Pese a enfrentar un conflicto heredado, el gobierno de Luis Guillermo Solís tuvo muy pronto su primer pulso con el grupo sindical de mayor peso y convocatoria del país.
Sin mucho tiempo para seguir su «luna de miel» con el electorado, el Gobierno se topó con su primer desgaste −aún sin haber empezado−, tras la huelga que por casi un mes protagonizó el Magisterio Nacional.

Si bien están divididas las opiniones sobre la forma en que el primer gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) atendió las protestas, lo cierto es que todo conflicto produce desgaste y los sindicatos de educadores dejaron la puerta abierta para que otros grupos intenten también medir sus fuerzas con la nueva administración, por eventuales desacuerdos.

La negociación salarial del sector público y la definición del nuevo convenido del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) podrían ser escenarios en los que la administración de Solís podría encontrarse con posiciones duras y altas demandas.

Para Otto Guevara, líder de la bancada legislativa libertaria, el Gobierno salió debilitado de la revuelta de los educadores, que se levantó el 2 de junio tras casi un mes de ausencia en las aulas, por el atraso en el pago de salarios.

“Me parece que el no haber tramitado la ilegalidad de la huelga y no haber sancionado a quienes se mantuvieron en huelga recibiendo el pago, es un mal precedente para el inicio de la administración”, recriminó.

Por su parte, el jefe de fracción del Frente Amplio, Gerardo Vargas, le achacó a la administración lentitud para resolver el conflicto y no cree que los sindicatos se hayan querido echar un pulso con el Gobierno, porque más bien esperaba más solidaridad y el Magisterio se quedó solo, excepto por un par de sindicatos que sí le dieron apoyo. En ese sentido, elogió a los dirigentes que “supieron ser muy valientes, porque una huelga de tantos días no es fácil mantenerla”.

Mientras tanto, en opinión del politólogo Constantino Urcuyo hubo un empate entre el Gobierno y los sindicatos. “Ninguno puede reclamar victoria, pero me parece que al Gobierno lo sorprendió la magnitud del movimiento, y no tenía la experiencia necesaria para manejar un movimiento de esa amplitud. Al final la intervención del Arzobispo lo salvó, porque le pudo poner fin a la huelga sin acudir a la represión”.

Esto a la vez relegitimó a la Iglesia Católica, que pasó de preocuparse de los temas de la bioética, a preocuparse de los temas sociales, “y entonces ingresa a la esfera pública con un capitalito nuevo que no tenía antes de la huelga”, consideró Urcuyo.

Según Rafael Ortiz, jefe de la fracción socialcristiana, en la administración fueron prudentes en el manejo de la crisis, conscientes del problema que había; pero, considera que “en un momento dado sí fueron un poco débiles, y la solución que tomaron la debieron haber tomado un poco antes”.

Ortiz  recordó que esta fue una situación de total negligencia de parte del gobierno anterior, que debe ser investigada, porque “deja muchas dudas de lo que ahí ocurrió”.

Del lado oficial, Ottón Solís, diputado y fundador del PAC, defendió la actuación del Gobierno. “Era una huelga que no se justificaba, porque aquí no había una lucha entre patrones y trabajadores, todo el mundo quería arreglar el problema. Fue una huelga extraña y creo que (el Gobierno) salió bien”, expresó.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, ante la pregunta de si la huelga es culpable de que el Gobierno no empezara a actuar tan rápido como la gente lo esperaba, alegó que son muchos años de insatisfacciones acumuladas en la gente y que no han sido solucionadas. Lógicamente se llega a un Gobierno con mucha esperanza y explotan inmediatamente, (pero) creo que la gente va entendiendo que sí es un Gobierno que quiere entrar a solucionar problemas, y que hay tiempos y necesidades para poderlas ir resolviendo”.

Desde la perspectiva de Albino Vargas, secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (Anep), el Gobierno “perdió algunos puntos” con la huelga, y la dirigencia sindical “dilapidó el capital político” que logró al inicio del movimiento; el movimiento salió más fracturado de lo que estaba antes de la huelga.

“La gran simpatía ciudadana que el movimiento generó, entró en declive sobre todo a partir de los episodios confusos de acuerdos, que luego eran rechazados por las bases. Eso le restó transparencia al movimiento en algunos casos, en otros dejó la sensación de que había motivaciones secundarias, y los efectos económicos colaterales de la huelga pesaron mucho en el cambio de percepción favorable con que se contó en varios importantísimos medios de comunicación”, señaló el sindicalista.

DEMOSTRACIÓN

Para Ana Doris González, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (Apse), no hay duda de que la imagen del Gobierno salió golpeada de la huelga. El presidente “perdió un poquito los estribos al manifestar disconformidad de que la gente no volviera a trabajar. Eso demuestra que no tiene un verdadera noción de lo que significaba la huelga, porque si se levanta antes de negociar, ¿entonces qué se va a negociar?”, cuestionó.

En su criterio, el mandatario tiene una tarea muy dura, que es demostrar que de verdad tiene capacidad para resolver conflictos, porque ahora no lo pudo demostrar. A pesar de que fue una huelga de cuatro semanas, no aceptó reunirse con los educadores ni un solo momento, aseguró.

Para Rolando González, diputado del opositor Partido Liberación Nacional, la estrategia del Gobierno lo llevó a una a una clara contradicción, primero apoyando la huelga y después amenazando a los huelguistas, hasta sostenerse en un no-diálogo mientras hubiera huelga, que terminó siendo diálogo en estado de huelga.

No obstante, el legislador concluye que “hubo un momento de fortaleza en la fase final de la huelga, y un manejo serio dentro de la estrategia gubernamental”.

Tras la huelga de educadores, es posible que otros grupos quieran echarse un pulso con el Gobierno, y aunque no hay ninguna capacidad de movilización equivalente a la del Magisterio, se avizoran situaciones que pueden ser detonantes de movilizaciones sociales, como la nueva negociación de salarios, o el anuncio de que el Gobierno va a impulsar una ley de empleo público, advirtió González.

Con ojo político

Rafael Ortiz, jefe de bancada del PUSC

“Si tuviera que poner una nota, creo que el Gobierno pasó con un 7. No estuvo mal, pero pudieron haber sido más firmes antes. Me baso para esa afirmación, en que de los 72.000 educadores  en las últimas semanas era un tema mucho más bajo (la falta de pago), circunscrito a menos educadores. Se perdieron muchas lecciones y uno tiene que pensar en eso”.

Ottón Solís, diputado del PAC

“Era una huelga que no se justificaba, porque aquí no había una lucha entre patrones y trabajadores, todo el mundo quería arreglar el problema. Fue una huelga extraña y creo que salió bien. No voy a entrar a analizar si se debilitó a alguien, pero creo que el Gobierno se desempeñó muy bien”.

Gerardo Vargas, jefe de bancada del FA

“El Gobierno reaccionó muy lento para llegar al arreglo al que llegaron, pudieron haberlo hecho en los primeros días de asumido el Gobierno. Me parece que es una experiencia dura, pero que les debe servir para los cuatro años que vienen”.

Otto Guevara, jefe de bancada del ML

“El Gobierno sale golpeado; me parece que hubo una gran cantidad de personas que recibiendo el salario se mantuvieron en huelga, lo que es inaceptable. El no haber tramitado la ilegalidad de la huelga y no haber sancionado a quienes se mantuvieron en huelga recibiendo paga, me parece que es un mal precedente para el inicio de la Administración”.