A propósito del artículo de Iván Molina publicado en La Nación el 5 de diciembre del 2013 titulado “Revolucionarios con capucha”, en el cual criminaliza las acciones del grupo de estudiantes que participamos en la toma del edificio de Ciencias Sociales el pasado 27 de noviembre, considero adecuado explicar lo acontecido desde el punto de vista de quienes estuvimos ahí presentes.
Es importante ubicar la acción en el marco de un panorama muy negativo para quienes estudiamos en la UCR. Las políticas privatizadoras, los múltiples recortes a la acción social, vida estudiantil, sedes y recintos, responden a un modelo de universidad que se nos ha sido impuesto sin consultarnos. Un modelo que mercantiliza la educación y que está vinculado directamente al préstamo con el Banco Mundial y la reciente firma de la Carta Magna. La lucha derrotada de los y las trabajadoras del programa PAIS, es un ejemplo muy concreto y grave de la situación que se vive a lo interno de la Universidad.Los acuerdos finales de la negociación del caso PAIS son un reflejo de esta falta de voluntad política por parte del Rector, de mantener el carácter social de la UCR. Ahora inclusive hablan de abrir una “organización económico social”, eufemismo de empresa privada, para seguir brindando estos servicios.
Ahora bien, la toma fue una acción más de protesta que se sumó a todo el movimiento de la huelga. Medidas de presión como ésta o como los bloqueos de calles, siempre incomodarán a la ciudadanía, pero no olvidemos que este tipo de acciones más contundentes, han sido comúnmente utilizadas a través de la historia por movimientos sociales, para exigir demandas que no hubieran sido obtenidas de manera más “pacífica”.
Aunque la toma es considerada por algunas personas un acto de violencia, en realidad fue una acción completamente pacífica. Son las autoridades universitarias las quienes ejecutan distintas formas de violencia sobre las y los trabajadores, y sobre sectores de la comunidad estudiantil más vulnerabilizados. Lastimosamente esta violencia es legitimada por la gran mayoría de funcionarios(as) y catedráticos(as) de la universidad.
Ante las graves acusaciones, me defiendo: Yo no soy ninguna delincuente, no ocasioné ningún daño a la infraestructura, ni traté a nadie de manera irrespetuosa. Desmiento la presunta agresión a un policía que según el artículo de Molina resultó herido; pido por favor al señor historiador verificar las fuentes antes de asegurar información en los medios.
El movimiento estudiantil es autónomo y soberano de defender sus derechos y el patrimonio público del país. No nos quieran pintar de intrusos encapuchados, porque era nuestro espacio y nuestra manera de hacer protesta contra el viraje que está dando la UCR. La medida significó un llamado de atención a toda la comunidad universitaria, que permanece de brazos cruzados ante tantas injusticias y situaciones alarmantes. Fue una expresión de un largo proceso de lucha constante, y no un evento aislado como algunos quieren presentarlo. Muchos de los y las estudiantes que participamos en la toma, estuvimos presentes durante este proceso.
Con respecto a la afirmación del historiador de que al no haber sido sancionados, se “contribuye a fortalecer la cultura de la impunidad que tan desencantada tiene hoy a la ciudadanía”, considero absurdo llegar a comparar a un grupo de estudiantes que protestan con los grandes corruptos de este país (quienes precisamente por inercia política de muchas personas, no llegan a dar la cara ante la justicia). Es una actitud que demuestra una clara intolerancia hacia la protesta social, con una perspectiva sesgada y que cumple la función de encubrir la problemática real.
A raíz de esta controversia, es necesario generar una reflexión más profunda ante el alarmante aumento de la represión policial, la criminalización de la protesta social y el problema de la estigmatización mediática de estudiantes que participan en luchas y manifestaciones.
