El gobierno canceló este jueves los $28,5 millones de dólares que restaban de entregar a la empresa brasileña OAS, para completar los 34,9 millones pactados para anular el contrato de concesión de la ruta San José-San Ramón.
El acuerdo firmado entre el gobierno y OAS el año anterior en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, establece que el la empresa debe recibía un total de $34,9 millones a más tardar el 15 de marzo, para dar por finalizado el contrato.
El ministro de Planificación, e integrante del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Roberto Gallardo, confirmó a UNIVERSIDAD el pago a la empresa brasileña, con recursos provenientes del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).
“Con esto CONAVI va a recibir los planos, los estudios, los diseños para esto. La carretera queda liberada de sus obligaciones contractuales y ya podemos pensar en construir una nueva carretera, cuyo diseño y financiamiento estamos trabajando con el Foro de Occidente, y queda en firme la renuncia de la concesionaria a solicitar compensación de ninguna índole que tenga que ver con la finalización de este contrato”.
Gallardo explicó que los recursos utilizados estaban presupuestados para su uso en el cuarto trimestre de este año, por lo que ahora solicitarán mediante un presupuesto extraordinario el traslado de los más de 15 mil millones de colones que estaban en una partida en Japdeva, para reponérselos a CONAVI.
Sin conocer que ya el gobierno había realizado la transferencia de dinero a OAS, el Foro de Occidente, Foro Nacional y la Asociación de Usuarios de Servicios Públicos, presentaron ante un Tribunal Contencioso Administrativo una solicitud de medidas cautelares contra este pago que consideran ilegal.
“Está presentada la solicitud de medida cautelar. No obstante eso el gobierno salió corriendo a pagar porque sabía que el argumento utilizado en esta ocasión es muy fuerte, el empresario (representante de OAS) tenía revocado el poder para cuando firmaron los documentos y creo que se vieron asustados y corrieron a conseguir dinero hasta debajo de las piedras”, comentó el abogado Álvaro Sagot.
Sagot espera que las medidas cautelares se resuelvan pronto, y expresó su convencimiento de que la ilegalidad del pago a OAS se podrá demostrar plenamente en el juicio contencioso administrativo.
Sobre esta solicitud, el ministro Gallardo aseguró no tener detalle al respecto, pero indicó que ya en tres ocasiones se han rechazado las solicitudes presentadas por el Foro Nacional.
“Me parece que no tenía sentido, era un abuso del recurso judicial, pero la gente tiene derecho a presentar los recursos que quiera. Esos tres rechazos nos dan la tranquilidad de que lo que se ha estado haciendo es en apego al marco jurídico”, afirmó Gallardo.
