de Comercio y la Caja Costarricense de Seguro Social son las tres entidades con más conjuntos de datos, con 100 cada una.

Sin embargo, estos datos tienen el problema de que en mayoría son presentados en forma de tablas o gráficos, y pocas veces son puestos a disposición de la gente en formatos de bases de datos que permitan darles tratamientos distintos a los que ofrece la entidad que los publica.

FACEBOOK PARA INVESTIGACIÓN

El PROSIC realizó una encuesta que fue respondida por 277 investigadores de la Universidad de Costa Rica, a quienes se les consultó por el uso de las TIC en sus investigaciones y trabajos académicos.

Para la mayoría de las personas consultadas, las memorias USB son las preferidas a la hora de almacenar en digital sus trabajos, por encima de los discos duros externos, de la “nube” y de los discos compactos o DVD.

Los correos electrónicos de Gmail son los más utilizados, mientras que un 67 % dice haber utilizado la red social Facebook para dar a conocer sus trabajos, por delante de otras redes especializadas como ResearcheGate.

Para presentaciones, el programa Power Point de Microsoft es el más utilizado, lo mismo que la hoja de cálculo Excel, aunque buena parte de los encuestados considera necesario recibir capacitación en el uso de programas y plataformas de software libre (78 %).

Además, el 85 % de los investigadores asegura que le gustaría utilizar más las Tecnologías de Información y Comunicación en sus investigaciones.

 


Efectivo sigue dominando en las transacciones monetarias

El dinero en efectivo sigue como el medio de pago dominante en el país, con un 90 % de las transacciones, lo que tiene un alto costo para la economía si se compara con el uso de medios de pago electrónico.

El investigador Melvin Jiménez indicó −en el informe del PROSIC− que el uso del efectivo como medio de pago tiene un costo mayor para el país, aunque reconoce la dificultad de extender otras formas para realizar las transacciones, sobre todo cuando se trata de montos bajos.

De las 2985.7 millones de transacciones con dinero que se realizaron el año anterior, el 89.5 % se hizo con dinero en efectivo, mientras que solo el 6.6 % se llevó a cabo con tarjetas y un 1.9 % con transferencias de crédito.

Mientras el costo en dólares liquidado de una transacción con efectivo es de $ 0,01579, la transacción con tarjeta cuesta $ 0,00969 y los pagos en línea $ 0,00025, por lo que para el investigador, a mayor cantidad de transacciones electrónicas o con dinero plástico, menores serán los costos para el país.

“Estamos en el promedio mundial de uso del efectivo (90 %), pero este consume el 75 % del costo de lo que le cuesta a la sociedad hacer transacciones de pago: 1.45 % del Producto Interno Bruto (PIB), cerca de $650 millones”, detalló Jiménez.

El investigador apuntó que existen muchas actividades que generan gran cantidad de transacciones en efectivo y que podrían pasar al uso de otros métodos de pago menos costosos, como lo son los 500 millones de transacciones que se realizan en el pago del pasaje de los autobuses.

Pese a ello, existe la dificultad de implementar un medio de pago que sea universal y generalizado, que permita sustituir al efectivo en esas transacciones, los cuales generalmente son de montos muy bajos.

A lo anterior se suma que el 48.3 % de las personas adultas en el país no está “bancarizada”, es decir, que no tiene una cuenta o no hace uso de los servicios bancarios, y por lo tanto el efectivo es su principal medio de pago.

“1.4 millones de adultos en este país no tiene acceso a servicios financieros. Hay un gran sector de la población que maneja efectivo, y cuando interactúan con los ‘bancarizados’ nos presionan también a usar efectivo, con alto costo”, lamentó Jiménez.

“Es importante que esas personas sean acercadas a la banca, con cuentas que abaraten los costos. Uno de los grandes problemas es la aplicación de la legislación contra lavado, que tiene requerimientos altos de información y las capas más bajas se resisten a eso”, puntualizó.


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