El acuerdo de comercio transpacífico promovido por el presidente Barack Obama despierta grandes resistencias entre los demócratas del Senado de su país.
La frase fue pronunciada por Mike Parker, presidente y CEO (Chief Executive Officer) de Nike, el pasado 8 de mayo, durante una visita del presidente Obama a la empresa en Beaverton, Oregón, lugar elegido para defender su pedido de trámite expedito para el acuerdo de comercio transpacífico, conocido en inglés como Trans Pacific Partnership (TPP).
“Nosotros somos la prueba de que el comercio funciona”, dijo Parker al recibir al presidente. El comercio funciona, pero ¿para quién?, se preguntó Jana Kasperkevic en un artículo publicado en el diario británico The Guardian, en el que comentó la afirmación del CEO de Nike.
Al elegir dicha sede para defender su propuesta de unir a doce países en un tratado, cuya principal contraparte es Japón (pero que excluye China), Obama renovó la polémica en torno al tema en Estados Unidos.
“Si no establecemos las reglas para el comercio mundial, ¿adivinen qué? China lo hará”, dijo Obama para explicar su posición a favor del TPP; sin embargo, el discurso solo hizo profundizar el debate.
“El TPP es solo la continuación de un fracasado modelo de comercio. Un modelo que beneficia a las grandes corporaciones multinacionales y a Wall Street, pero es un desastre para las familias de los trabajadores”, expuso el senador y precandidato presidencial demócrata, Bernie Sanders.
El objetivo del Congreso, agregó Sanders, debe ser garantizar que los productos hechos en Estados Unidos, y no nuestros empleos, sean la exportación número uno del país.
Empleos
El debate sobre el TPP se centra, entre otros temas, en el traslado de la producción de las multinacionales hacía países donde los salarios son mucho más bajos que los de Estados Unidos. “Eso no es libre comercio, es una carrera hacia el fondo del pozo”, criticó Sanders.
El caso de Nike es emblemático en esta materia: unas 26.000 personas trabajan para Nike en Estados Unidos, solo una fracción de la fuerza de trabajo de más de un millón de personas contratadas en el extranjero, 90% de ellos en Asia, escribió Kasperkevic.
Cuando Nike fue fundada, en 1964, solo el 4% de los calzados eran importados en Estados Unidos. En el 2012, casi el 98% de la ropa, incluidos calzados, pasó a ser fabricado en el extranjero, de acuerdo con la American Apparel & Footwear Association.
En Estados Unidos se fabrica apenas el 1% de los productos que generan ingresos por casi $28.000 millones anuales a Nike, afirmó el economista Robert Reich, profesor de la Universidad de California, en Berkeley. El año pasado –agregó– un tercio de los poco menos de 14.000 trabajadores de la empresa que quedaban en Estados Unidos fueron despedidos.
Cuando los salarios comenzaron a subir en China, Nike trasladó sus fábricas a Vietnam, donde los salarios son de apenas $0,60 la hora. Casi 340.000 trabajadores cortan y ensamblan los productos de Nike en ese país, recordó Reich, algo que ya había señalado el senador Sanders.
En Vietnam, los sindicatos independientes están prohibidos y las personas son metidas en la cárcel por expresar opiniones políticas o por tratar de mejorar las condiciones de trabajo. Mientras tanto, en Malasia los inmigrantes que manufacturan productos electrónicos trabajan como esclavos modernos, con sus pasaportes y salarios confiscados, lo que hace imposible que retornen a sus países, reveló Sanders.
Los sindicatos norteamericanos recuerdan el debate sobre creación de empleo cuando, en 1994, entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta) con Canadá y México.
Un año antes, el entonces presidente Bill Clinton había prometido que el Nafta podría crear 200.000 empleos en dos años. Por el contrario, lo que ocurrió fue la pérdida de casi 700.000 puestos. Este proceso afectó directamente los salarios más bajos e, indirectamente, a todos los demás.
Otras reglas
Los tratados de libre comercio, como el que se firmó entre Estados Unidos y los países centroamericanos (CAFTA, por sus siglas en inglés), van mucho más allá del comercio libre al establecer reglas sobre propiedad intelectual, seguridad alimentaria, contaminación ambiental, derechos laborales e inversiones privadas, como recordó Sanders.
En particular, otorgan a las empresas e inversionistas privados el derecho de demandar a los Estados si estiman que han adoptado medidas que les provocan pérdida de beneficios, sean estas regulaciones en materia de salud pública, protección ambiental o laboral.
Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts y profesora de Leyes en Harvard Law School, también intervino en el debate, en medio de las presiones del presidente Obama para que el Senado apruebe el mecanismo de “fast track” para negociar el TPP. Se trata de una medida que solo dejaría al Congreso la facultad de aprobar o rechazar el tratado, sin la posibilidad de discutir y aprobar enmiendas.
El pasado 12 de mayo, el Senado se opuso a debatir la vía rápida por 52 votos a 45. La Casa Blanca presionó y logró dar vuelta a la votación y aprobar la medida dos días después, por una diferencia de cinco votos. Se inició, así, la discusión del “fast track”, que se prevé larga y difícil para la Presidencia.
Warren se preguntó por qué, si el Presidente está tan confiado en las bondades del TPP, no lo hace público; pero Obama ha decidido mantener en secreto el contenido del tratado, que solo estaría dispuesto a hacerlo público cuando se apruebe el trámite rápido.
“El TPP está básicamente listo. Si el presidente confía tanto en que es un buen arreglo, debería desclasificar el texto y dejar que la gente lo vea antes de amarrar las manos al Congreso impidiendo que lo arregle”, reclamó Warren, quien ha sido particularmente crítica de las normas para arreglo de controversias entre los Estados y las empresas.
La senadora advirtió que el tratado no impide que los países adopten regulaciones, lo que hace es imponer graves multas a los gobiernos si violan los intereses de las empresas. Los mecanismos de solución de controversia, concluyó, “dan a las corporaciones gigantes derechos que nadie más tiene”.
“El objetivo real de esas disposiciones –agregó por su parte el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz– es impedir que se adopten regulaciones en materia de salud, ambiente, seguridad y aun regulaciones financieras que protejan la economía norteamericana y a los ciudadanos del país. Las empresas pueden demandar a los gobiernos por compensaciones totales, por cualquier reducción de sus expectativas de ganancias futuras, como resultado de cambios en las regulaciones”.
Un caso como este, como recordó Stilglitz, ya está ocurriendo en Uruguay, donde la productora de cigarrillos Philip Morris demandó el Estado por adoptar normas de protección de los ciudadanos contra el fumado.
El senador Sanders ha sido un crítico severo de las políticas económicas, que en los últimos 30 años han provocado una enorme concentración de la riqueza en Estados Unidos.
“No vemos a los medios discutir mucho sobre eso, pero la realidad es que la clase media de este país, antes la envidia del mundo, está colapsando. 45 millones de norteamericanos están viviendo en la pobreza y la brecha entre los ricos y los demás se hace cada vez más ancha”, afirmó.
“Pese al gran incremento en tecnología y productividad, el ingreso medio de las familias es hoy $5.000 menor que en 1999. La mitad de los norteamericanos tiene menos de $10.000 de ahorros y no tiene idea de cómo se va a pensionar con dignidad”, añadió.
Según el senado, el 99% de los nuevos ingresos van para el 1% de la población más rica. En los últimos dos años, los 14 norteamericanos más ricos vieron su riqueza aumentar en $157.000 millones, lo que representa más de lo que tienen los 130 millones de norteamericanos más pobres, reprochó Sanders.
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