Siempre es posible redistribuir la riqueza, por medio de medidas fiscales del lado del ingreso (impuestos) y de los gastos. Lo difícil es hacerlo de manera que no solo disminuyan las desigualdades sino también que mejore el ingreso de cada grupo de la población. Es decir, que haya un mejoramiento en el bienestar de todos. Esto último solo es posible cuando las medidas redistributivas se adoptan en períodos de crecimiento económico.
Allí es donde adquiere importancia el déficit fiscal; déficits inferiores a 3% del PIB pueden ser incluso deseables cuando se enfrentan períodos recesivos, como el que ocurrió en 2008-09 con la crisis internacional. Pero con déficits de 6%, como el que tiene Costa Rica, del que casi la mitad es lo que se denomina déficit primario, el desequilibrio fiscal se vuelve “insostenible”; es decir, que tiende a seguir creciendo como porcentaje de la producción. A esta última situación es la que denominaremos “agujero fiscal”.El agujero fiscal genera efectos regresivos (negativos) en la distribución de la riqueza y del ingreso por distintos mecanismos. Por una parte, la necesidad de financiar un mayor déficit aumenta las tasas de interés, haciendo más caro el crédito y deteriorando la situación de los deudores, sobre todo los hogares de ingresos medios y bajos y las pequeñas empresas. Por otra parte, la creciente presión de los intereses en el presupuesto nacional lleva a restricciones en el gasto público, primero en los de inversión y luego en los corrientes, que en más de 70% corresponden a inversión social; es decir, educación, seguridad ciudadana, bienestar social y pensiones. Las restricciones a la inversión social tienen consecuencias negativas sobre la desigualdad no solo a corto plazo sino también, desafortunadamente, a mediano y largo plazo. Este es un escenario que el país debe evitar.
Pero el agujero fiscal también aumenta el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos y presiona el tipo de cambio –tarde o temprano– y por este medio y por el aumento en el gasto total presiona la inflación. Los efectos de estos hechos se trasladan fácilmente a los sectores de menores ingresos, deteriorando la brecha social. Pero las consecuencias negativas del agujero fiscal no terminan aquí. También afecta la inversión pública, la calidad de los servicios públicos, la competitividad del país y la producción; y, por este medio, el desempleo, la pobreza y la desigualdad.
De manera que la respuesta a la pregunta modificada, ¿es posible reducir la desigualdad en forma sostenida con agujero fiscal?, es claramente: no. Pueden lograrse cambios cosméticos y temporales, pero tarde o temprano la realidad se impondrá y la recuperación será más larga y dolorosa.
Entonces, ¿qué es posible hacer? La producción debe crecer a un ritmo sostenido entre 5% y 6% anual, el “agujero” debe transformarse en un déficit manejable y deben reforzarse las políticas que reducen la desigualdad, en sus distintas dimensiones (de género, grupos etarios, regional, hogares). Para lo primero, siendo un país pequeño, es importante que el país mantenga su estrategia de desarrollo de largo plazo, basada en exportación de bienes y servicios que requieren mayor grado de conocimiento y la atracción de turismo compatible con la preservación del medio ambiente. Dado que la inversión requerida para crecer al 6% supera el ahorro nacional, la economía requiere seguir contando con la inversión extranjera directa en montos anuales cercanos al 5% del PIB. Medidas que mejoren la competitividad también urgen.
Pero quiero concentrarme más en las medidas fiscales redistributivas, por ser el tema en cuestión. Del lado del ingreso, lo más importante es elevar la carga tributaria entre el 2015 y el 2016 en 3 puntos porcentuales del PIB, de 14% a 17%. Esto es posible mediante una reforma fiscal que se concentre en dos impuestos, IVA y renta, que reduzca o al menos no aumente la regresividad del sistema impositivo y que sea neutra respecto de la producción. Debe haber una contribución más equitativa de todos los sectores y actividades productivas.
Por el lado del gasto es que se presentan las mayores oportunidades de reducir la desigualdad. Estudios del IICE demuestran que el factor que más contribuye a reducir la desigualdad es la educación, siendo que cerca de la mitad de los jóvenes del país y casi tres cuartas partes de los provenientes de familias pobres no completan secundaria, privándolos de optar por trabajos calificados, de mayor ingreso. De allí que el nivel y la calidad del gasto en educación debe ser prioritario, incluyendo el programa Avancemos, pero mejorado. A esto se añade la acción por medio del Fonatel para reducir la brecha digital, sobre todo en los niños y jóvenes de familias pobres.
El sistema de salud pública y los de pensiones de reparto y de capitalización son componentes fundamentales del modelo costarricense de desarrollo inclusivo. Garantizar la sostenibilidad de esos sistemas y mejorar significativamente el de salud es una tarea impostergable, máxime si se considera que la población de más de 55 años aumentará de 15% a 30% del total en el 2050.
Para finalizar, quiero señalar dos políticas redistributivas adicionales: la de reducción de las desigualdades regionales, que requiere inversión pública y privada asignada territorialmente, y la de salarios mínimos reales crecientes para el sector privado, relacionados con la productividad. Pero todas las soluciones pasan por reducir drásticamente el “agujero fiscal”.
