Dadas las condiciones que existen en los edificios en que se asienta la Asamblea Legislativa (algunas de ellas posiblemente por descuido, mala gestión de uso o inadecuado mantenimiento), la construcción de un edificio que reúna las condiciones adecuadas podría ser una solución viable.
Esas pretensiones, sin embargo, no deberían ser razón para detraer los esfuerzos que hace el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura (CICPC) en la protección del cada vez más reducido patrimonio construido que nos queda en el país, como lo han hecho un grupo de diputadas y diputadas salientes, y menos aún para subestimar la existencia de una ley con la que medianamente se trata de hacer valer tal protección.En una rueda de prensa, días atrás ese grupo de diputadas y diputados expusieron, más que sus ideas en torno a la necesidad de construir dicho edificio, su indignación porque, en cumplimiento de la respectiva ley el CICPC emitió, en voz del ministro de cultura, las argumentaciones técnicas del porqué no era procedente el diseño constructivo planteado. Un diseño, valga decir, que literalmente ensombrece la riqueza de siete edificios o conjuntos declarados patrimonio histórico arquitectónico (el edificio del antiguo Colegio de Nuestra Señora de Sión, el Castillo Azul, el edificio principal de la Asamblea Legislativa, la Casa Rosada, el antiguo Cuartel Bellavista, la antigua FANAL, además del Parque Nacional), y que puede comprometer sus estructuras.
Esos legisladores y legisladoras, además del jefe administrativo de la Asamblea, arremetieron contra las instancias mencionadas, así como contra algunos funcionarios que no hacen más que cumplir con las funciones que les han sido encomendadas. Lo hicieron, además, contra la ley No. 7555−-de la que debe recalcarse aquí los artículos 2, 3, 4 y 11−. Tal fue su desencanto al topar con esas argumentaciones técnicas, que optaron por presentar un proyecto de ley para la “desafectación” de los edificios patrimoniales (proyecto de ley No. 19068).
¿Es conveniente desde el punto de vista jurídico que una diputada o un diputado pretenda suplantar una ley por otra que permita, sea temporal o puntualmente, ejecutar un acto que la primera prohíbe o condiciona? A nuestro criterio no, al menos en este caso, sencillamente porque no se trata de algún error (digamos de omisión) al promulgarse la ley citada, sino que es una clara intencionalidad de búsqueda de un beneficio temporal y específico; es decir, para que de cualquier forma sea construido el pretendido edificio, y ello contraviene los deberes que les son encomendados constitucionalmente. La desafectación contraviene, además, convenios internacionales que para el resguardo del patrimonio histórico suscribió desde hace mucho tiempo nuestro país.
Esa pretensión nos genera preocupación si consideramos que lo que debe regir en nuestro país es el Estado de Derecho, y nos hace recordar otros tragos amargos de nuestra historia reciente, como el de la “trocha fronteriza”… que como todos sabemos, por tanto apuro, más que soluciones muchos inconvenientes ha provocado.
Lamentablemente nuestra historia está plagada de heridas a nuestro patrimonio cultural material. No todos los hechos que han creado esas heridas han tenido la relevancia de un edificio legislativo, puesto que muchos de ellos se refieren a la destrucción (algunas veces muy apresurada y al desamparo institucional de fines de semana o de días feriados) de valiosas edificaciones que contaban parte de nuestra historia, e incluso marcaban un paisaje urbano digno, para construir moles comerciales disonantes con el paisaje y a contrapelo de un ordenamiento territorial adecuado, o aberrantes espacios para el parqueo de vehículos que quedan casi siempre a medio construir y revelan una pobre contextualización social, ambiental y paisajística, pero al igual que estos, el proyecto propuesto pone en una condición de vulnerabilidad las edificaciones históricas, así como uno de los entornos más agradables de la poco agradable ciudad capital.
Lo ocurrido en la Asamblea Legislativa es un mal ejemplo para la ciudadanía; un ejemplo que poco favorece la seguridad jurídica costarricense. Esperamos que no sigan guiándose por esos caminos los 57 que recién se instalan en lugar de aquellos.
Si el edificio legislativo se debe construir, que se construya, pero no a costas de lo poco digno que nos queda de nuestro patrimonio histórico arquitectónico, y de un fragmento de paisaje urbano que aún nos dice algo, que nos invita a integrarnos a él y no nos anula tan severamente como seres humanos.
