El día 4 de noviembre del 2013, uno de las noticias del periódico La Nación de Costa Rica se tituló “Reos recién salidos de prisión mataron 32 personas en 2 años” (http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Reos-salidos-prision-mataron-personas_0_1376262383.html). Ahí se presentan importantes estadísticas de reincidencia criminal en delitos violentos.
Podemos suponer que esta cuestión provocará temor e indignación en los lectores. Quizá se pregunten “¿cómo es posible? ¿Salen de la cárcel a delinquir?” Lo que está tras de esta clase de reacciones es un pensamiento puntual: la cárcel debería hacer que la gente ya no quiera delinquir. Según esta idea, la amenaza de un nuevo castigo ante una acción delictiva determinada, hará que quien lo haya sufrido con anterioridad, no quiera volver a realizar dicha acción.
Revisemos si esta idea es correcta en lo que respecta a los reincidentes de delitos patrimoniales, contra la vida y la integridad física. Dicha tesis contiene una parte correcta y una incorrecta. La primera consiste en la afirmación de que, puestos a decidir sobre el asunto, es muy posible que la mayor parte de los exprivados de libertad no quieren regresar a la cárcel. Lo incorrecto es lo siguiente: que estas personas preferirían (si se ponen a considerarlo) no volver a prisión, no conlleva que conciban otra forma de vida que no sea la delincuencia.Esto último sucede porque quien salió de la cárcel es semejante a quien entró. Normalmente, quien ingresa al sistema penitenciario es alguien que se desarrolló en un espacio de exclusión social, relacionándose con individuos involucrados en distintas clases de actividades ilícitas y con pocas oportunidades de superación lejos de la delincuencia. Aun más: en las cárceles de Costa Rica (y en las de casi toda Latinoamérica) se mantienen los factores que incidieron en que esa persona delinquiera y otros más. Finalmente, al salir se encuentra en condiciones de exclusión social, semejantes a aquellas con las cuales ingreso a la cárcel.
Así, quien sale de un lugar en que ha pasado años, que ha incentivado formas de vida violentas y con relaciones sociales que estimulan el mismo estilo de existencia, difícilmente podrá hacer algo que no sea delinquir: ese es su horizonte social y psicológico. Estos factores favorecen que estas personas reincidan en sus conductas delictivas.
Por esto, la tesis que hemos comentado hasta aquí es incorrecta. La cárcel es un espacio donde las personas reiteran mucho de la forma de vida que tenían antes de ingresar. Y a pesar de todo esto y realizando grandes esfuerzos, muchas personas logran cambiar sus vidas luego de la prisión.
Pero ¿qué hacer para que la población que sale de la cárcel no reincida? Las siguientes son algunas propuestas generales. Primero, el sistema penitenciario debe cumplir lo prescrito por los derechos humanos. Sin esto, los privados de libertad se encuentran en condiciones infrahumanas. Esto es malo porque es implausible que personas que viven en una degradación existencial tan grave, no se vean considerablemente afectados a nivel psicológico y en sus capacidades sociales.
Segundo, debe invertirse en infraestructura y personal técnico que posibilite a los privados de libertad el desarrollo capacidades psicológicas y sociales favorables, con una vida no-delincuencial o al menos que dichas condiciones no desmejoren en su encarcelamiento.
De especial importancia son los recursos educativos para los privados de libertad. Estos les dan herramientas para tener una vida digna fuera de la prisión. Por esto, deben brindarse medios para la alfabetización y la educación primaria, secundaria, superior y/o técnica.
Por último, la sociedad a la que salen esas personas debe brindar espacios y oportunidades de vida no delincuencial. Esto es complicado, pero muy importante: si los exprivados de libertad se ven totalmente estigmatizados, sin medios sociales y laborales para llevar una vida dentro de la legalidad, es más probable que vuelvan a cometer delitos.
Aun así, no hay que olvidar que la prisión no le hace bien a las personas. Por esto, es preferible que el Estado (y los ciudadanos) concentren sus esfuerzos en favorecer la prevención del delito y en el desarrollo humano y en contra de los factores de exclusión social y violencia, que favorecen que las personas se dediquen a la delincuencia.
