Buena parte de la reaparición de la Constructora Hernán Solís en el escenario de las carreteras nacionales se debe a una indemnización por ₵10.960 millones que recibió del Estado por la anulación de un contrato para administrar un botadero en Esparza.
Junto a la empresa mexicana Procesa, Hernán Solís ganó una licitación de la Comisión Nacional de Emergencias en 1993 para instalar y operar un relleno sanitario en Cabezas de Esparza, que recibiría mediante ferrocarril la basura del Valle Central.
Sin embargo, el proyecto tuvo la férrea oposición de las comunidades aledañas y esto obligó al gobierno de Figueres Olsen (1994-1998) a anular el contrato, optando por darle continuidad al botadero en Río Azul.
Tras la anulación, las empresas reclamaron al Estado ante un Tribunal Contencioso Administrativo, que en 2005 determinó el pago de una indemnización por ₵5.480 millones, un pago de ₵2.893 millones por los daños causados en la recesión del contrato, ₵1.920 millones por lucro cesante y ₵667 millones por el valor de la finca.
Esta indemnización fue presentada por la Constructora Hernán Solís en sus estados financieros como parte de su capital disponible para optar por los 22 contratos de conservación que Conavi sacó a concurso en 2009, y de los que finalmente se dejó 13.
